Las tensiones en los costes de producción y la rigidez de la normativa contractual continúan tensionando el mapa de la obra pública y la edificación en España. Entre enero y junio de 2026, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha contabilizado al menos 1.130 licitaciones desiertas, lo que paraliza inversiones por un valor superior a los 707 millones de euros.
El fenómeno, agravado por las tensiones internacionales en Oriente, afecta con especial dureza a pequeñas y medianas empresas y amenaza directamente la ejecución de infraestructuras clave y promociones de vivienda protegida.
Un impacto mensual que supera precedentes recientes
El escenario macroeconómico y geopolítico vuelve a golpear de lleno los presupuestos de la contratación pública. Tras el estallido del conflicto en Oriente, el ritmo al que los concursos públicos quedan sin adjudicar se ha acelerado de forma notable. Según los datos recopilados por la patronal de la construcción, el ritmo mensual de licitaciones desiertas se sitúa en una media de 188 expedientes, lo que representa un incremento del 16% en comparación con los registros obtenidos tras el inicio de la guerra en Ucrania.
El ritmo medio de licitaciones desiertas alcanza los 188 expedientes al mes, superando en un 16% las cifras registradas tras el conflicto de Ucrania.
El volumen económico del bloqueo es igualmente revelador. En tan solo seis meses, la cuantía de las obras que no han podido iniciarse suma 707 millones de euros. Esta cifra equivale al 80% de todo el importe acumulado durante los doce meses del informe anterior elaborado por la patronal, cuando los proyectos desiertos alcanzaron los 882,6 millones de euros.
Pymes y grandes equipamientos: el espectro de los contratos afectados
El perfil de los concursos sin concurrencia muestra una afección generalizada en la escala del sector. Por un lado, más de ocho de cada diez licitaciones desiertas (un 82%) se corresponden con contratos cuyo presupuesto base es inferior a los 500.000 euros. Este tramo afecta de manera directa a pequeñas y medianas empresas de ámbito local o regional, que carecen de margen para asumir desfases económicos entre el precio de licitación y los costes reales de los materiales y la mano de obra.
Sin embargo, el importe medio de los expedientes fallidos asciende a casi 700.000 euros, debido a la presencia de grandes proyectos estratégicos que tampoco logran captar el interés de los contratistas bajo los pliegos actuales.
El 82% de las licitaciones desiertas corresponde a proyectos menores de 500.000 euros, pero la media roza los 700.000 euros por la presencia de grandes obras.
Entre las actuaciones paralizadas por falta de ofertas o viabilidad económica destacan proyectos de relevancia urbanística e industrial:
- Edificación e industria: La construcción de una nave industrial en El Prat de Llobregat con un presupuesto cercano a los 50 millones de euros.
- Equipamientos judiciales: La nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, presupuestada en 35 millones de euros.
- Infraestructuras energéticas: El desarrollo de nuevos depósitos y conducciones de combustible en Cádiz, valorado en 32 millones de euros.
- Vivienda pública: La promoción de viviendas con protección pública en Las Palmas de Gran Canaria, con una inversión prevista de más de 29 millones de euros.
A la falta total de licitadores se suma el problema de la escasa concurrencia. La CNC ha detectado 1.877 procedimientos de contratación pública con una participación insuficiente, ya sea por ausencia de ofertas o por la presentación de una única propuesta. De ellos, en 747 expedientes únicamente se presentó un solo licitador, lo que evidencia la contención de las empresas a la hora de asumir compromisos contractuales de larga duración sin garantías de reequilibrio económico.
Desequilibrio territorial y la exigencia de reformas normativas
La distribución geográfica de los concursos desiertos refleja una fuerte concentración en cuatro comunidades autónomas, que acumulan más del 63% del total nacional registrado por la patronal:
- Andalucía: Lidera la estadística con 284 expedientes desiertos (25,1% del total nacional).
- Cataluña: Ocupa la segunda posición con 199 expedientes (17,6%).
- Comunidad Valenciana: Registra 127 licitaciones desiertas (11,2%).
- Extremadura: Suma 106 expedientes sin adjudicar (9,4%).
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura concentran más del 63% de los expedientes desiertos en toda España.
Ante esta coyuntura, la patronal ha reiterado sus peticiones al Gobierno para articular soluciones de carácter normativo. Desde la CNC se ha trasladado de forma insistente al Ministerio de Hacienda la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación, con el objetivo de excluir a los contratos públicos de su ámbito de aplicación estricto e implantar mecanismos automáticos de revisión de precios. Según la organización empresarial, la ausencia de estas herramientas impide equilibrar las desviaciones en los costes de producción y conduce a la paralización o abandono de obras tanto públicas como privadas, incluyendo las de ámbito residencial.
El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, ha calificado la situación de «asfixiante» para miles de empresas del sector, alertando de que las pequeñas y medianas constructoras «se están viendo abocadas a trabajar a pérdidas o, directamente, a echar el cierre». Fernández Alén ha subrayado que, sin la adopción de soluciones normativas urgentes, continuarán quedando desiertas obras fundamentales para resolver las deficiencias de infraestructuras y vivienda que afectan al país.
