Con motivo de su reciente nombramiento como vicepresidente de la Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC) para el mandato 2026-2028, al frente del área de Asuntos Económicos y Jurídicos, Pedro Fernández Alén explica a Construnews su hoja de ruta en un momento marcado por la tramitación del nuevo Reglamento europeo de Contratación Pública, las exigencias de descarbonización, la presión inflacionista y la necesidad de atraer talento cualificado.
Tres prioridades para 2026-2028
Asume la vicepresidencia de la FIEC encargándose del área de Asuntos Económicos y Jurídicos en un momento clave de cambio legislativo. ¿Cuáles son las tres grandes prioridades estratégicas que marcarán su hoja de ruta al frente de este departamento para el periodo 2026-2028?
Asumo la vicepresidencia de la FIEC con mucha ilusión, porque supone una oportunidad extraordinaria para reforzar la presencia y la influencia del sector de la construcción español en el ámbito europeo. Afronto esta responsabilidad en un momento especialmente relevante, en el que se están definiendo normas y políticas comunitarias que van a condicionar el futuro de nuestras empresas durante los próximos años.
Nuestra primera gran prioridad será el nuevo Reglamento europeo de Contratación Pública, que sustituirá al actual marco de directivas comunitarias y establecerá unas reglas comunes que los Estados miembros deberán aplicar sin necesidad de transposición. Por tanto, resulta fundamental que el texto definitivo responda a las necesidades reales del sector, garantice unas condiciones de competencia justas y favorezca la participación de las empresas constructoras, especialmente de las pymes.
En segundo lugar, prestaremos especial atención a las políticas europeas de vivienda, que han adquirido un protagonismo creciente en la agenda comunitaria. El desarrollo de iniciativas como el Plan Europeo de Vivienda Asequible requiere un seguimiento estrecho, tanto por su impacto en el conjunto de Europa como por la especial relevancia que tiene el acceso a la vivienda en España.
La tercera prioridad será el seguimiento de la regulación medioambiental y de eficiencia energética, que impone obligaciones cada vez más exigentes a nuestras empresas y requiere que estas puedan adaptarse e implementar los cambios en condiciones adecuadas.
A estas tres líneas de trabajo se suman desafíos estructurales que no podemos ignorar: la escasez y el encarecimiento de los materiales, así como la falta de mano de obra cualificada. Creemos que las políticas europeas pueden desempeñar un papel decisivo para contribuir a resolver estos problemas y reforzar la competitividad de nuestro sector.
Equilibrio entre el norte y el sur de Europa
La FIEC representa a 33 organizaciones empresariales procedentes de 28 países. ¿Cómo se equilibran desde su posición las prioridades de los mercados del sur de Europa con las necesidades de las economías del norte y centro del continente?
La principal herramienta de trabajo de la FIEC es el diálogo entre las organizaciones que la integran. Representamos a países con realidades económicas, estructuras productivas y necesidades diferentes, pero compartimos una voluntad clara de entendimiento y de alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la construcción europea.
Desde mi posición, considero fundamental escuchar todas las sensibilidades y trabajar para identificar aquellos intereses comunes que permitan avanzar. Las diferencias entre mercados no deben ser un obstáculo, sino un punto de partida para construir propuestas equilibradas que respondan a los retos compartidos por nuestras empresas.
En este sentido, creo que uno de los grandes desafíos para la construcción europea no reside tanto en las diferencias entre los países de la Unión como en la competencia de operadores de terceros países que pueden trabajar con estándares medioambientales y laborales distintos de los que exigimos en Europa.
Por ello, debemos reforzar la cooperación entre nuestras organizaciones y defender unas condiciones de competencia equitativas. El objetivo es que las empresas europeas puedan competir en igualdad de condiciones, con independencia del país en el que desarrollen su actividad, y que las políticas comunitarias contribuyan a fortalecer el tejido empresarial y el empleo en toda la Unión.
Uno de los grandes desafíos para la construcción europea no reside tanto en las diferencias entre los países de la Unión como en la competencia de operadores de terceros países
Las cuatro claves del Reglamento de Contratación Pública
Su nombramiento coincide con la fase crucial de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo para el nuevo Reglamento de Contratación Pública. ¿Qué aspectos críticos deben modificarse o reforzarse en el texto final para proteger la competitividad de las empresas constructoras comunitarias?
El nuevo Reglamento de Contratación Pública representa una oportunidad decisiva para corregir algunas disfunciones que venimos observando en los mercados europeos y establecer un marco más favorable para nuestras empresas.
Desde la FIEC vamos a prestar especial atención a cuatro cuestiones. La primera es limitar el uso abusivo de la contratación in-house o de los encargos a medios propios por parte de las administraciones públicas, una práctica que puede reducir injustificadamente las oportunidades de las empresas privadas, especialmente de las pequeñas y medianas.
La segunda es avanzar en la denominada preferencia europea o Made in Europe, de manera que la contratación pública pueda contribuir a reforzar la industria comunitaria y a proteger los intereses estratégicos de Europa.
La tercera es establecer mecanismos obligatorios de revisión de precios y de reequilibrio económico de los contratos cuando se produzcan variaciones significativas de los costes que alteren las condiciones sobre las que se adjudicaron.
Por último, debemos abandonar progresivamente la adjudicación basada exclusivamente en el precio y dar prioridad a la calidad de las ofertas, teniendo en cuenta su sostenibilidad, su valor técnico y su capacidad para responder a las necesidades reales de las administraciones y de la sociedad.
Estas cuestiones deben abordarse desde una perspectiva práctica, atendiendo a las dificultades que afrontan las empresas en las licitaciones. La FIEC trabajará para trasladar estas preocupaciones a las instituciones europeas y contribuir a que el texto definitivo incorpore soluciones eficaces.
Competencia de terceros países y ‘level playing field’
Desde el sector se ha reclamado con firmeza primar la «preferencia comunitaria» y atajar la competencia desleal de empresas de terceros países que no cumplen los estándares ambientales ni laborales europeos. ¿Qué herramientas jurídicas propone la FIEC para garantizar un terreno de juego equitativo (level playing field)?
Debemos garantizar que las empresas que concurren a la contratación pública europea compitan en condiciones de igualdad. No podemos pedir a nuestras constructoras el cumplimiento de unos estándares laborales, medioambientales y regulatorios cada vez más exigentes y, al mismo tiempo, permitir que compitan con operadores que se benefician de condiciones muy diferentes.
En algunos terceros países, como China o India, determinadas empresas pueden contar con ayudas públicas o desarrollar su actividad bajo exigencias ambientales y laborales distintas de las europeas. Estas diferencias pueden traducirse en ventajas competitivas que no responden necesariamente a una mayor eficiencia o productividad.
Por ello, consideramos que el nuevo Reglamento debe aprovecharse para reforzar los instrumentos jurídicos que permitan tener en cuenta estas asimetrías y proteger la capacidad competitiva de las empresas europeas. En este contexto, la iniciativa Made in Europe puede representar un avance muy importante para vincular la contratación pública con el fortalecimiento de la industria comunitaria.
Desde la FIEC vamos a trasladar a la Comisión Europea las dificultades que estas situaciones generan en la práctica y la necesidad de que el marco normativo ofrezca respuestas eficaces. Se trata de defender una competencia justa, no de cerrar el mercado europeo: las empresas deben poder competir por su calidad, eficiencia e innovación, sin que las diferencias regulatorias o las ayudas públicas distorsionen las condiciones de partida.
Más allá de la subasta: calidad, sostenibilidad e innovación
¿Cómo debe la nueva normativa comunitaria desincentivar el uso de la subasta económica pura y potenciar criterios de adjudicación basados en la sostenibilidad, la innovación tecnológica y el valor social de las obras?
La contratación pública debe premiar la mejor oferta, no simplemente la más barata. En construcción, una adjudicación basada exclusivamente en el precio puede dejar en un segundo plano aspectos esenciales como la calidad de los materiales, la durabilidad de las infraestructuras, la innovación, la sostenibilidad o las condiciones en las que se ejecutan las obras.
El texto que se está negociando ya contempla que la calidad represente al menos el 30% de la valoración de las ofertas, porcentaje que se eleva al 50% en aquellos contratos que requieren un uso intensivo de mano de obra. Es un paso importante hacia una definición de la oferta económicamente más ventajosa que tenga en cuenta otros factores, además del precio.
A medida que avance la negociación entre las instituciones europeas, será fundamental concretar estos criterios y garantizar que tengan una aplicación efectiva. Debemos valorar adecuadamente la calidad técnica, las soluciones innovadoras, el comportamiento medioambiental y la contribución social de las obras.
Somos conscientes de que algunos países consideran que la subasta puede agilizar la adjudicación de contratos. Por eso, el diálogo entre las instituciones y las organizaciones sectoriales será esencial para demostrar que la eficiencia no debe medirse únicamente por la rapidez de la adjudicación o el ahorro inicial, sino también por el resultado final y el valor que la obra aporta a la sociedad.
El texto que se está negociando ya contempla que la calidad represente al menos el 30% de la valoración de las ofertas, porcentaje que se eleva al 50% en aquellos contratos que requieren un uso intensivo de mano de obra
Revisión de precios en la obra pública
Las tensiones inflacionistas y el encarecimiento de materias primas han tensionado las licitaciones en toda la Unión. ¿Es viable establecer un marco europeo armonizado para la revisión automática e indexada de precios en la obra pública?
No solo es viable, es que consideramos imprescindible establecer un sistema que permita restablecer el equilibrio económico de los contratos públicos cuando las variaciones de los costes sean suficientemente significativas y afecten tanto a las empresas como a las administraciones.
Los contratos de obra pública suelen tener una duración prolongada y están expuestos a fluctuaciones en los precios de las materias primas, la energía y otros componentes esenciales. Crisis como la pandemia, la guerra de Ucrania o en Oriente Medio han demostrado hasta qué punto estos acontecimientos pueden alterar las condiciones económicas sobre las que se formalizan los contratos.
Cuando se producen incrementos extraordinarios que las empresas no pueden absorber, la viabilidad de los proyectos y la continuidad de la actividad empresarial pueden verse comprometidas. En última instancia, también están en juego el empleo y la capacidad de cumplir los compromisos adquiridos con la Administración.
Por ello, defendemos que la normativa europea establezca mecanismos obligatorios de revisión de precios y de reequilibrio económico, sujetos a criterios objetivos y umbrales previamente definidos. Un marco común permitiría ofrecer mayor seguridad jurídica, reducir la incertidumbre y distribuir de forma más equilibrada los riesgos entre las empresas y las administraciones públicas.
Límites a los encargos a medios propios
El abuso de las encomiendas a medios propios por parte de las administraciones y la baja concurrencia en las licitaciones son problemas acusados en mercados como el español. ¿Qué pasos planea dar la FIEC para limitar estas prácticas y garantizar un acceso transparente a la contratación pública, especialmente para las pymes?
Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) vamos a trabajar para que el nuevo Reglamento europeo defina con mayor precisión qué debe entenderse por medio propio y establezca límites claros a su utilización.
En el ámbito nacional se están considerando medios propios entidades en las que la Administración puede tener una participación de capital meramente testimonial, incluso del 0,01 %. A nuestro juicio, esa participación no debería ser suficiente, sino que tendría que existir un poder efectivo de dirección y control sobre la entidad para justificar que se considere un medio propio.
Además, es necesario delimitar las circunstancias en las que puede recurrirse a esta figura. Puede estar justificada en situaciones de urgencia o emergencia, pero no debe convertirse en una alternativa habitual a la contratación pública abierta, como sucede en determinados casos en España.
También debemos establecer requisitos que permitan acreditar que el encargo responde a una necesidad real, que su utilización optimiza los recursos públicos y que está justificado no acudir al mercado. Por último, resulta necesario fijar límites y formalidades que eviten que una parte desproporcionada de la actividad de contratación de una administración se canalice mediante encargos a medios propios.
El objetivo es garantizar una utilización justificada y transparente de esta figura, preservar la concurrencia y asegurar que las empresas, en particular las pymes, tengan oportunidades reales de acceder a los contratos públicos. Una contratación abierta y competitiva permite aprovechar mejor la capacidad del tejido empresarial y contribuye a utilizar los fondos públicos con mayor eficiencia.
Financiación e incentivos para la rehabilitación
En el ámbito de la transición verde y la descarbonización del parque edificado para 2030/2050, ¿considera que la industria constructora europea está recibiendo la financiación e incentivos fiscales necesarios para acelerar la ola de rehabilitación?
Considero que debemos avanzar hacia mecanismos de financiación más flexibles, ágiles y accesibles, acompañados de incentivos fiscales que faciliten tanto la actividad de las empresas como la inversión de los particulares.
La transición energética exige un esfuerzo considerable y, para que pueda materializarse, es necesario que las políticas públicas acompañen las obligaciones regulatorias con instrumentos económicos adecuados. No basta con fijar objetivos ambiciosos de sostenibilidad. Debemos crear las condiciones para que hogares, empresas y administraciones puedan alcanzarlos.
En el caso de la vivienda, la carga fiscal representa una parte importante del precio final. Como referencia, se estima que los impuestos pueden suponer alrededor del 30% del coste de una vivienda, lo que pone de manifiesto la necesidad de analizar posibles medidas de simplificación y alivio fiscal que favorezcan el acceso a la vivienda y la actividad del sector.
Asimismo, resulta fundamental impulsar programas ambiciosos de financiación para que los propietarios puedan rehabilitar el parque residencial existente, mejorar su eficiencia energética y reducir su impacto ambiental. España cuenta con un parque de viviendas envejecido cuya actualización representa un reto, pero también una gran oportunidad para avanzar en la descarbonización.
Debemos, por tanto, combinar regulación, financiación e incentivos fiscales. Solo así conseguiremos que la transición verde sea viable desde el punto de vista económico y que las empresas constructoras dispongan de los recursos necesarios para ejecutar las actuaciones que Europa necesita.
Talento: una construcción «con nombres y caras»
La falta de mano de obra cualificada y el envejecimiento de las plantillas es un reto estructural en toda la UE. ¿Cómo pueden impulsarse desde las instituciones europeas la atracción de talento joven, la incorporación de la mujer y la formación en construcción industrializada y digitalización?
La falta de mano de obra cualificada es un problema importante en España y en el conjunto de Europa. El envejecimiento de las plantillas, la dificultad para incorporar a jóvenes y mujeres y la necesidad de nuevas competencias obligan a situar el talento en el centro de las políticas del sector.
La construcción ha demostrado históricamente su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades de la sociedad. Ahora debemos reforzar esa capacidad mediante una apuesta decidida por la formación, la mejora de la imagen de la actividad y la incorporación de nuevos perfiles profesionales, preparados para trabajar con técnicas industrializadas, herramientas digitales y procesos cada vez más eficientes y sostenibles.
Las instituciones europeas pueden contribuir impulsando programas de formación y recualificación, favoreciendo la colaboración entre empresas y centros educativos y promoviendo iniciativas que acerquen la construcción a las nuevas generaciones. También debemos trabajar para que más mujeres encuentren oportunidades profesionales en el sector y para que la sociedad perciba la construcción como una actividad moderna, innovadora y con futuro.
En este sentido, me parece especialmente importante empezar a hablar de una construcción con nombres y caras. Cuando se inaugura una gran infraestructura o se presenta una obra, solemos destacar quién la ha financiado o promovido, pero no siempre damos visibilidad a la empresa que la ha construido ni a los profesionales que la han hecho posible.
Reconocer ese trabajo contribuiría a generar un mayor orgullo de pertenencia al sector. La construcción no solo transforma ciudades, viviendas e infraestructuras: también genera empleo, impulsa la economía y mejora la calidad de vida. Debemos transmitir ese valor para atraer y retener el talento que necesitamos.
Diagnóstico del sector en Europa
Para concluir con una visión panorámica: si tuviera que hacer un diagnóstico del estado general de la industria de la construcción en Europa en este momento, ¿cuáles considera que son sus principales fortalezas para seguir siendo el motor económico del continente frente al actual escenario macroeconómico y geopolítico?
La construcción española cuenta con empresas de referencia internacional y el sector desempeña un papel esencial en la economía europea. Nuestra principal fortaleza es la capacidad técnica, empresarial y profesional que hemos desarrollado para afrontar proyectos complejos, ejecutar grandes infraestructuras y responder a las necesidades de la sociedad.
Contamos con experiencia, conocimiento y empresas capaces de competir en mercados internacionales. Además, la construcción es una actividad estratégica para Europa, tanto por su contribución al crecimiento económico y al empleo como por su papel en ámbitos fundamentales como la vivienda, las infraestructuras, la transición energética y la modernización de nuestras ciudades.
Tenemos, por tanto, las capacidades necesarias para seguir siendo un motor económico y de bienestar. El reto consiste en crear un marco normativo y económico que permita desplegar todo ese potencial, especialmente en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones sobre los costes y la creciente exigencia regulatoria.
En este contexto, Europa tiene la posibilidad de legislar y orientar sus políticas a través de sus instituciones. Debemos aprovecharla para reforzar el papel de nuestras empresas, proteger el empleo, mejorar su competitividad y facilitar su actividad en el mercado único.
Por ello, una de las grandes responsabilidades de la FIEC pasa por trasladar a las instituciones europeas la realidad de nuestras empresas y contribuir a que las decisiones comunitarias respondan a sus necesidades. Si somos capaces de combinar nuestra fortaleza empresarial con un marco regulatorio adecuado, tendremos una base sólida para afrontar los desafíos de los próximos años y seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de Europa.
Se trata de defender una competencia justa, no de cerrar el mercado europeo
Fernández Alén fija tres prioridades para su mandato en la FIEC (2026-2028): el Reglamento de Contratación Pública, la vivienda y la regulación ambiental. Reclama revisión obligatoria de precios y límites a los medios propios, y valora que el texto en negociación prevea que la calidad pese al menos un 30% en las adjudicaciones, un 50% en contratos intensivos en mano de obra.
