La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha lanzado una seria advertencia al sector y a las administraciones. Durante la celebración de su Asamblea General, que ha reunido a los representantes de sus 25 empresas asociadas en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, la patronal ha urgido a reformar el marco concesional y de contratación pública.
El objetivo es claro: incorporar con precisión la realidad económica y el incremento de los costes de los materiales y la mano de obra para garantizar la viabilidad, eficiencia y sostenibilidad de las infraestructuras del país.
Un crecimiento de costes del 30% que amenaza la viabilidad de las obras
La realidad operativa a la que se enfrentan las empresas del sector se ha vuelto extremadamente compleja en el último lustro. Según los datos expuestos durante la Asamblea de ANCI, el sector arrastra un crecimiento sostenido e incontestable en el precio de las materias primas y los recursos laborales que se traduce en un incremento medio de los costes de construcción del 30% desde el año 2020.
Esta base inflacionaria de carácter estructural se ha visto agravada de forma puntual, pero muy profunda, por los sucesivos choques geopolíticos internacionales. Desde el impacto inicial de la pandemia global y el estallido de la guerra de Ucrania, hasta la más reciente crisis de Irán, el encarecimiento de los costes de producción se ha acelerado drásticamente. Esta tormenta perfecta, advierten desde la asociación, pone en riesgo directo la viabilidad de un gran número de obras que se encuentran actualmente en ejecución y compromete seriamente la licitación y contratación de los proyectos proyectados a corto y medio plazo.
Los costes de construcción se han disparado un 30% medio desde 2020, una inflación estructural agravada por las crisis de Ucrania e Irán que pone en riesgo la viabilidad de las obras.
El desajuste de las licitaciones: Presupuestos obsoletos y contratos rígidos
A pesar de que ANCI valora de forma positiva el notable esfuerzo inversor realizado por las distintas administraciones públicas en los últimos años —alcanzando en 2025 un volumen de licitación de obra pública superior a los 35.000 millones de euros, lo que supone prácticamente duplicar los registros del año 2020 —, la patronal denuncia importantes desequilibrios territoriales y sectoriales. La inversión actual se encuentra fuertemente concentrada en áreas muy específicas, mientras que se mantiene un preocupante déficit inversor en infraestructuras críticas y esenciales, tales como las hidráulicas.
El núcleo del problema técnico radica en la falta de flexibilidad y actualización administrativa. En la práctica sectorial ordinaria, muchos de los contratos públicos se siguen licitando tomando como base proyectos antiguos o cuadros de precios completamente desactualizados que no reflejan el mercado real. A esto se suma que los presupuestos de adjudicación permanecen inamovibles y fijados a lo largo de los años que dura la obra, debido a que los mecanismos de revisión de precios actuales son inexistentes en muchos casos o, en el mejor de los escenarios, del todo insuficientes para absorber la volatilidad económica.
Tres medidas urgentes para reequilibrar la contratación pública
Ante este escenario de vulnerabilidad, la Asamblea General de ANCI ha consensuado la exigencia inmediata de tres medidas correctoras destinadas a estabilizar los contratos y asegurar la correcta ejecución de los proyectos constructivos:
- Licitaciones ajustadas a mercado: Obligar a que las administraciones liciten siempre todos los proyectos con presupuestos calculados sobre los precios reales y vigentes de mercado.
- Reforma de la revisión de precios: Transformar de manera profunda el sistema actual de revisión de precios para que vuelva a operar como un mecanismo preceptivo, ágil y vinculante, capaz de trasladar de forma fidedigna la evolución real de la totalidad de los costes, incluyendo de forma expresa los costes asociados a la mano de obra.
- Equilibrio entre calidad y precio: Avanzar decididamente hacia un modelo de compra pública donde los criterios de calidad técnica ostenten un peso equilibrado respecto a la oferta económica, articulando simultáneamente un control estricto y riguroso ante la presentación de ofertas anormalmente bajas o temerarias que desestabilizan el tejido empresarial.
ANCI exige que el sistema de revisión de precios vuelva a ser preceptivo y vinculante, integrando obligatoriamente el encarecimiento de la mano de obra.
Defensa de la competencia activa frente a los macrocontratos
Otro de los pilares estratégicos defendidos firmemente por las 25 empresas de la asociación es la necesidad imperiosa de preservar un ecosistema de competencia abierta, transparente y efectiva en la contratación del Estado. ANCI ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando activamente con las instituciones para fomentar la concurrencia en las compras públicas.
Para lograrlo, la dirección considera esencial que se diseñen pliegos de condiciones que eviten la proliferación de macrocontratos que limitan el acceso a medianas compañías. Asimismo, se insta a eliminar barreras técnicas o financieras injustificadas en los pliegos que provoquen la exclusión artificial de licitadores cualificados. En esta línea, la patronal defiende el procedimiento abierto como la fórmula ordinaria indispensable de adjudicación, siendo la herramienta que mejor salvaguarda la transparencia, la igualdad de oportunidades y, en última instancia, la máxima eficiencia del gasto público.
La clausura de esta Asamblea General ha corrido a cargo de Rocío Báguena, Secretaria General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quien ha presenciado el firme compromiso de la asociación por ensalzar el valor técnico del sector. ANCI ha concluido la jornada reivindicando a la construcción como un sector de absoluta excelencia técnica, cuya viabilidad y estabilidad inversora son determinantes no solo para la competitividad económica de España, sino también para el bienestar directo de toda la sociedad.
La patronal reclama priorizar el procedimiento abierto como fórmula ordinaria y erradicar los macrocontratos para asegurar la libre competencia.
