La patronal de la construcción en Europa (FIEC) y la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (EFBWW) han emitido un comunicado conjunto en el que cuestionan con firmeza la necesidad de implementar la futura Ley de Servicios de Construcción (Construction Services Act) impulsada por la Comisión Europea. Ambas organizaciones sociales consideran que la propuesta legislativa amenaza con desestabilizar un sector regulado eficazmente por normativas locales.
La propuesta de Bruselas, inicialmente planteada dentro de la Estrategia del Mercado Único, tiene como objetivo teórico mitigar las barreras administrativas para el acceso a mercados transfronterizos en servicios de instalación y construcción. Sin embargo, los representantes sectoriales advierten de que las opciones políticas bajo análisis podrían erosionar directamente los marcos nacionales que hoy en día salvaguardan a los trabajadores, garantizan la calidad técnica de las obras y velan por una inspección rigurosa.
El sector constructivo europeo destaca por ser un entorno de actividad muy fragmentado y altamente sensible al fraude. Por ello, a lo largo de los años se han consolidado sistemas propios en cada Estado miembro destinados a gobernar la seguridad y salud laboral (OSH), la movilidad de la mano de obra, los esquemas de cualificación y los mecanismos sancionadores. Desde la perspectiva de FIEC y EFBWW, cualquier plan de la Unión Europea debe respetar escrupulosamente estas realidades operativas y huir de una homogenización o enfoque de «talla única» que desmantele los avances locales.
Las organizaciones sectoriales rechazan un enfoque de «talla única» de Bruselas que ignore las particularidades del mercado laboral de cada país.
Herramientas contra el fraude en riesgo de debilitamiento
Para los agentes sociales, las competencias profesionales certificadas y la protección de la salud laboral representan pilares innegociables de la industria. En el comunicado se defiende el uso de herramientas nacionales contrastadas, como las tarjetas de identidad social (social ID cards), fundamentales para atajar las prácticas fraudulentas y asegurar que las empresas cumplan escrupulosamente con la legalidad. Debilitar estos sistemas mediante una desregulación comunitaria mal orientada supondría, a juicio de ambas federaciones, un retroceso histórico.
Por este motivo, las patronales y agrupaciones sindicales afirman que no existe una base clara que justifique una mayor intervención legislativa en estos momentos. Instan formalmente al Ejecutivo europeo a evaluar de forma minuciosa la verdadera utilidad de esta ley y exigen que los socios sociales del sector sean plenamente informados e involucrados en las fases deliberativas que se lleven a cabo a partir de ahora.
Herramientas contra el fraude como las tarjetas de identidad social (social ID) podrían verse comprometidas por la nueva normativa.
Voces unánimes a favor de la estabilidad y la seguridad jurídica
El secretario general de la EFBWW, Tom Deleu, ha criticado con dureza el distanciamiento de la propuesta respecto a las necesidades reales del entorno constructivo: «Nadie en la construcción está pidiendo esta legislación. Los trabajadores piden entornos laborales más seguros; las empresas demandan certidumbre jurídica y competencia justa; y las autoridades requieren herramientas eficaces para combatir el fraude. No vemos pruebas convincentes de que la Ley de Servicios de Construcción responda a estas prioridades».
Por su parte, Domenico Campogrande, director general de la FIEC, ha puesto en valor el ecosistema de entendimiento que rige la actividad: «La industria de la construcción se beneficia de un fuerte diálogo social a nivel nacional y corporativo». Campogrande ha matizado que, dentro de dichos entornos de negociación, se han pactado normativas eficaces para dar respuesta a los desafíos del día a día, concluyendo que «en un momento en que las compañías constructoras necesitan estabilidad y predictibilidad, nos preocupa que esta ley mine lo que ya se ha consolidado con éxito».
La postura conjunta une los intereses de la FIEC —que aglutina a 32 federaciones nacionales de 27 países que engloban a empresas de obra civil y edificación de todos los tamaños— y de la EFBWW, organización que representa a 81 sindicatos en 35 países con un volumen total de 1,5 millones de afiliados.
Sindicatos y patronales coinciden en que la prioridad del sector es la seguridad, la competencia leal y la estabilidad normativa.
