España no dispone de un registro público que permita saber cuántas personas sin hogar mueren, a qué edad ni dónde. El último dato oficial del INE, de 2022, cifra en 28.552 las personas sin hogar en el país, un 25 % más que diez años antes, y Cáritas acompañó a 44.475 en 2025. En este contexto, Arrels Fundació publica Viure al carrer mata («Vivir en la calle mata»), un análisis de 682 defunciones en Barcelona que concluye que disponer de un espacio residencial protegido se asocia a una mortalidad más tardía y menos violenta, una evidencia que da argumentos a los modelos basados en la vivienda que ya funcionan en distintos puntos del país.
«Ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en el Estado español disponemos de un registro público específico y estable que permita saber cuántas personas en situación de sinhogarismo mueren», advierte el informe. Para suplir ese vacío, Arrels Fundació, que atiende a personas sin hogar en Barcelona desde 1987, ha reunido con una veintena de entidades y servicios de la ciudad los datos de 682 personas que murieron entre 2015 y 2025 y que vivían o habían vivido en la calle. 204 vivían en la calle en el momento de morir, 380 contaban con algún tipo de alojamiento y en 98 casos la situación era otra o se desconocía. La entidad insiste en que es una cifra de mínimos.
Barcelona es la fuente principal, pero el problema no es local. Según los datos que Arrels publica en su web, en la ciudad hay más de 4.800 personas sin hogar, 1.982 de ellas durmiendo en la calle. En València, el recuento de la Universitat de València y el Ayuntamiento contabilizó 1.101 personas sin hogar la noche del 24 al 25 de octubre de 2023, el 45 % en la calle. En Málaga, un estudio de la Universidad de Málaga citado por la prensa local identificó a 647 personas, 302 durmiendo al raso, un 63 % más que dos años antes. En Palma, un recuento del IMAS contó 209 personas sin hogar en noviembre de 2023.
Una muerte 34 años antes que la del resto de la ciudad
De las 204 personas que murieron mientras vivían en la calle en Barcelona, 175 eran hombres (86 %) y 29 mujeres (14 %). Murieron, de media, a los 49 años: 45 las mujeres y 50 los hombres. En 2025, la edad media de defunción en la ciudad fue de 83 años. Arrels advierte de que no son poblaciones equivalentes y de que no puede decirse que «vivir en la calle reste 34 años de vida», pero sí que son muertes profundamente prematuras.
Casi dos de cada tres murieron antes de los 55 años. Entre 2015 y 2023, el 94,3 % de los adultos que vivían en la calle, y cuya edad se conoce, murió antes de los 70, el umbral de la mortalidad prematura que usa la Agència de Salut Pública de Barcelona; en la población general esas muertes rondan el 16 %. Las 132 personas que murieron antes de esa edad suman 2.938 años potenciales de vida perdidos, 22,3 de media.
Seis de cada diez murieron en la propia calle (122 personas) y un 35 % en un hospital o centro sociosanitario. El 43 % de las muertes se atribuyó a causas médicas, pero la violencia (11 %), las sobredosis (10 %) y los suicidios (6 %) suman un 27 %. Una de cada cinco mujeres murió por sobredosis, y entre los jóvenes de 18 a 29 años las causas externas explican el 54 % de las muertes, aunque el informe pide prudencia por lo reducido del grupo.
No es la calle la que mata, sino las condiciones sociales y materiales asociadas a vivir en ella, sostiene el informe de Arrels Fundació.
Con un techo, trece años más
La comparación con las 380 personas que estaban alojadas al morir (en viviendas, habitaciones, pensiones, albergues o centros) es, según el informe, la más reveladora. Su edad media de defunción fue de 62 años, trece más que la de quienes seguían en la calle. Las causas médicas explican el 75 % de sus muertes y las causas externas solo el 5 %. Apenas el 3 % murió en la calle, frente al 60 % de quienes vivían en ella: morir en la calle fue casi 20 veces más frecuente entre quienes dormían al raso.
Entre las personas alojadas, solo el 3 % murió en la calle; entre las que vivían en ella, el 60 %.
Arrels subraya que los datos no permiten atribuir las diferencias de forma causal al alojamiento, y que 62 años sigue siendo una edad «extraordinariamente baja». También que la mitad de las personas alojadas que murieron residía en recursos colectivos o institucionalizados y solo el 38 % en viviendas individuales o compartidas. Pero la conclusión es clara para Beatriz Fernández, directora de Arrels Fundació: «Garantizar una vivienda o un alojamiento digno, estable y con los apoyos necesarios no es solo una política de vivienda o de atención social. Es también una política de protección de la vida y también de la dignificación de la muerte».
La primera de las seis propuestas del informe va en esa línea: reducir el tiempo de vida en la calle ampliando la oferta de vivienda y de recursos residenciales estables. Le siguen incorporar la prevención de la mortalidad a las políticas de sinhogarismo, mejorar la continuidad entre salud y servicios sociales, crear un registro estable de muertes, revisar cada defunción para detectar fallos y garantizar protocolos de duelo y memoria.
Housing First: de los albergues a la vivienda
El modelo Housing First («primero, la vivienda») invierte la lógica tradicional de escalera, que pasa por albergues y centros antes de acceder a un piso. En España lo introdujo Hogar Sí en 2014 con el programa Hábitat, como piloto en Madrid, Barcelona y Málaga. Según Housing First Europe, la última evaluación del modelo en el país mostró que el 96 % de los participantes conservaba su vivienda 18 meses después de entrar. Provivienda, que aporta el parque de viviendas y el apoyo desde 2016, ofrece más de 300 unidades Housing First, lo que convierte a Hábitat en el mayor servicio de este tipo en España.
El despliegue ha llegado a otras ciudades. En Córdoba, el programa gestionado por Hogar Sí y Provivienda cerró tras seis años de funcionamiento, en los que acompañó a 20 personas; en 2022 financió 14 viviendas individuales, con apoyo del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. En Madrid, el Ayuntamiento anunció en 2021 la ampliación de su proyecto Housing First de 75 a 175 viviendas individuales. También en la capital, la asociación AIRES gestiona La Morada Housing First, un proyecto calificado de pionero en Europa que prioriza la vivienda para mujeres maltratadas que viven en la calle: empezó en 2018 con cuatro pisos y hoy da cobijo a ocho mujeres en ocho pisos unipersonales cedidos en alquiler por el Ayuntamiento.
Según Housing First Europe, el 96 % de los participantes en Housing First en España conserva su vivienda 18 meses después.
Junto a los programas públicos, el tercer sector y la inversión de impacto han creado vehículos para captar, rehabilitar y ceder vivienda. En Cataluña, la Fundació Hàbitat3, impulsada en 2014 por la Taula del Tercer Sector, gestiona más de 1.300 viviendas en las que viven más de 3.600 personas, y en 2019 recibió el oro de los World Habitat Awards como mejor iniciativa de vivienda del mundo. En Barcelona, la Fundació Mambré nació en 2007 impulsada por Arrels, el Centre d’Acollida Assís, las Filles de la Caritat y Sant Joan de Déu para buscar vivienda digna para personas sin hogar.
A escala estatal, tuTECHÔ, fundada en 2021 por Blanca Hernández, alquila viviendas de su vehículo de inversión a más de 75 entidades sociales, que las asignan a personas sin hogar, víctimas de violencia de género o jóvenes extutelados. Ha dado hogar a más de 1.800 personas y ha invertido más de 40 millones de euros en una cartera de 400 inmuebles. El Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por COFIDES, e Impact Bridge le han inyectado recientemente 5 millones de euros.
Arquitectura de emergencia: contenedores convertidos en hogar
La arquitectura también ofrece respuestas rápidas. El programa municipal APROP de Barcelona levantó en 2019 en el Gòtic, en menos de cuatro meses, un edificio de 12 alojamientos con 16 contenedores marítimos, proyectado por Straddle3, Eulia Arkitektura y Yaiza Terré, que obtuvo el Premio New European Bauhaus 2021. El segundo APROP, en Glòries, se construyó en 26 semanas con 77 contenedores que forman 42 alojamientos en siete plantas.
Redes que sostienen la atención en el territorio
Detrás de estas iniciativas hay redes estables de entidades. En Barcelona, la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), de la que forma parte Arrels, reúne a 39 entidades y el Ayuntamiento, con 2.860 plazas residenciales en 2024, 53 menos que el año anterior. En Madrid, la Red FACIAM colabora con el Ayuntamiento desde 1989 y agrupa a Cáritas Madrid, San Juan de Dios, las Hijas de la Caridad y la Fundación San Martín de Porres, entre otras. En València, el recuento de 2023 contó con 16 organizaciones, entre ellas Accem, Bokatas, Cáritas, Casal de la Pau, Cepaim, Cruz Roja, Hogar Sí, Natania y Sant Joan de Déu.
En Bilbao, Bizitegi atiende desde 1980 a personas en exclusión social y desde 1999 trabaja de forma específica con personas sin hogar junto al Ayuntamiento. En Mallorca, La Sapiència (Casa de Familia), Cáritas y Sojorn atienden a unas 800 personas. Y Cáritas, la red más extensa, mantiene cada año la campaña «Nadie Sin Hogar» en torno al 25 de octubre, Día de las Personas sin Hogar, que este año lleva el lema «Un hogar, un lugar al que pertenecer».
El informe de Arrels pone cifras a lo que estas entidades constatan a diario: el lugar donde se vive condiciona también cómo y dónde se muere. Y sitúa la vivienda, su producción, rehabilitación y gestión, en el centro de la respuesta.
