El Consejo de Ministros acordó este 20 de noviembre enviar a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados un real decreto-ley que busca desbloquear los más de 9.000 millones de euros del Plan Social para el Clima de España. Un 75 % de esa cantidad, unos 6.800 millones, es dinero europeo procedente del Fondo Social para el Clima. Más de 50 organizaciones agrupadas en dos alianzas, una de ellas centrada en la rehabilitación de viviendas, llevaban meses reclamando este paso.
Una transposición con casi tres años de retraso
El real decreto-ley transpone directamente, es decir, sin cambios, la Directiva (UE) 2023/958 y la Directiva (UE) 2023/959, aprobadas en mayo de 2023 con el objetivo de reforzar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE; ETS, por sus siglas en inglés). La primera se refiere a la contribución de la aviación; la segunda, de 10 de mayo de 2023, modifica la Directiva 2003/87/CE que regula el régimen de comercio de derechos de emisión.
El plazo para incorporar estas normas al ordenamiento jurídico español terminó el 31 de diciembre de 2023. Ante el retraso, y tras las cartas de emplazamiento de enero de 2024 y los dictámenes motivados de mayo de 2025, la Comisión Europea anunció en junio de 2026 su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto las normas acordadas para reforzar el régimen de comercio de derechos de emisión.
Sin esa transposición, Bruselas no puede aprobar el Plan Social para el Clima (PSpC), cuyo borrador presentó el Gobierno en mayo, y, en consecuencia, tampoco puede empezar a fluir el dinero europeo del Fondo Social para el Clima que corresponde a España. Así lo explicó Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima del Ejecutivo comunitario, en una jornada celebrada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados. En la página de la Comisión que recoge el estado de los planes sociales para el clima nacionales, España todavía no figura con el plan presentado ni adoptado.
Sin la transposición de las directivas del mercado de emisiones, Bruselas no puede aprobar el plan español ni liberar los fondos europeos que le corresponden
Por qué el fondo es clave para la vivienda y el transporte
A partir de 2028, el uso de combustibles fósiles en la calefacción y en el transporte por carretera estará sujeto al pago por emisiones de CO₂ en toda Europa. Para evitar que ese sobrecoste golpee a las rentas más bajas, la UE ha creado el Fondo Social para el Clima, que contará con 65.000 millones de euros. A España le corresponden más de 9.000 millones: un 75 % de fondos europeos y un 25 % de aportación estatal.
Las inversiones del fondo deben permitir a los ciudadanos vulnerables renovar sus viviendas, adoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a energías renovables y a medios de transporte sostenibles. El objetivo es reducir su dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo, mientras que las ayudas directas a la renta mitigarán los posibles efectos negativos a corto plazo. En concreto, el fondo puede financiar:
- La rehabilitación de viviendas vulnerables y la mejora del confort térmico frente a olas de frío y calor, tratando la rehabilitación como una política social.
- La reducción de la factura de la luz y la lucha contra la pobreza energética, mediante la sustitución de calderas fósiles por tecnologías limpias.
- Medidas de movilidad y transporte con cero o bajas emisiones, incluido el transporte público.
- El acceso a transporte sostenible para quienes más lo necesitan.

Los edificios se llevan el 52 % del borrador
El borrador que el Gobierno sometió a información pública el pasado 25 de mayo, impulsado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Transportes y de Vivienda, cifra el plan en 9.099 millones de euros para el periodo 2026-2032, financiados con el 10,52 % de los recursos totales del Fondo Social para el Clima y una aportación nacional del 25 % del presupuesto.
Del total, 4.723 millones (52 %) se destinan a edificios y 4.376 millones (48 %) al transporte. El bloque de edificios se reparte en siete líneas: vivienda asequible (1.813 millones), rehabilitación en barrios vulnerables (1.220 millones), edificios residenciales (923 millones), comunidades energéticas (300 millones), viviendas individuales (278 millones), intervención exprés en edificios de uso social (162 millones) y la red RED-ACTÚA (27 millones). En transporte, la partida mayor es la descarbonización del transporte por carretera (2.269 millones), seguida del transporte público asequible (964,8 millones), que incluye un Abono Único Social de 740,5 millones.
Del borrador de 9.099 millones, 4.723 se destinan a edificios: vivienda asequible, rehabilitación en barrios vulnerables y edificios residenciales concentran 3.956 millones
Las alianzas piden apoyo en la Diputación Permanente
La aprobación responde a la reivindicación de las más de 50 organizaciones agrupadas en la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás y en la Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte.
Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, considera que la convalidación en la Diputación Permanente es «un paso absolutamente necesario para que la Comisión Europea pueda habilitar la llegada de los 6.800 M€ de fondos europeos que corresponden a España para poner en marcha las medidas del futuro Plan Social para el Clima». «Es una cantidad muy importante de dinero que servirá para ayudar a los usuarios más vulnerables. Por ello, pedimos a los grupos parlamentarios que faciliten la aprobación mayoritaria de este Real Decreto-Ley», añade. Bravo recuerda además que «en 2023, los eurodiputados españoles del PP, PSOE, PNV, EH-Bildu y Junts apoyaron la aprobación de estas directivas en la votación correspondiente del Parlamento Europeo. Les pedimos ahora coherencia con respecto a lo que votaron allí».
Mario Rodríguez, portavoz de la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás, subraya que la aprobación en el Consejo de Ministros y la posterior ratificación por la Diputación Permanente son «un paso muy importante no solo para el acceso a una vivienda digna, sino también para asegurar unas condiciones mínimas de habitabilidad, confort y salud de las personas que viven en ellas, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad».
Para Rodríguez, la asignación de estos 9.000 millones a la rehabilitación de viviendas «conlleva beneficios directos para las personas, pues va a facilitar una reducción importante de las facturas de la luz y el gas, al tiempo que va a permitir avanzar en la adaptación del parque residencial a los impactos cada vez más drásticos del cambio climático». Y concluye: «Es sin duda una herramienta fundamental, si bien insuficiente».
La rehabilitación del parque residencial y los planes de barrio son el eje del monográfico de Construnews sobre rehabilitación y regeneración urbana.



