Sonia Hernández: “Si la sostenibilidad se convierte en trámite, perderemos una oportunidad histórica de transformar el sector”

Entrevista a Sonia Hdez-Montaño, arquitecta especialista en bioconstrucción y arquitectura saludable. Fundadora del estudio Arquitectura Sana, en relación con el monográfico y entrevista coral, Materiales y sostenibilidad: incluyendo el pasaporte digital, la taxonomía europea y cómo las empresas están respondiendo a estas exigencias.

La sostenibilidad ha dejado de ser un atributo añadido para convertirse en un eje estructural del sector de la construcción. La entrada en escena del pasaporte digital de producto, la aplicación de la taxonomía europea y la creciente exigencia de trazabilidad y datos ambientales están modificando la forma de proyectar, construir y promover. En esta entrevista coral, distintos perfiles del sector analizan cómo está impactando esta transformación en su trabajo diario y qué retos y oportunidades plantea a medio plazo.

¿Cómo están cambiando los criterios de selección de materiales en proyectos y obras a raíz de las nuevas exigencias de sostenibilidad y del marco regulatorio europeo?

De momento, yo no percibo que esta estrategia esté provocando un cambio generalizado en los criterios de selección de materiales en proyectos y obras. Es verdad que ya existían estudios y casos de referencia que trabajaban con este “lenguaje”, normalmente por iniciativa propia y por un conocimiento profundo de la sostenibilidad, pero no tanto por una aplicación obligatoria y extendida de la normativa.

Dicho esto, es probable que el nuevo marco europeo actúe como acelerador para quienes todavía no estaban convencidos, aunque su efecto aún es limitado porque es muy reciente y el sector se mueve lento. Donde sí se observan avances desde hace más tiempo es en las industrias con mayor impacto ambiental, que ya venían ajustando procesos y productos; la diferencia es que ahora el marco regulatorio fija de forma más clara los límites y exigencias a cumplir, y convierte esas mejoras en un requisito más “real” y medible, no solo en una buena práctica.

Desde su experiencia, ¿la información ambiental disponible hoy sobre los materiales es realmente útil, comprensible y comparable para quienes proyectan, dirigen obra o promueven?

Hoy esa información ambiental no es suficientemente útil ni operativa para quien proyecta, dirige obra o promueve, sobre todo si el objetivo es comparar alternativas con seguridad.

No es plenamente comprensible ni comparable: conviven distintos lenguajes, metodologías y formatos fichas verdes, sellos, declaraciones parciales, lo que dificulta poner dos materiales lado a lado con criterios homogéneos. La trazabilidad y la verificación generan dudas: no siempre queda claro qué se ha medido, con qué alcance, qué hipótesis hay detrás y hasta qué punto es información auditada y consistente entre fabricantes y familias de producto.

Exceso de foco en el túnel del carbono: gran parte de la información sigue centrada en CO₂ embebido huella, cuando existen otros impactos críticos que no se leen igual ni se resumen en un único indicador. Y precisamente ahí es donde empiezan a apuntar los nuevos marcos: ampliar la mirada más allá del indicador base.

Impactos ligados a salud y toxicidad: faltan datos claros y comparables sobre aspectos como toxicidad, emisiones de sustancias peligrosas, microplásticos, compuestos persistentes y bioacumulativos, o incluso cuestiones específicas como radioactividad natural en ciertos materiales. En la práctica, estos impactos suelen quedar fuera o tratados de forma poco accesible para la toma de decisiones en obra.

Por lo tanto, hay más información que antes, pero todavía no está estandarizada, no es fácilmente comparable y no cubre bien impactos no climáticos, especialmente los vinculados a salud.

El pasaporte digital de producto apunta a ser una herramienta clave en los próximos años. ¿Cree que facilitará la toma de decisiones o añadirá una nueva capa de complejidad técnica y administrativa?

Creo que puede ser una herramienta muy útil, pero su impacto dependerá de cómo se implemente. Si se aterriza de forma sencilla, con un formato claro, interoperable y datos verificables, el pasaporte digital puede mejorar mucho la toma de decisiones: permitirá comparar opciones, conocer composición, origen, mantenimiento, fin de vida y, sobre todo, trazabilidad real a lo largo de la cadena.

Si se convierte en un mero cumplimiento burocrático, con información poco fiable o difícil de interpretar, añadirá una nueva capa de complejidad técnica y administrativa sin aportar valor, y su efecto será limitado, además de que se perderá la capacidad de introducir una herramienta útil.

El punto crítico es que demostrar trazabilidad exige un esfuerzo grande sistemas, control de proveedores, evidencias, y es esperable que haya resistencias: el pasaporte puede sacar a la luz zonas grises o impactos menos favorables de productos que hasta ahora se presentaban con autodeclaraciones poco contrastadas.

Por eso, para que funcione, hay que blindar la credibilidad: evitar el greenwashing con reglas de verificación, auditoría y seguimiento de calidad de datos. En teoría el marco está pensado para ello, pero habrá que vigilarlo de cerca para que el pasaporte sea una herramienta de decisión y no solo un trámite.

¿Qué dificultades reales encuentran los distintos agentes del sector para integrar datos ambientales, trazabilidad y criterios de circularidad en el día a día del proyecto y la obra?

Yo veo diversas dificultades: Presupuesto y tiempos: integrar datos ambientales, trazabilidad y circularidad implica más trabajo recopilar evidencias, contrastar proveedores, coordinar agentes, justificar decisiones y no siempre está contemplado en honorarios, plazos o estructura del proyecto.

Metodología y capacidad aplicada: aunque existan marcos y herramientas, el salto al día a día es complejo. Falta estandarización práctica y, a veces, formación para aterrizar requisitos en decisiones concretas de proyecto y obra sin bloquear el proceso.

Información y trazabilidad fuera del control directo: muchos datos dependen de terceros fabricantes, subcontratas, logística, origen de materias primas, procesos. Conseguir trazabilidad hacia atrás es difícil, especialmente cuando hay que bajar a escalas más pequeñas de la cadena de suministro.

Globalización y asimetría regulatoria: en productos o componentes que vienen de fuera de la UE, donde estas exigencias no son obligatorias, puede no existir la información, o venir en formatos no comparables, o con niveles de verificación insuficientes.

Dificultad conceptual: el riesgo de perderse en la metodología y convertirlo en un ejercicio de justificación o pura cuantificación. En el fondo, el objetivo debería ser que esos datos sirvan para reducir impactos y mejorar decisiones, no solo para medirlos y cumplir.

¿Está influyendo ya la taxonomía europea en la viabilidad económica de los proyectos, el acceso a financiación o la contratación pública?

En mi caso, quizá por trabajar a una escala más pequeña, todavía no percibo un impacto claro de la taxonomía europea en la viabilidad económica de los proyectos, el acceso a financiación o la contratación pública en mi entorno más cercano.

Intuyo que su efecto se notará antes en operaciones de mayor tamaño, como en el caso de promotores con financiación institucional, fondos, grandes carteras o proyectos con fuerte componente de reporting, pero en el tejido más de obra diaria aún parece un cambio incipiente: está más presente como marco de referencia y lenguaje emergente que como un criterio que hoy esté determinando de forma directa qué proyectos salen adelante y cuáles no.

¿Existe una brecha entre los objetivos normativos de sostenibilidad y los tiempos, costes y dinámicas reales de la construcción?

Sí, existe una brecha clara. La dirección es correcta, pero la implementación todavía no encaja bien con la realidad del sector, y eso genera fricción, lentitud y sensación de complejidad. En la práctica, los objetivos normativos van por delante de los tiempos, costes y dinámicas reales del sector. Se sigue priorizando el corto plazo: muchas decisiones continúan guiándose por el precio inmediato y por criterios clásicos que no incorporan el coste ambiental o los beneficios a ciclo de vida.

Cambiar el chip exige tiempo y margen de riesgo: hace falta reflexión, coordinación y capacidad de probar cosas nuevas, y eso choca con plazos ajustados, miedo a innovar, y la lógica de no complicarse para no asumir responsabilidades adicionales. Necesita un enfoque de cadena completa: para que funcione, debe haber alineación entre todos los agentes técnicos, constructora, promotora, industriales, proveedores, dirección facultativa. Si uno falla, el sistema se resiente.

Fragmentación y complejidad: tal y como se está introduciendo, por ejemplo en el CTE, da la sensación de que los objetivos aparecen por piezas, sin una visión integral que facilite decisiones coherentes.

¿Cómo está afectando esta transición a la relación entre promotores, proyectistas, direcciones facultativas, constructoras y proveedores de materiales?

Está afectando sobre todo en la necesidad de alineación y coordinación entre agentes. Cuando no comparten objetivos, lenguaje y criterios, aparecen fricciones: dificultades operativas, pérdida de visión de conjunto y decisiones contradictorias. La transición exige orquestar a todos a la vez: definir requisitos desde el inicio, repartir responsabilidades y acordar cómo se justifican datos ambientales, trazabilidad y circularidad sin improvisar en obra.

Además, hay un miedo transversal a lo desconocido riesgos técnicos, costes, plazos, responsabilidades. Por eso es clave incorporar perfiles con formación sólida en sostenibilidad, capaces de acompañar al equipo y dar seguridad.

¿Considera que arquitectos, arquitectos técnicos y equipos de obra están suficientemente formados para interpretar y aplicar correctamente esta nueva capa de información técnica y ambiental?

Justo hubo un debate AUS recientemente para hablar de los límites de los impactos ambientales en la formación de arquitectura. Todavía es algo tímido, y no estamos formando a los futuros profesionales en todos estos retos. Solo los que tienen este interés ahora mismo y están ejerciendo lo llevan a cabo. A veces la dificultad no es técnica, sino conceptual, al no entender el impacto y las estrategias básicas.

¿Qué riesgos identifica en una implantación acelerada de nuevas exigencias sin una coordinación clara entre normativa, industria y práctica profesional?

Los principales riesgos serían aumento de costes y sobrecarga administrativa, fracaso en los objetivos por mala implementación, más complejidad y desconocimiento en lugar de pedagogía, y un efecto desmotivador que deteriore la cultura de proyecto. Si todo se convierte en trámite, puede perderse el sentido y el valor que la arquitectura aporta a la sociedad bienestar, salud, identidad, durabilidad y cuidado del entorno.

Mirando a medio plazo, ¿qué oportunidades concretas puede generar esta transformación para mejorar la calidad del proyecto, la eficiencia de la obra y la competitividad del sector?

• Puede generar mejor calidad del proyecto y de la vida cotidiana, edificios más saludables, confortables y durables, con criterios que incorporen salud y materiales más seguros.
• Puede mejorar el impacto ambiental real más allá del CO₂, reducir residuos y toxicidad y favorecer decisiones coherentes con el ciclo de vida.
• Puede reducir costes totales a largo plazo mediante soluciones más robustas y reparables.
• Puede aumentar la eficiencia en obra gracias a mejor coordinación y menos improvisación.
• Y puede fortalecer la confianza social y la reputación del sector, además de abrir nuevas oportunidades profesionales en sostenibilidad, gestión de datos y circularidad.