Mariano Sanz Loriente: “La hiperregulación europea en sostenibilidad debe acompasarse a la realidad del sector”

El secretario general de la CNC analiza el impacto del pasaporte digital, la taxonomía europea y las exigencias ambientales en un sector formado mayoritariamente por pymes.

El Dato
El 98 % de las empresas del sector de la construcción son pequeñas y microempresas, un factor clave para entender el impacto real de la normativa europea. La Comisión Europea estima que las recientes medidas de simplificación podrían ahorrar a las empresas hasta 1.000 millones de euros anuales.

Entrevista a Mariano Sanz Loriente, Secretario General de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en relación con el monográfico y entrevista coral:Materiales y sostenibilidad: incluyendo el pasaporte digital, la taxonomía europea y cómo las empresas están respondiendo a estas exigencias.

La sostenibilidad ha dejado de ser un atributo añadido para convertirse en un eje estructural del sector de la construcción. La entrada en escena del pasaporte digital de producto, la aplicación de la taxonomía europea y la creciente exigencia de trazabilidad y datos ambientales están modificando la forma de proyectar, construir y promover. En esta entrevista coral, distintos perfiles del sector analizan cómo está impactando esta transformación en su trabajo diario y qué retos y oportunidades plantea a medio plazo.

¿Cómo están cambiando los criterios de selección de materiales en proyectos y obras a raíz de las nuevas exigencias de sostenibilidad y del marco regulatorio europeo?

De momento, tanto promotores como proyectistas y direcciones de obra están mostrando cierta resistencia al cambio, aunque poco a poco deberán irse adaptando a un marco regulatorio cada vez más exigente y a mayores requerimientos en materia de sostenibilidad.

Desde su experiencia, ¿la información ambiental disponible hoy sobre los materiales es realmente útil, comprensible y comparable para quienes proyectan, dirigen obra o promueven?

En mi experiencia, toda esa abundante información debería serles útil, comprensible y comparable, pero la realidad es que es tanta y, además, se actualiza continuamente, que nunca pueden tener la seguridad de disponer de la última versión.

“La sostenibilidad avanza, pero promotores, proyectistas y direcciones de obra muestran todavía cierta resistencia al cambio.”

El pasaporte digital de producto apunta a ser una herramienta clave en los próximos años. ¿Cree que facilitará la toma de decisiones o añadirá una nueva capa de complejidad técnica y administrativa?

Ambas cosas: puede facilitar la toma de decisiones una vez se haya superado la nueva capa de complejidad técnica y administrativa que añade.

¿Qué dificultades reales encuentran los distintos agentes del sector para integrar datos ambientales, trazabilidad y criterios de circularidad en el día a día del proyecto y la obra?

Resistencia al cambio por parte de las empresas y de las personas afectadas, sobrecostes añadidos, exceso de normativa y exigencia, la inexistencia de un criterio unificado en todos los territorios, la localización de vertederos y la gestión de residuos, entre otros factores.

¿Está influyendo ya la taxonomía europea en la viabilidad económica de los proyectos, el acceso a financiación o la contratación pública?

Está empezando a hacerlo.

“El pasaporte digital puede facilitar decisiones, pero añade una nueva capa de complejidad técnica y administrativa.”

¿Existe una brecha entre los objetivos normativos de sostenibilidad y los tiempos, costes y dinámicas reales de la construcción?

En general, en el ámbito de la Unión Europea —que en muchos casos es la base para la promulgación de normativa nacional— hemos asistido en los últimos años a una intensa actividad reguladora, en ocasiones con objetivos demasiado ambiciosos y costosos para las empresas del sector.

La propia UE es consciente de esta hiperregulación y de las cargas y costes que conlleva para las empresas, y por eso está proponiendo medidas de simplificación. En diciembre de 2025, la Comisión Europea presentó un paquete de medidas para simplificar diversa legislación medioambiental. Según la Comisión, estas medidas podrían suponer un ahorro anual de 1.000 millones de euros para las empresas.

Además, el legislador debería tener en mayor consideración la configuración del sector de la construcción, formado en un 98 % por pequeñas empresas y microempresas. Para estas, el volumen de normativa —europea, nacional, regional y local— puede resultar abrumador. Los objetivos deberían graduarse para que el sector contribuya a la transición ecológica y energética a un ritmo asumible, con tiempo y apoyo para su adaptación, sin minar su competitividad.

¿Cómo está afectando esta transición a la relación entre promotores, proyectistas, direcciones facultativas, constructoras y proveedores de materiales?

La relación entre estos agentes se está viendo alterada por la diferencia de intereses particulares de cada uno de ellos.

¿Considera que arquitectos, arquitectos técnicos y equipos de obra están suficientemente formados para interpretar y aplicar correctamente esta nueva capa de información técnica y ambiental?

Tengo la sensación de que la gran mayoría de técnicos todavía no están suficientemente formados para interpretar y aplicar correctamente esta nueva capa de información técnica y ambiental.

En lo que respecta a los equipos de obra, las nuevas normativas, objetivos, materiales y tecnologías requieren nuevas necesidades formativas. En España, el sector cuenta con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), que adapta su oferta formativa a los nuevos marcos normativos y retos del sector. En 2024, más de 110.000 personas se formaron a través de sus programas, y actualmente dispone de una amplia oferta en rehabilitación y construcción sostenible.

Esto demuestra que el sector está realizando un esfuerzo importante para contar con profesionales cualificados en aspectos medioambientales. Sin embargo, existe un problema de escasez de mano de obra que está frenando la actividad, ya que muchas empresas no pueden asumir nuevos proyectos por falta de personal. Es necesario atraer a más personas, especialmente jóvenes, para afrontar el relevo generacional.

¿Qué riesgos identifica en una implantación acelerada de nuevas exigencias sin una coordinación clara entre normativa, industria y práctica profesional?

Una implantación acelerada nunca es aconsejable, ya que difícilmente será asumible y entendible para las pymes. Es necesario que las grandes empresas actúen como referencia para el resto del sector.

Mirando a medio plazo, ¿qué oportunidades concretas puede generar esta transformación para mejorar la calidad del proyecto, la eficiencia de la obra y la competitividad del sector?

La transición ecológica y energética ya está marcando el presente del sector y tendrá cada vez mayor peso en el futuro. Eficiencia en el uso de los recursos, reducción de emisiones a lo largo del ciclo completo de construcción, operación y mantenimiento, eficiencia energética, gestión de residuos de construcción y demolición, uso de materiales secundarios y procesos constructivos con menor impacto ambiental son aspectos clave del presente y del medio plazo.

No obstante, es necesario tener en cuenta el coste que todo ello puede suponer, y que el cliente, tanto público como privado, sea consciente de ello.

“Una implantación acelerada de nuevas exigencias no es asumible para las pymes y puede afectar a su competitividad.”

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