El Gobierno se encuentra apurando las conversaciones con las distintas fuerzas políticas para llevar al próximo Consejo de Ministros un Real Decreto Ley urgente y de carácter transversal diseñado para defender el derecho a la vivienda. La iniciativa busca desplegar un conjunto integral de intervenciones en diez ámbitos estratégicos que abarcan desde el mercado de arrendamiento y la fiscalidad hasta el impulso a la oferta asequible.
Las diez medidas clave del Real Decreto Ley de emergencia residencial
El borrador en negociación articula una batería de propuestas de alcance social y normativo para contener la emergencia habitacional y dotar de mayor estabilidad al mercado residencial.
El Real Decreto Ley reforzará la protección ante desahucios para evitar desalojos en situaciones de extrema vulnerabilidad social.
- Protección reforzada ante los desahucios: Establece nuevos mecanismos legales y procedimentales orientados a paralizar las ejecuciones hipotecarias y lanzamientos en situaciones de alta vulnerabilidad, garantizando alternativas habitacionales y evitando nuevos casos de desamparo en personas mayores o familias sin recursos.
- Prohibición de compras especulativas a fondos buitre: Introduce limitaciones directas a la adquisición masiva de inmuebles por parte de fondos de inversión y capital riesgo en zonas tensionadas, priorizando el uso de la vivienda para fines residenciales permanentes.
- Estabilización de los contratos de alquiler: Busca blindar a los arrendatarios frente a incrementos abusivos de renta, especialmente en aquellas comunidades autónomas que no hayan aplicado los topes de la Ley de Vivienda, regulando además las condiciones de renovación contractual para el conjunto de la ciudadanía.
- Regulación del alquiler de temporada: Articula una tipificación estricta y controles administrativos para erradicar el uso fraudulento de los contratos de corta duración, evitando que se utilicen como vía para esquivar la regulación de rentas de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
- Aplicación del IVA a los pisos turísticos: Somete las viviendas de uso turístico al Impuesto sobre el Valor Añadido al equipararlas fiscalmente con la actividad comercial y hotelera, desincentivando su proliferación desmedida en los cascos urbanos.
La norma impondrá IVA a las viviendas turísticas para equipararlas a negocios y frenar la saturación urbana.
- Bonificaciones fiscales para inquilinos: Activa deducciones fiscales directas destinadas a reducir el esfuerzo económico inmediato que asumen los arrendatarios en el pago de su renta habitual.
- Incentivos fiscales por rebaja de precios: Ofrece bonificaciones e incentivos tributarios a aquellos propietarios particulares que acuerden reducciones voluntarias en la renta mensual del alquiler.
- Ayudas para la adquisición de primera vivienda: Diseña programas de avales y ayudas públicas dirigidas a facilitar la compra de la primera residencia a jóvenes y familias que cuentan con solvencia pero carecen de ahorro previo para la entrada.
- Blindaje del parque estatal de vivienda: Establece una cláusula de inalienabilidad permanente sobre el stock público de vivienda financiado con fondos estatales, impidiendo su posterior enajenación o venta a tenedores privados o fondos especulativos.
Se rebajará el IVA a la edificación de VPO permanente y se blindará el parque estatal para evitar su privatización.
- Bajada del IVA a la construcción de VPO permanente: Reduce el tipo impositivo del IVA aplicado a la edificación y promoción de vivienda de protección oficial con calificación de asequibilidad permanente, buscando abaratar los costes de ejecución e incentivar la creación de nueva oferta.
Contexto del mercado: tensión estructural entre oferta y regulación
El paquete normativo se negocia en un escenario de fuerte debate sobre las causas estructurales del problema habitacional en España. Recientemente, el Banco de España ha elevado las alertas del sector al prever que el déficit acumulado entre la demanda de nuevos hogares y la edificación real de inmuebles superará el millón de unidades en 2028 si no se incrementa sustancialmente el ritmo constructivo.
Por su parte, desde el ámbito técnico de la edificación, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha recordado sus propuestas y hojas de ruta prioritarias para resolver la crisis, entre las que destacan la rehabilitación integral del parque existente, la agilización de licencias urbanísticas y la dinamización de la colaboración público-privada para acelerar la promoción asequible.
Actualmente, el Ejecutivo apura las horas de negociación con las formaciones parlamentarias para afinar el articulado definitivo y asegurar los apoyos necesarios para la tramitación de este Real Decreto Ley.
La negociación del Real Decreto Ley sitúa la intervención en los precios del alquiler y la producción asequible en el centro del debate, mientras el sector recuerda que solucionar el déficit habitacional exigirá acompañar las normas con más oferta edificada.
