En España, más de la mitad del parque residencial fue construido antes de 1980, es decir, antes de la entrada en vigor de la primera normativa sobre aislamiento térmico. Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), el 81 % de los edificios presentan una calificación energética baja (E, F o G), lo que implica un elevado consumo de energía y un importante margen de mejora.
Sin embargo, todavía cuesta que muchas familias asuman la necesidad de rehabilitar su vivienda. Paradójicamente, cualquier propietario de un coche sabe que debe hacer revisiones periódicas para garantizar su funcionamiento, pero no se concibe de la misma forma el mantenimiento y la mejora de un inmueble, pese a ser una inversión mucho mayor y más duradera.
Una rehabilitación energética integral no solo mejora el confort y la salud de sus ocupantes, sino que puede generar ahorros energéticos de entre el 50 % y el 80 %, reduciendo la factura y las emisiones de CO₂. En un contexto de cambio climático, con olas de calor cada vez más intensas y temperaturas récord registradas ya a principios de este verano, la eficiencia energética se convierte en una necesidad urgente.
El Informe sobre el impacto macroeconómico de la rehabilitación en España (MITMA, 2020) estima que alcanzar el ritmo de rehabilitación necesario para cumplir con los objetivos europeos —del orden de 300 000 viviendas al año— generaría un efecto positivo sobre el empleo y el PIB, además de contribuir de forma decisiva a la transición energética y a la descarbonización del sector de la edificación.
Y aquí surge la polémica: aunque los fondos europeos Next Generation han destinado miles de millones a impulsar la rehabilitación, las preguntas siguen abiertas.
¿Han sido suficientes las ayudas para cubrir una parte significativa de las intervenciones necesarias? ¿Se ha agilizado realmente la tramitación para que los particulares puedan percibirlas en tiempo y forma?
Para muchos propietarios, la complejidad burocrática y los plazos de cobro siguen siendo un freno, ralentizando un proceso que, por urgencia climática y económica, no admite demoras.
¿Hemos sabido explicar que mantener y rehabilitar es imprescindible, y concienciar de que el ahorro energético de una vivienda bien aislada puede ser extraordinario?
Para ilustrar la realidad actual, he consultado el portal Idealista, centrándome en viviendas de segunda mano situadas en zonas céntricas de Barcelona, con precios superiores a 7 000 €/m². En la mayoría de los casos, la certificación energética sigue siendo E o inferior. En pleno 2025, esta situación evidencia que incluso en los segmentos de mercado más caros, donde la inversión podría asumirse con mayor facilidad, la rehabilitación energética aún no es una prioridad.
Esta reflexión enlaza con la entrevista coral publicada por Construnews bajo el título La vivienda en España, un reto estructural: consenso entre Gobierno y sector en la urgencia de un pacto de Estado, en la que varios representantes del sector y de la administración subrayaban la importancia de situar la rehabilitación energética y estructural en el centro de las políticas de vivienda de la próxima década. También se vincula con otros artículos publicados en Construnews que analizan la rehabilitación desde distintos enfoques.
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