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La obra pública en España mantiene el pulso en los primeros cinco meses de 2026, firmando una estabilidad casi milimétrica respecto al ejercicio anterior. Según la última Radiografía Mensual de SEOPAN, el volumen total licitado escaló hasta los 13.076,4 millones de euros, lo que representa un exiguo incremento interanual del 0,8%.
Este escenario de aparente calma esconde una intensa reorganización interna entre las distintas administraciones: mientras el Estado central y los ayuntamientos tiran del carro constructor, las autonomías reducen drásticamente sus partidas presupuestarias.
El sector de la construcción e infraestructuras en España consolida sus cifras de inversión pero congela su ritmo de crecimiento a las puertas del verano. Entre enero y mayo de 2026, el conjunto de las administraciones públicas sacó a concurso proyectos por valor de 13.076,4 millones de euros, apenas un 0,8% por encima de los 12.966,6 millones registrados en el mismo periodo de 2025. La radiografía sectorial muestra que la inercia inversora se sostiene gracias al empuje de la Administración General del Estado (AGE), que creció un 13,4% hasta los 4.621,5 millones , y de la Administración Local, que con 5.025,5 millones se posiciona como el principal motor de contratación (38,4% del total) tras anotarse una subida del 7,5%. En la otra cara de la moneda se sitúan las Comunidades Autónomas, cuya licitación se desplomó un 18,6%, quedándose en 3.429,2 millones de euros frente a los más de 4.215 millones del año previo.
Desequilibrio territorial en las comunidades
El comportamiento autonómico durante estos primeros cinco meses del año ha sido marcadamente desigual. A pesar del retroceso global del bloque regional (-18,6%) , grandes motores económicos como Cataluña y la Comunidad de Madrid han logrado mantener dinámicas en verde. En concreto, la licitación en Cataluña creció un 23,8%, alcanzando los 2.043,5 millones de euros , mientras que Madrid repuntó un 21,4% hasta registrar proyectos por valor de 1.712,8 millones. Andalucía continúa liderando el volumen absoluto regional con 2.209,9 millones de euros, firmando un crecimiento moderado del 3,0%.
Cataluña y Madrid resisten el bache autonómico con avances superiores al 20%, mientras la Comunidad Valenciana y el País Vasco sufren recortes de inversión cercanos al 45%.
Por el contrario, los mayores ajustes presupuestarios se localizan en la Comunidad Valenciana, que experimentó una severa caída del 43,4% (bajando a 874,5 millones) , y el País Vasco, cuya licitación pública se contrajo un 46,0%, situándose en los 599,8 millones de euros. Destaca asimismo el espectacular repunte estadístico de los proyectos catalogados como «No Regionalizables», que se dispararon un 471,1% hasta los 1.048,2 millones de euros.
Resurgir hidráulico gracias a las sociedades estatales
Si se analiza la tipología de las obras sacadas a concurso, la obra civil continúa acaparando la mayor parte de los fondos públicos con un 57,8% del mercado y un volumen de 7.563,4 millones de euros (+1,7% interanual). Dentro de este apartado, los transportes (carreteras, ferrocarriles y puertos) lideran con un acumulado de 3.339,8 millones , a pesar de un leve retroceso general del 2,7% debido principalmente a la menor actividad licitadora en puertos (-38,7%) y la caída del 18,3% en los contratos de ADIF.
Sin embargo, el verdadero catalizador de la obra civil en este periodo ha sido el segmento de las obras hidráulicas, impulsado de forma directa por las Sociedades Estatales de Agua. La entidad estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España) incrementó su licitación de forma exponencial, pasando de apenas 473.000 euros en 2025 a 127,9 millones de euros en mayo de 2026. Este arreón inversor compensa con creces el descenso del 27,5% en las Confederaciones Hidrográficas , equilibrando las actuaciones destinadas a depuradoras, desaladoras y redes de abastecimiento en todo el territorio nacional.
El sector de la edificación se mantuvo prácticamente plano respecto al ejercicio anterior, registrando 5.513,0 millones de euros (-0,3%). No obstante, los datos internos revelan tendencias muy contrapuestas. La licitación en vivienda residencial experimentó un notable avance del 38,9%, consolidando proyectos por valor de 1.084,8 millones de euros. También mostraron incrementos saludables los equipamientos de transportes no residenciales (terminales), que crecieron un 30,8% (601,9 millones).
Las inversiones en vivienda residencial pública repuntan un 38,9% , contrastando con el frenazo del 20,7% en equipamientos sociales como colegios u hospitales.
Este crecimiento residencial contrasta con el freno en el área de equipamiento social (que engloba instalaciones docentes, sanitarias y deportivas), cuyo volumen conjunto retrocedió un 20,7%, quedándose en 2.615,0 millones de euros. Las partidas para infraestructuras sanitarias fueron las más afectadas en este bloque, anotándose un descenso del 25,1% hasta los 921,6 millones.
Equilibrio constructivo entre obra nueva y rehabilitación
Finalmente, la distribución técnica de los contratos licitados expone una notable estabilidad estructural en el mercado español. La obra nueva representó el 54,8% del importe total licitado en el país, sumando 7.161,7 millones de euros. Por su parte, las tareas de rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras existentes captaron el 45,2% restante, con un monto total de 5.914,7 millones de euros.
La rehabilitación de infraestructuras ya representa el 45,2% de la inversión pública total en España, consolidándose como un pilar estratégico frente a la obra nueva.
Ambas tipologías avanzaron de forma armónica respecto al año pasado, con leves incrementos del 0,4% en obra nueva y del 1,4% en conservación y reforma. Al desagregar por administraciones, la Administración Local es la que destina un mayor porcentaje proporcional a la conservación de sus activos (un 50,6% del total de su presupuesto va a rehabilitación) , evidenciando el esfuerzo de los municipios por mantener el espacio urbano existente frente al desarrollo de nuevos proyectos.
