La contratación pública de obras y proyectos de edificación en España está incorporando pautas ambientales, pero dista mucho de alcanzar una sostenibilidad holística. Según las conclusiones del Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones Públicas, elaborado de manera conjunta por la consultora PwC y la entidad de certificación AENOR, únicamente el 14% de los pliegos analizados (42 de un total de 300) incluye al menos la mitad de los 28 criterios fijados para evaluar el nivel de sostenibilidad integral. Más alarmante resulta el dato global: solo un 2% de las administraciones analizadas cumple con los estándares más exigentes de sostenibilidad completa.
Solo el 14% de los pliegos públicos de construcción en España incorpora de manera amplia criterios de sostenibilidad en sus licitaciones.
El informe, que ha examinado 300 expedientes pertenecientes a 100 entidades (24 empresas públicas y 76 administraciones territoriales), deja al descubierto una notable brecha en la aplicación de la taxonomía ESG (ambiental, social y de gobernanza). Casi dos de cada tres cláusulas evaluadas se concentran de manera exclusiva en la vertiente ambiental (63%), mientras que la gobernanza queda relegada al 25% y la dimensión social apenas representa el 13% del total de las exigencias. Este desequilibrio contraviene las directrices de la Taxonomía Europea, que exige evaluar el comportamiento de los activos inmobiliarios e infraestructuras a lo largo de todo su ciclo de vida y desde una visión transversal.
Las cláusulas ambientales acaparan el 63% de la contratación pública, mientras que las de gobernanza suponen el 25% y las sociales se quedan en un marginal 13%.
Criterios fragmentados y falta de control contractual
En el desglose del bloque medioambiental, la gestión de residuos es la medida estrella, con presencia en el 71% de los organismos analizados, impulsada frecuentemente por requerimientos normativos. Le siguen la adecuación de la obra al entorno (53%), el uso de energías renovables (51%) y la eficiencia energética (38%). Por contra, aspectos cruciales para la huella ecológica global —como el empleo de materiales con bajo impacto ambiental, el consumo responsable de agua o las certificaciones medioambientales de edificación— registran presencias testimoniales o descoordinadas.
En lo relativo a la esfera social, la inclusión de cláusulas responde casi por completo al cumplimiento estricto de obligaciones legales previas. El 97% de los expedientes contempla la preferencia por empresas que emplean a personas con discapacidad y el 81% valora las políticas de igualdad de género. Sin embargo, el informe advierte de que estas exigencias suelen figurar simplemente como criterios de desempate entre ofertas en lugar de traducirse en requisitos operativos durante la ejecución de las obras.
Por su parte, la gobernanza refleja serias deficiencias en la supervisión y trazabilidad. Aunque la gestión de riesgos figura en el 53% de las entidades, la adopción de metodologías avanzadas como VDC (16%) o Lean Construction (3%) es mínima. El estudio incide en que los órganos de contratación rara vez habilitan procedimientos estandarizados para verificar que lo ofertado en el concurso se cumpla realmente a pie de obra, lo que imposibilita la aplicación efectiva de correcciones o sanciones.
Solo el 2% de las administraciones públicas analizadas alcanza el nivel de sostenibilidad integral fijado por la Taxonomía Europea.
Siete líneas clave para liderar el cambio de ciclo
El Observatorio remarca que el sector inmobiliario y de las infraestructuras aporta más del 5% del PIB directo en España y genera cerca del 7% del empleo nacional, multiplicando por tres su impacto en la economía global por cada euro invertido en obra civil. Por ello, las administraciones ostentan un rol tractor decisivo para alinear a toda la cadena de valor privada hacia un modelo circular y descarbonizado.
Para corregir el rumbo, la investigación fija siete ámbitos prioritarios de mejora: equilibrar las tres patas ESG, introducir métricas y métricas verificables, dar mayor peso efectivo a las exigencias sociales, auditar la ejecución real de los contratos, incorporar el análisis de ciclo de vida, profundizar en la elección técnica de materiales sostenibles e implantar una gestión rigurosa del agua, la energía y las emisiones en los pliegos.
