La rehabilitación energética del parque residencial español se ha convertido en un imperativo no solo medioambiental, sino también económico y social. El 79 % de los edificios en España presentan una calificación energética igual o inferior a la letra E, lo que los hace altamente ineficientes y vulnerables ante cualquier fluctuación del mercado energético internacional. En un contexto marcado por la escalada de conflictos geopolíticos y olas de calor extremas, el coste de mantener el confort en el hogar puede dispararse y golpear directamente la economía doméstica.
Según el informe del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), en 2023 se rehabilitaron únicamente 30.000 viviendas. Una cifra que representa apenas entre el 0,11 % y el 0,15 % del total del parque residencial. El documento subraya que la eficiencia energética ya no puede entenderse como un objetivo técnico o ambiental, sino como una herramienta crucial para proteger a las familias ante la volatilidad de los precios del gas y la electricidad.
«Reducir la dependencia energética del parque edificatorio no es solo una medida de eficiencia, sino también de prudencia económica y resiliencia social», afirma Pablo Abascal, presidente del CGCAFE. En situaciones críticas, como las vividas tras la invasión de Ucrania, el confort térmico o la revalorización del inmueble pasan a un segundo plano. Lo esencial es garantizar la asequibilidad de la vivienda y la estabilidad de los gastos del hogar.
Para hacer frente a esta situación, el CGCAFE ha diseñado una hoja de ruta con una serie de propuestas destinadas a acelerar los procesos de rehabilitación energética. Estas medidas se dirigen tanto al sector público como al privado y destacan el papel central que desempeñan los Administradores y Administradoras de Fincas, como figuras clave en el asesoramiento, la gestión y la dinamización de las actuaciones necesarias en comunidades de propietarios.
Una de las iniciativas más destacadas es la creación de una cuenta ahorro específica para financiar obras de eficiencia energética, con aportaciones periódicas bonificadas fiscalmente, sin costes bancarios y vinculadas exclusivamente a mejoras como el aislamiento térmico, la instalación de placas solares o la sustitución de sistemas de climatización ineficientes.
El fomento del autoconsumo mediante energías renovables es otra de las líneas estratégicas. Una vivienda adecuadamente rehabilitada y aislada puede llegar a funcionar sin necesidad de aporte energético externo, alcanzando un funcionamiento a “coste cero”. Este enfoque fortalece la autonomía de las familias y reduce su exposición ante crisis energéticas globales.
Desde el CGCAFE se insiste en que apostar por la eficiencia energética no es solo una cuestión ambiental, sino una decisión estratégica que protege a las familias, reduce la desigualdad y mejora la resiliencia del conjunto del país. En palabras de Abascal, “en este entorno de alta inestabilidad internacional, avanzar hacia un parque edificatorio más eficiente y menos dependiente es una prioridad nacional”. En este sentido, distintas entidades coinciden en la necesidad de reforzar el marco legislativo que regula la rehabilitación energética. Tal como señala el informe Marco legal deseable para el impulso de la rehabilitación energética edificatoria en España, resulta imprescindible consolidar un entorno normativo estable, coherente y ambicioso que permita a los agentes implicados —instituciones, comunidades de propietarios, profesionales y sector financiero— actuar con seguridad jurídica y visión a largo plazo.
