El Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha alertado formalmente sobre las posibles consecuencias negativas y los «efectos indeseados» derivados de las últimas medidas normativas en materia habitacional, popularmente conocidas como ‘decreto Maricarmen’.
Durante su intervención en un foro económico, el máximo responsable del regulador bancario ha subrayado la necesidad de proceder con máxima prudencia al aplicar protecciones antidesahucios y prórrogas automáticas de contratos de arrendamiento, incidiendo en que la solución estructural al problema de la vivienda exige responder al abultado déficit de oferta y resolver la falta de capacidad productiva del sector promotor y constructor.
El análisis macroeconómico presentado por el supervisor dibuja un escenario complejo para el mercado inmobiliario nacional. Según las estimaciones de la entidad regulatoria, España acumulará un déficit estructural próximo al millón de viviendas en el horizonte de 2028 si se mantiene la dinámica demográfica y el actual ritmo de producción. Frente a este desequilibrio entre la demanda y la nueva edificación, la institución advierte de que el recurso continuado a controles de precios, moratorias de lanzamientos e intervenciones sobre los contratos puede restringir aún más la oferta disponible en el mercado residencial.
El sector de la construcción arrastra una severa falta de pujanza operativa tras la pérdida masiva de tejido empresarial y empleo en la última década.
El organismo hace hincapié en que el sector de la construcción no dispone actualmente del músculo financiero, empresarial ni de la mano de obra suficiente para responder a la demanda de nuevas viviendas. Tras más de una década de reestructuración posterior a la crisis inmobiliaria, la capacidad de ejecución de la industria constructora se encuentra reducida. A este cuello de botella productivo se suma la rigidez en la gestión del suelo apto para edificar y la excesiva lentitud en la concesión de licencias municipales, un factor que el sector calcula que puede alargar el desarrollo global de los proyectos hasta un periodo de 15 años en determinados desarrollos urbanísticos.
Capacidad limitada de la industria y barreras burocráticas
En su diagnóstico del mercado inmobiliario, el Gobernador enfatizó que el origen fundamental del encarecimiento del acceso a la residencia radica en la disparidad entre la creación de nuevos hogares y la capacidad real de producción de obra nueva. «El sector no tiene la suficiente pujanza para atender la demanda existente; han desaparecido muchas empresas y se ha destruido mucho empleo», señaló el responsable del organismo. Asimismo, apuntó que, si bien el tiempo técnico de edificación de un inmueble oscila habitualmente entre dos y tres años, el proceso completo se demora desproporcionadamente debido a la falta de suelo finalista y a la lentitud en la tramitación administrativa.
La rigidez burocrática y los retrasos en las licencias hacen que, en muchos proyectos, cueste más tiempo tramitar la documentación que levantar el edificio.
Ante este escenario, la institución considera indispensable que la política de vivienda se concrete a través de la seguridad jurídica, el impulso a la colaboración público-privada, la simplificación del planeamiento urbano y el fomento activo de la oferta residencial, evitando fórmulas normativas que desincentiven la incorporación de inmuebles al mercado del alquiler.
Las previsiones del organismo supervisor sitúan el déficit acumulado de vivienda en España cerca del millón de inmuebles para el año 2028.
