El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE España), Xavier Vilajoana, ha comparecido ante la Mesa de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados. Durante su intervención, el directivo ha alertado de que España acumula casi diez años de retrasos para aprobar una reforma urbanística que cuenta con un amplio respaldo técnico, pero que permanece encallada por la falta de voluntad y la polarización del arco político. La comparecencia ha servido para valorar la Proposición de Ley del Grupo Popular sobre medidas administrativas y procesales orientadas a la seguridad jurídica de la ordenación territorial y la vivienda.
Una contradicción regulatoria en plena emergencia habitacional
El sistema actual muestra una incoherencia absoluta entre las necesidades sociales y los mecanismos administrativos disponibles. Mientras las administraciones y los ciudadanos reclaman una mayor oferta para frenar la crisis de acceso a la vivienda, el ordenamiento jurídico mantiene vigentes resortes que dificultan la generación de suelo finalista y bloquean la activación de nuevas promociones de forma sistemática.
Sabemos cuál es el problema, conocemos la solución y también sus consecuencias. El sistema político español ha sido incapaz de convertir este consenso en una mayoría parlamentaria.
Esta parálisis legislativa se traduce en un impacto directo sobre la gestión de las ciudades. La anulación total de los planeamientos urbanísticos, tras periodos de tramitación que habitualmente superan la década, obliga a los municipios a regresar a marcos normativos obsoletos. Según Vilajoana, cuando un plan desaparece por completo después de tanto esfuerzo, «no fracasa solo un documento, fracasa una política pública entera», dejando desprotegidos a los ayuntamientos y a los propios ciudadanos.
El caso de Cataluña y el impacto de la «nulidad en cadena»
El presidente de APCE —quien también lidera la delegación catalana de la asociación— ha ilustrado la gravedad del escenario analizando el déficit estructural de vivienda en Cataluña. En esta comunidad autónoma se encuentran localizados actualmente 179 sectores con potencial para desarrollar hasta 214.000 viviendas. Sin embargo, una parte sustancial de este suelo finalista sigue pendiente de gestión o gravemente expuesta a los riesgos jurídicos inherentes al modelo normativo actual.
Para ejemplificar estas disfunciones del sistema, el directivo ha recurrido a litigios específicos que han paralizado el desarrollo local. Ha citado el caso de Tarragona, donde el Tribunal Supremo terminó anulando el planeamiento urbanístico general debido a la simple ausencia de un informe sectorial. De igual modo, ha recordado la situación de Canet de Mar, cuyo plan fue completamente invalidado por una insuficiencia documental detectada en la memoria social.
En ambos escenarios, los fallos técnicos eran defectos subsanables que podrían haberse corregido sin necesidad de destruir toda la arquitectura del planeamiento ni condenar a los municipios a un vacío normativo que todavía hoy arrastran años después de las sentencias judiciales. El modelo actual de «nulidad en cadena» invalida tanto el plan principal como todos los desarrollos urbanísticos y comerciales asociados a él.
Proporcionalidad jurídica frente al bloqueo ideológico
Desde APCE España se ha querido desmarcar de manera tajante esta reclamación de una simple exigencia empresarial o sectorial. Se trata, en palabras de su presidente, de un problema de país y de gobernabilidad del territorio que afecta de lleno al funcionamiento operativo de las administraciones locales. De hecho, alcaldes de distintas formaciones políticas comparten de manera unánime la preocupación por un marco legal que permite tumbar proyectos completos de ciudad por puros defectos de forma.
La reforma legislativa que se reclama no persigue introducir permisividad ni una mayor flexibilidad ante la ilegalidad. El objetivo prioritario es aplicar los criterios de proporcionalidad que ya regulan el procedimiento administrativo general en España. De este modo, los errores de tramitación que admitan subsanación no deberían acarrear los mismos efectos devastadores que las vulneraciones graves contra la legalidad urbanística.
Vilajoana ha concluido su comparecencia ante la Cámara Baja realizando un llamamiento urgente a la responsabilidad de los grupos parlamentarios. Ha instado a los diputados a impedir que la reforma vuelva a quedar encallada en debates puramente ideológicos que se alejan de su núcleo técnico y jurídico. Ante una realidad evidente donde el diagnóstico sectorial está plenamente validado, si la modificación legislativa vuelve a fracasar en las Cortes, constituirá un fracaso colectivo del sistema político frente a la emergencia habitacional.
 exige en el Congreso de los Diputados desbloquear la reforma urbanística para evitar la destrucción de planeamientos.){kind=link}