Las principales patronales del sector de la construcción y de la industria de materiales en España han dado la voz de alarma ante las graves tensiones económicas provocadas por la inestabilidad internacional.
La escalada de precios de la energía y de las materias primas amenaza la viabilidad de miles de contratos de obra pública en ejecución y licitaciones recientes. Ante este escenario, las empresas de infraestructuras solicitan al Gobierno articular mecanismos extraordinarios de reequilibrio para evitar el colapso o la paralización de proyectos esenciales.
La crisis energética encarece de forma crítica los materiales clave
El conflicto geopolítico desatado en el estrecho de Ormuz e Irán a finales de febrero de 2026 ha impactado de forma directa en la economía de la construcción. Según datos recopilados por las patronales SEOPAN y ANCI a partir del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), los costes de la energía y de los materiales bituminosos registraron entre marzo y mayo de 2026 un incremento extraordinario de entre el 42% y el 47%. Este repunte equipara el nivel de encarecimiento al acumulado durante dos años enteros de shock tras la pandemia y la guerra de Ucrania.
El impacto se extiende de forma generalizada a otros componentes imprescindibles para la obra pública y la edificación. En el caso del acero corrugado, los incrementos alcanzan el 21% según la Cámara de Comercio de España, mientras que el aluminio se sitúa en un +14%. Asimismo, los productos químicos han aumentado un 10%, los cerámicos un 9,3%, los materiales siderúrgicos un 6,5% y el cobre un 6,1%.
“Los costes de la energía y los materiales bituminosos registran incrementos del 42% al 47%, equiparables al acumulado de dos años tras la crisis de 2022.”
Este repunte generalizado en los suministros afecta gravemente a las diferentes tipologías de infraestructura. Las obras viarias encabezan las subidas con un aumento medio del coste de ejecución del 15%, llegando a cotas del 25% al 30% en las actuaciones dedicadas a la rehabilitación y refuerzo de firmes. Igualmente, las obras de montaje de vía ferroviaria sufren un alza del 11%, las infraestructuras aeroportuarias en pistas de vuelo repuntan entre el 15% y el 16%, y las actuaciones en explanadas y muelles portuarios registran incrementos del 17%.
Mapeo del impacto económico en licitaciones y contratos vigentes
El análisis detallado realizado por SEOPAN evidencia la dimensión económica de este desfase. Un bloque de 6.425 obras licitadas en España entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, con un presupuesto base global de 6.898 millones de euros y ofertas presentadas antes del inicio del conflicto, soporta un incremento de costes irrecuperable de 327 millones de euros antes incluso de comenzar su ejecución. Esto supone un sobrecoste medio irrecuperable del 4,7% sobre el presupuesto licitado.
En este grupo, las obras portuarias son las más castigadas con pérdidas económicas directas del 8,3% de su presupuesto, seguidas de las viarias (8,1%), ferroviarias (6,3%) e hidráulicas (4,0%). La situación alcanza un punto crítico en los 180 contratos destinados a refuerzos de firmes y asfaltado (dotados con 200 millones de euros), donde el coste no recuperable asciende al 21,3%. Del mismo modo, el impacto salpica a 39 contratos de emergencia para la reparación de firmes aprobados desde abril de 2026, cuyo importe base asciende a 266,9 millones de euros.
“Un total de 6.425 obras licitadas entre finales de 2025 y principios de 2026 asumen 327 millones de euros en sobrecostes irrecuperables antes de su inicio.”
Por otro lado, la ejecución de 33.103 contratos licitados previamente (entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, por un volumen de 24.519 millones de euros) afrontará un encarecimiento de media del 3,5%, lo que se traduce en una carga adicional agregada de 868 millones de euros. Por tipología, el sobrecoste en contratos en ejecución alcanzará el 6,0% en infraestructuras portuarias, el 5,3% en viarias, y el 4,6% tanto en ferroviarias como aeroportuarias.
Tales cifras superan con creces la rentabilidad del sector. Según la Central de Balances del Banco de España de 2024, el beneficio neto sectorial de las empresas constructoras con un volumen de negocio superior a 50 millones de euros se situó en el 3,48%. En consecuencia, los sobrecostes generados en el actual ejercicio absorben por completo el margen operativo de las contratistas.
El reclamo sectorial: reactivar la revisión extraordinaria de precios
Frente a la falta generalizada de mecanismos de revisión de precios en las licitaciones autonómicas y locales, sumada al período de carencia no revisable en los contratos estatales, la viabilidad de la obra pública se halla seriamente amenazada. SEOPAN ha trasladado formalmente al Ejecutivo central una propuesta para que se habilite un marco regulatorio similar al aprobado mediante el Real Decreto-ley 3/2022. La patronal defiende incorporar de forma prioritaria la revisión de los índices energéticos y el coste de la mano de obra.
ANCI coincide plenamente en esta demanda y advierte sobre el problema adicional que sufren aquellas obras de larga duración adjudicadas antes de 2021. Dichos proyectos acumulan desviaciones de entre el 27% y el 55% sobre su importe inicial, mientras que la compensación autorizada en el mecanismo de 2022 tenía fijado un tope máximo del 20%, obligando a los contratistas a asumir en solitario el resto de la subida.
A todo ello se une la contradicción legal generada por los Reales Decretos-ley 9/2026 y 18/2026. Estas normativas habilitan a las empresas de transporte a reclamar incrementos de costes a las contratistas, pero excluyen de este reequilibrio a las obras públicas. Esta asimetría tensiona aún más las cadenas de producción en un ejercicio que había alcanzado máximos de licitación, habiéndose registrado en 2025 un volumen público licitado de 33.143 millones de euros, un 40% más que la cifra anotada en 2021.
“Las patronales exigen al Gobierno aprobar con urgencia medidas de revisión de precios similares a las del RD-ley 3/2022 para evitar la parálisis de la obra pública.”
La actividad cementera crece en el semestre pero teme un frenazo y la pérdida exportadora
En medio de este escenario inflacionario, el consumo interno de cemento en España ha mostrado un comportamiento positivo durante la primera mitad del año. Según la Estadística del Cemento publicada por la agrupación de fabricantes Oficemen, el consumo creció un 7,5% en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un volumen total de 8.351.083 toneladas (580.814 toneladas más).
En lo relativo al mes de junio de 2026, la demanda creció un 9,0% interanual hasta situarse en 1.562.747 toneladas. Con ello, el acumulado móvil de los últimos doce meses (julio 2025 – junio 2026) mantiene una progresión positiva del 12,0%, contabilizando 17.233.297 toneladas. No obstante, Oficemen prevé un cambio de tendencia y calcula una severa moderación del crecimiento para el segundo semestre de 2026, estimando cerrar el ejercicio con un repunte modesto en el entorno del 2%. Esta desaceleración obedece en gran medida al efecto escalón derivado de la comparativa con el segundo semestre de 2025, en el que se marcaron volúmenes elevados.
En contraposición a los datos del mercado nacional, el negocio exterior del cemento y del clínker profundiza su caída. Las exportaciones retrocedieron un 15,4% entre enero y junio de 2026, quedándose en 1.945.191 toneladas (353.708 toneladas menos que en el primer semestre de 2025). En junio, el descenso en las ventas internacionales fue del 11,5%.
Elena Guede, directora general de Oficemen, advirtió que las cifras reflejan un deterioro estructural: «La caída de las exportaciones no responde a una situación coyuntural, sino estructural, que ha reducido a menos de la mitad nuestras ventas exteriores desde 2016, al pasar de 9,8 millones de toneladas a 4,5 millones en 2025. Por eso, necesitamos también soluciones estructurales, especialmente para corregir la desventaja que soporta la industria española en materia de costes eléctricos. El sector ha hecho sus deberes en eficiencia, pero seguimos compitiendo con una estructura de costes muy superior a la de nuestros vecinos. No pedimos una ventaja competitiva, sino dejar de competir en desventaja».
