El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, liderado por Carlos Cuerpo, ha puesto en marcha un proceso de consulta pública previa, abierto hasta el próximo 14 de octubre, con el objetivo de reformar de manera integral el marco jurídico del control de las inversiones extranjeras directas (IED) en España. Esta iniciativa busca actualizar un mecanismo vigente desde 2020 para dotarlo de mayor previsibilidad y alinearlo con el contexto internacional actual y los requerimientos de la Unión Europea. La medida incide de forma directa en el sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación), ya que sitúa bajo un severo escrutinio administrativo áreas operativas clave como las infraestructuras de defensa, los centros de datos, las redes tecnológicas y los desarrollos inmobiliarios ligados a activos estratégicos.
El mecanismo de control de capitales extranjeros, que echó a andar en 2020 como un escudo frente a adquisiciones oportunistas durante la crisis sanitaria, supuso la suspensión del régimen general de liberalización para inversores extracomunitarios (y comunitarios bajo supuestos transitorios) que adquieran participaciones iguales o superiores al 10% en empresas vinculadas a la seguridad, la salud o el orden público. La reforma planteada por el Ejecutivo persigue consolidar la experiencia acumulada tras años de aplicación y focalizar los recursos de supervisión sobre los sectores con mayor potencial de riesgo estratégico.
Defensa, tecnologías de doble uso y el nuevo concepto de infraestructura crítica
Fuentes gubernamentales y analistas de mercado señalan que la prioridad absoluta de la nueva regulación recaerá sobre el ámbito de la defensa. El foco se centrará en aquellas empresas que desarrollen, produzcan o comercialicen bienes y tecnologías militares o productos de doble uso —militar y civil—. El análisis del Ejecutivo responde a los riesgos inherentes a la transferencia no controlada de capacidades, tecnologías y conocimientos técnicos esenciales para preservar la seguridad nacional.
El escrutinio prioriza el área de defensa y las tecnologías de doble uso por los riesgos de transferir capacidades esenciales.
Este blindaje se extiende hacia aquellas entidades dedicadas a la investigación y desarrollo de semiconductores, tecnologías cuánticas y sistemas de Inteligencia Artificial (IA), dada su condición de facilitadores transversales de aplicaciones industriales y de seguridad. En el ámbito específico de las Fuerzas Armadas, el marco regulatorio regulado por la Ley 19/2003 y el Real Decreto 571/2023 exige autorización previa para inversiones relacionadas con capacidades industriales de defensa. Desde 2024, la gestión de estas operaciones recae en la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID). Para estas actividades, solo quedan exentas las adquisiciones inferiores al 5% del capital sin presencia en el consejo de administración, mientras que las participaciones entre el 5% y el 10% precisan notificación a la Administración y el compromiso formal de abstenerse de ejercer derechos de voto.
Centros de datos e infraestructuras del sector AECO: la convergencia de la obra física y la soberanía digital
Dentro del perímetro del nuevo control estatal adquieren un protagonismo inédito los centros de procesamiento de datos (CPD), las bases de datos de información estratégica, los suministros de materias primas críticas y las infraestructuras de los mercados financieros. La inclusión explícita de los centros de datos en esta lista modifica sustancialmente el tablero normativo para la industria de la edificación y las concesiones.
La legislación vigente define como infraestructura crítica a aquellas instalaciones, redes y bienes inmuebles necesarios para el funcionamiento de servicios esenciales, como la energía, el transporte o la sanidad. De este modo, cualquier empresa constructora, promotora o ingeniería que desarrolle o gestione activos inmobiliarios vinculados a estas infraestructuras queda dentro del ámbito de control de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX).
Los centros de datos y sus inmuebles asociados se consolidan como activos estratégicos sujetos a doble filtro administrativo.
El sector AECO afronta un cambio de paradigma impulsado por la digitalización de la defensa y la administración pública. Las contrataciones de obra pública en el ámbito militar, gestionadas principalmente a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y las jefaturas de los ejércitos, están evolucionando desde la construcción convencional de acuartelamientos o pistas de aterrizaje hacia instalaciones búnkerizadas de alta complejidad técnica. Los nuevos proyectos exigen la edificación de centros de datos de uso militar y gubernamental destinados a albergar la «Nube de la Defensa» y sistemas de mando seguro. Estas obras imponen requisitos específicos de ciberdefensa física, tales como jaulas de Faraday para evitar el espionaje electromagnético (TEMPEST), galerías subterráneas blindadas para fibra óptica y sistemas de alimentación eléctrica redundantes e independientes.
Impacto en las licitaciones públicas y en las transacciones corporativas de la construcción
El refuerzo del régimen de control de capital extranjero interactúa estrechamente con la legislación de contratación pública. Mientras que las licitaciones militares convencionales se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) o por la Ley 24/2011 para contratos de defensa y seguridad, la verificación del capital inversor opera como un filtro previo que condiciona la solvencia del adjudicatario. Las empresas del sector AECO que participan en la ejecución de obra militar o de infraestructuras críticas manejan planos clasificados y requieren Habilitación de Seguridad de Empresa (HSE) o Habilitación Personal de Seguridad (HPS) para su personal. El control gubernamental sobre la entrada de fondos internacionales evita que potencias externas adquieran el control indirecto de contratistas que gestionan información confidencial del Estado.
Las grandes contratistas del sector AECO deben someter sus estructuras de capital a revisión para mantener el acceso a contratos sensibles.
El volumen de expedientes de IED analizados por la Administración ha mostrado una trayectoria marcadamente ascendente: desde 29 solicitudes en 2020 hasta 129 en 2023, 167 en 2024 y 196 en 2025. A pesar de este mayor grado de escrutinio, el 92% de las operaciones evaluadas en 2025 no presentaron riesgos inasumibles para la seguridad nacional. Un 64% se autorizó de forma incondicional y un 8% requirió la adopción de medidas de mitigación, tales como compromisos de continuidad en el suministro o restricciones de acceso a información clasificada.
En el sector específico de la construcción, operaciones de capital transfronterizo han quedado supeditadas a estas revisiones para certificar la estabilidad de los insumos fundamentales y el cumplimiento del marco legal europeo. Paralelamente a este control, el Gobierno aprobó en septiembre de 2026 la creación del Comité de Inversiones Estratégicas para agilizar proyectos de inversión productiva (greenfield), configurando una estrategia dual que persigue atraer capital para la reindustrialización y el crecimiento económico mientras protege los activos intangibles y físicos esenciales de la nación.
