El V Congreso Nacional de Vivienda, cita de referencia sectorial organizada en Barcelona por APCEspaña y APCE Catalunya, ha concluido reuniendo a más de 400 profesionales y representantes de las administraciones públicas.
En un contexto marcado por la tensión en el acceso a la vivienda, el encuentro ha servido para estructurar una batería de propuestas clave dirigidas a solventar la rigidez del mercado residencial. La hoja de ruta planteada sitúa en el centro de las prioridades la urgencia de tramitar una nueva Ley del Suelo, simplificar los procedimientos administrativos y consolidar un marco de seguridad jurídica que permita escalar la oferta.
Un consenso necesario para acortar plazos y dar certeza
Construir una vivienda es el resultado final de un camino, y deberíamos ser capaces entre todos de conseguir que ese camino sea más corto y previsible
Durante la clausura del evento, el presidente de APCEspaña y APCE Catalunya, Xavier Vilajoana, ha reiterado la urgente necesidad de alcanzar un Pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas tras la cita electoral del 29 de noviembre. Según ha remarcado Vilajoana, la edificación de viviendas requiere un esfuerzo coordinado donde administraciones, sector privado y sociedad civil actúen con una visión conjunta para ofrecer soluciones eficaces y ágiles.
Ley del Suelo y desburocratización como pilares urbanísticos
Uno de los consensos unánimes del congreso ha sido la necesidad prioritaria de aprobar una nueva Ley del Suelo. El sector lleva años alertando de que el marco regulatorio actual genera bloqueos que ralentizan el desarrollo de los planeamientos urbanísticos. En este sentido, los expertos abogan por reducir la hiperregulación y la burocracia mediante procedimientos administrativos mucho más flexibles. Asimismo, se ha enfatizado la importancia de planificar la materia prima, el suelo, cruzando variables como la demografía, las infraestructuras clave y el uso riguroso de datos estandarizados.
Colaboración público-privada y diversidad de modelos de financiación
La vivienda asequible precisa un modelo de financiación adaptado a menores rentabilidades y horizontes temporales más dilatados.
La viabilidad de las políticas residenciales exige continuidad institucional en todos los niveles administrativos (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), desvinculando la gestión de la vivienda de los ciclos electorales. La prioridad compartida debe centrarse en incrementar la oferta, especialmente en el segmento asequible, activando simultáneamente licencias, suelo y capacidad de ejecución. En el apartado financiero, las conclusiones señalan la complementariedad entre la financiación bancaria y la alternativa. Los recursos públicos deben operar como palanca articulada mediante avales y garantías para atraer y movilizar mayor volumen de capital privado.
Industrialización y diagnóstico basado en datos para responder a la demanda
La industrialización aporta productividad, plazos previsibles y calidad reduciendo la dependencia de una mano de obra escasa.
Para elevar de forma sustancial la producción de vivienda, el congreso ha apuntado hacia la industrialización como un vector de transformación indispensable. Su valor trasciende el coste directo de ejecución, aportando certidumbre en plazos, estandarización de la calidad y una vía para solventar la falta de relevo generacional y la escasez de mano de obra en la obra tradicional. Por otra parte, la toma de decisiones estratégicas debe sustentarse en diagnósticos precisos mediante el análisis continuo de datos, evitando simplificaciones. Finalmente, se ha recordado la necesidad de generar confianza en el mercado de alquiler y atender la demanda de jóvenes y rentas medias a través de una amplia diversidad de soluciones habitacionales.
