Salvador Ivorra: «El 80% de las viviendas en zonas sísmicas en España no tienen capacidad sismorresistente»

Las recientes y trágicas imágenes del terremoto de magnitud 7,2 en Venezuela han reabierto el debate técnico sobre la seguridad estructural en entornos urbanos consolidados. En esta entrevista a Salvador Ivorra Chorro, Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, de la Universidad de Alicante, analiza en esta entrevista para Construnews las lecciones urgentes que deja este sismo para España.

Y advierte de que, a pesar de contar con normativas sólidas, el envejecimiento patrimonial y la falta de adopción total de los eurocódigos europeos generan una «vulnerabilidad residual» crítica en nuestro parque edificatorio y de infraestructuras.

Las imágenes del reciente terremoto de Venezuela nos recuerdan de forma trágica el impacto de la actividad sísmica en entornos urbanos consolidados. Desde la perspectiva de la ingeniería civil estructural, ¿cuáles diría que son las principales lecciones de urgencia que este sismo deja para el contexto español?

Lo primero y más evidente que observamos al analizar el caso de Venezuela es que una cantidad muy importante de edificios han colapsado por completo. No estamos hablando solamente de construcciones que a priori podríamos catalogar como vulnerables, como las estructuras de obra de fábrica o mampostería tradicional, sino que vemos también grandes edificaciones modernas de hoteles que presentan daños estructurales severos o que se han derrumbado totalmente. Esto nos demuestra que se trataba de inmuebles que, a pesar de ser contemporáneos, carecían de las disposiciones sismorresistentes adecuadas para asimilar y soportar un movimiento telúrico de esta envergadura.

Hay que tener en cuenta que nos hemos enfrentado a una magnitud muy elevada, concretamente de 7,2. El factor agravante fue que, una vez que los edificios ya se encontraban seriamente dañados y debilitados por el evento principal, sufrieron una segunda réplica de un nivel de intensidad equiparable. Esta concatenación de eventos implicó que el daño inicial sufrido por las estructuras se amplificara de forma drástica, desencadenando la cadena de colapsos que hemos visto.

Si trasladamos esta experiencia a España, la situación en nuestro parque edificado podría ser peligrosamente similar. Es cierto que los edificios modernos construidos bajo códigos recientes, digamos desde los años noventa del siglo pasado hasta el día de hoy, se han diseñado aplicando una normativa sismorresistente relativamente adecuada. Sin embargo, el problema radica en el enorme volumen de patrimonio construido que tenemos en el país, el cual sencillamente no resistiría un sismo de estas características. Y no me refiero únicamente al patrimonio histórico protegido; hablo de bloques de viviendas ordinarios construidos en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta que, aun estando ejecutados en hormigón armado, sufrirían daños estructurales de extrema gravedad.

Casi dos millones de viviendas en España están construidas en zonas de alta sismicidad de forma anterior al año 2011.

¿Y hasta qué punto es lícito entonces, a partir de lo que dices, trazar un paralelismo con el parque edificatorio e infraestructural de las zonas de mayor riesgo sísmico de España, como el sureste peninsular o los Pirineos?

Es un paralelismo totalmente justificado y fundamentado en datos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se elaboró un estudio técnico con bastante profundidad utilizando como base los datos del catastro. A través de la edad de los inmuebles y su tipología constructiva, se pudo trazar un mapa de peligrosidad estructural en función del riesgo sísmico de la zona. Los resultados nos obligan a ser realistas: abordar desde un punto de vista global y simultáneo el refuerzo de todo ese conjunto de estructuras es algo absolutamente inviable desde la perspectiva económica. No hay presupuesto que pueda absorberlo de golpe. Por lo tanto, la estrategia debe pasar por ir ejecutando estas mejoras de forma periódica, aprovechando cada una de las intervenciones y rehabilitaciones puntuales que se vayan realizando en los edificios. Paralelamente, la administración y los técnicos debemos ser extremadamente vigilantes para asegurar que toda nueva edificación cumpla a rajatabla y bajo los criterios más estrictos la normativa sismorresistente.

Las cifras del patrimonio ya construido que tenemos sobre la mesa son contundentes. Según unos cálculos numéricos que realicé hace unos años, en España existen actualmente cerca de 9.700.000 viviendas ubicadas en zonas con actividad sísmica. De todo ese volumen, tenemos casi dos millones de viviendas construidas en zonas consideradas de alta sismicidad que son anteriores al año 2011. Esto nos lleva a una conclusión alarmante: aproximadamente el 80% de las viviendas situadas en áreas de riesgo en nuestro país no estarían dotadas de una capacidad sismorresistente real ante eventos severos.

En una entrevista anterior en Construnews, acuñaste el término de «vulnerabilidad residual», explicando que el problema de las obras antiguas no es un incumplimiento normativo, sino el envejecimiento frente a criterios actuales mucho más exigentes. Llevando este concepto a la sismorresistencia, si mañana ocurriera un evento equivalente en el sur de España, ¿nuestras carreteras, puentes y la red ferroviaria estarían preparadas para asimilar el impacto sin colapsar?

Para responder a esto, permítame volver a poner la mirada un momento en el sismo de Venezuela para analizar primero la edificación y saltar después a las infraestructuras. En España podemos encontrarnos con multitud de edificios residenciales construidos entre los años setenta y ochenta. Partamos de la base de que los técnicos, ingenieros y constructores de la época fueron rigurosos y cumplieron minuciosamente con la norma sismorresistente vigente en aquel momento concreto. Esas estructuras nacieron, por tanto, con una cierta capacidad sismorresistente teórica. El problema es temporal: desde los años setenta hasta el actual año 2026 han transcurrido ya prácticamente cincuenta años. Durante este medio siglo, aquellos edificios ubicados, por ejemplo, en entornos cercanos a la costa han sufrido un proceso continuo de deterioro, principalmente motivado por la corrosión interna de sus armaduras. Esto significa que han ido perdiendo de manera progresiva aquella capacidad sismorresistente original que poseían en el momento de su entrega. El simple paso del tiempo y el envejecimiento de los materiales degradan silenciosamente la seguridad ante terremotos.

Si trasladamos este mismo escenario al terreno de las infraestructuras públicas, nos encontramos con una realidad muy similar. Una parte verdaderamente crucial de nuestro patrimonio vial, como son los puentes de las carreteras, está ejecutada en hormigón armado. El hormigón armado utilizado en aquellas décadas pasadas no contaba, ni de lejos, con las propiedades y exigencias de durabilidad química y estructural de las que disponemos hoy en día, lo que ha acelerado su deterioro ambiental. Es muy probable que esas estructuras se calcularan bajo las normativas de los años sesenta y setenta, aplicando con rigor las mejores técnicas disponibles en su época. Sin embargo, la combinación de ese desgaste material acumulado junto con el avance del conocimiento científico actual, que nos demuestra que las acciones y fuerzas que inciden sobre las estructuras son diferentes y más exigentes, obligando a modificar las leyes, lo que provoca que estos puentes sufran exactamente esa misma vulnerabilidad residual de la que alertaba en mis anteriores artículos.

El proceso de envejecimiento y la corrosión deterioran gravemente la capacidad sismorresistente original de los edificios e infraestructuras de los años 70.

Has abogado fuertemente por seguir el modelo italiano (como las iniciativas de ANSFISA o el Consorzio FABRE) para impulsar programas estables de reevaluación de capacidad y fatiga en infraestructuras. Ante una realidad sísmica cambiante, ¿debería España crear de forma urgente un plan nacional específico de auditoría sísmica para puentes y viaductos antiguos? ¿Cómo se mediría el éxito de un plan así?

Es un planteamiento sumamente interesante. No obstante, conviene matizar un aspecto: la situación física o la peligrosidad sísmica de la Tierra no es que cambie por sí misma, sino que en España operamos con una variable histórica distinta a la de otros países vecinos. Por suerte o por desgracia, a diferencia de lo que ocurre en Italia, en el territorio español sufrimos un terremoto de gran envergadura cada varias generaciones; es decir, de manera cíclica cada 100 o 150 años. Este dilatado espacio de tiempo provoca un fenómeno social peligroso: se pierde por completo la conciencia generacional del riesgo. Al no haber sufrido un sismo devastador en carne propia ni haberlo visto de cerca, la población olvida que podemos tener un problema de dimensiones catastróficas al lado de nuestras casas. En Italia la realidad es opuesta; allí registran un sismo de gran importancia de forma periódica cada 10 o 15 años, y es habitual ver en la prensa puentes, viaductos y patrimonio edificado completamente destruidos.

Por ello, impulsar un Plan Nacional centrado en auditar la resistencia sísmica de nuestras construcciones es una medida importante. Sin embargo, considero que no deberíamos limitarlo en exclusiva al sismo. Un plan verdaderamente eficaz debe integrar otras variables críticas actuales, como el cambio y aumento en el tonelaje de las cargas de los vehículos pesados que transitan por las carreteras, o el incremento notable en las frecuencias de paso que registran nuestras líneas ferroviarias.

En este sentido, el convenio del Consorcio Fabre desarrollado en Italia es un modelo ejemplar, ya que apuesta por una monitorización continua y digitalizada de las infraestructuras. Esto permite monitorizar prácticamente en tiempo real el comportamiento estructural de los puentes. Si se llega a producir un fallo material, aunque sea en un elemento estructural estructuralmente pequeño o a un nivel de envergadura muy reducido, los sensores captan de inmediato las variaciones anómalas. Esto abre la puerta a un mantenimiento predictivo y ágil, interviniendo de manera localizada mucho antes de que el daño se magnifique y requiera una obra de gran envergadura o provoque un colapso generalizado.

Es bien conocida tu postura activa en la comunidad científica en defensa de una normativa sísmica coherente y la aplicación directa sin trabas de los eurocódigos europeos, como el Eurocódigo 8, dedicado al proyecto de estructuras sismorresistentes. ¿Por qué sigue siendo tan compleja la homologación total en España y qué riesgos reales corremos si ralentizamos la aplicación del Eurocódigo 8?

Como he venido manifestando públicamente en diversos foros, existen numerosos comités y colectivos de profesionales trabajando intensamente en toda Europa con el objetivo de unificar y mejorar el marco normativo internacional, abarcando desde las acciones en las estructuras hasta los materiales como el hormigón (Eurocódigos 1, 2, etc.). Disponer de este corpus de conocimiento técnico avanzado es la vía idónea para homogeneizar las normativas que aplicamos en España. Empeñarse en redactar y mantener una norma estrictamente propia para el hormigón armado o las estructuras metálicas va, en cierta medida, en contraposición directa con la tendencia que seguimos en el resto de sectores legislativos, donde los reglamentos europeos se trasponen de forma directa y automática al ordenamiento jurídico español.

Es indiscutible que en España hemos tenido, y tenemos, un cuerpo de normas nacionales excelente. Nuestras reglamentaciones de hormigón armado y de estructuras mixtas o metálicas gozan de una solidez contrastada y están muy asentadas en la práctica profesional. Sin embargo, no podemos dar la espalda a la necesidad de avanzar hacia esa transición europea que nos facilite incorporar los nuevos descubrimientos y progresos del conocimiento científico de forma ágil. Lamentablemente, se percibe una reticencia notable por parte de determinados colectivos profesionales a dar este paso definitivo hacia la integración europea total.

Hace tiempo se realizó un intento de traslación del Eurocódigo 8 al ámbito español, pero nos topamos con un problema de encaje sistémico. El Eurocódigo 8 no funciona de manera aislada; hace referencia constante e interactúa con otros eurocódigos de la misma familia que regulan aspectos estructurales básicos, tales como los coeficientes de ponderación de las cargas, los coeficientes de inercia o los detalles constructivos específicos. Por lo tanto, limitarnos a realizar una transposición exclusiva y aislada del Eurocódigo 8, dejando fuera el resto de la normativa europea asociada, nos dejaría en una posición técnica coja e incongruente.

La realidad normativa en España es preocupante: la norma de construcción sismorresistente para edificación (NCSE) data del año 2002. Aunque es un texto sólido que nos ha respaldado de forma aceptable, implica que estamos ignorando los 25 años de mejoras tecnológicas, lecciones de sismos reales y avances científicos que Europa sí ha incorporado en sus textos. Con los puentes ocurre algo similar; contamos con una norma algo más moderna, pero sigue estando sumamente rezagada respecto a las exigencias paneuropeas actuales. En un plazo breve de tiempo está prevista la salida de una nueva actualización general de los eurocódigos que supondrá otro salto cualitativo hacia delante. España debe dejar de postergar este asunto, asumir su responsabilidad y actualizarse mediante una transposición idéntica a la que se realiza con cualquier otra directiva comunitaria.

La transposición del Eurocódigo 8 de forma aislada nos dejaría cojos; es urgente adoptar de forma total e integrada el marco normativo europeo.

Diseñar pensando en sismorresistencia tradicionalmente significaba «sobredimensionar» estructuras, lo cual implica usar más hormigón y más acero. Sin embargo, en Construnews usted afirmó de forma rotunda que la sostenibilidad hoy se mide de forma real en «kilovatios, metros cúbicos y toneladas de CO₂ evitadas». ¿Cómo se equilibra el reto de hacer estructuras altamente sismorresistentes en España sin disparar la huella de carbono de los materiales utilizados?

El equilibrio es posible si cambiamos el paradigma actual. En primer lugar, para hablar de sostenibilidad real en el sector de la construcción, la prioridad absoluta debe ser recuperar y consolidar nuestro patrimonio existente, en lugar de recurrir a la demolición sistemática de edificios antiguos para levantarlos de nuevo bajo criterios sismorresistentes. Hoy en día disponemos de la tecnología y los sistemas de ingeniería necesarios para dotar de una alta capacidad sismorresistente a construcciones que carecían por completo de ella en el momento de su edificación. De hecho, actualmente lideramos un proyecto de investigación encuadrado en el Plan Nacional, enfocado específicamente en desarrollar metodologías y sistemas de refuerzo para mejorar estructuralmente los edificios residenciales de la década de los sesenta.

La clave para alcanzar ese equilibrio reside en la racionalidad del diseño arquitectónico y estructural. El planteamiento no debe ser añadir de forma indiscriminada más metros cúbicos de hormigón o más toneladas de acero; esos materiales deben colocarse de manera estratégica únicamente allí donde técnica y estrictamente se necesitan. Conseguir esto es tan sencillo como proyectar estructuras más simétricas, buscando configuraciones geométricas equilibradas tanto en planta como en alzado. Debemos evitar la obsesión por salvar luces extraordinarias o diseñar disposiciones de pilares extrañas o caprichosas. Un diseño geométrico limpio y simétrico es plenamente compatible con un comportamiento excelente ante el sismo y, al mismo tiempo, es absolutamente respetuoso con las exigencias de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono. Cuando nos empeñamos en realizar grandes alardes estéticos o estructurales, nos vemos obligados a incrementar las secciones de los elementos y a armar con densidades de acero desproporcionadas. La optimización y el sentido común son las mejores herramientas ecológicas.

Más allá de las grandes infraestructuras públicas, el ciudadano de a pie observa desastres como el de Venezuela con lógica preocupación por su propia vivienda. ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías de refuerzo estructural (como los materiales compuestos o la monitorización estructural activa mediante sensores) para actualizar el parque residencial español sin necesidad de demoler?

En nuestras investigaciones sobre el parque residencial convencional, uno de los puntos críticos y recurrentes que detectamos se localiza de forma inequívoca en los pilares situados en las plantas bajas. Es ahí donde suele concentrarse el talón de Aquiles de la edificación. En multitud de ocasiones, estos elementos han sufrido un deterioro severo por procesos de corrosión derivados del contacto prolongado con la humedad del subsuelo. Es un peligro invisible, ya que son patologías que permanecen ocultas a los ojos de los usuarios. Este punto es el más delicado de toda la estructura debido a que los esfuerzos cortantes extremos que genera la sacudida de un sismo se transmiten directamente hacia la base a través de dichos pilares de planta baja. Una intervención localizada de reparación y refuerzo en estos elementos críticos elevaría de forma drástica la seguridad general de todo el inmueble.

Por otra parte, llevar a cabo una supervisión directa de los nudos y zonas de unión entre vigas y pilares resulta sumamente complejo en el ámbito residencial, dado que se encuentran revestidos y tapados por los paramentos y acabados de las viviendas. Por ello, se deben plantear soluciones de refuerzo exteriores que sean sencillas y viables de ejecutar. Con respecto a la implantación de tecnologías de alta complejidad técnica —como pueden ser la instalación de aisladores elastoméricos de base o sistemas dinámicos basados en actuadores hidráulicos activos—, sinceramente veo muy difícil su viabilidad técnica y económica en la edificación residencial convencional, quedando su uso restringido a grandes infraestructuras estratégicas.

En lo que respecta a la monitorización estructural activa mediante sensores aplicada a los terremotos, hay que ser realistas sobre su alcance: aporta muy poco de manera directa durante la catástrofe. Su función consiste en radiografiar y reportar en qué estado de salud se encuentra la estructura de manera continua. Nos permite conocer su evolución frente al envejecimiento, pero dado que una acción sísmica se desencadena y destruye una estructura en una ventana de escasos segundos, los sistemas de monitorización no ofrecen margen ni tiempo físico de respuesta para que podamos intervenir mecánicamente sobre el edificio para salvarlo. El valor real de estos sensores se centra en la fase posterior: si el terremoto solo causa un daño menor o una fisuración leve, los datos nos permiten evaluar con precisión la seguridad post-evento para decidir si el edificio es habitable o requiere desalojo.

Si tuviera que definir la máxima prioridad presupuestaria y técnica del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible de cara al próximo año en materia de seguridad ante catástrofes naturales, ¿cuál sería su veredicto? ¿Construir con nuevas normativas o intervenir de inmediato lo ya construido?

Sin lugar a dudas, y es una postura que ya he defendido firmemente en anteriores ocasiones, la política de mantenimiento y conservación de lo que ya tenemos construido es infinitamente más importante y prioritaria que la inversión en nuevas grandes obras de infraestructura. Si analizamos los flujos de movilidad del país, las redes de transporte de cercanías dan servicio y desplazan diariamente a millones de ciudadanos y trabajadores en contraposición con las líneas de larga distancia o alta velocidad, que registran flujos mucho menores. Por tanto, mi veredicto técnico es rotundo: el Ministerio debería ejecutar de manera inmediata una auditoría y revisión técnica profunda de todo el patrimonio de infraestructuras vinculado a las redes de cercanías, destinando allí una partida presupuestaria de envergadura para garantizar su seguridad sismorresistente y estructural.

Para entender la dimensión del problema, conviene analizar las consecuencias de un fallo: si un sismo severo provoca el colapso de un viaducto en una línea ferroviaria de alta velocidad, la consecuencia directa será la desconexión operativa de varias comunidades autónomas, lo cual es grave. Sin embargo, si ese mismo fallo estructural se produce en los puentes y viaductos que cruzan los núcleos urbanos de las áreas metropolitanas de Valencia o de Barcelona, el impacto social es catastrófico. Estaríamos hablando de dejar instantáneamente a cientos de miles de personas completamente aisladas, bloqueadas y sin posibilidad física de desplazarse a sus puestos de trabajo, a los hospitales o a las universidades. Al quedar inutilizado el sistema de cercanías, toda esa masa de población intentaría moverse de forma simultánea de manera privada, trasladando el colapso estructural directo hacia la red de carreteras, paralizando la actividad económica de la región. Es en la seguridad de este transporte cotidiano donde nos jugamos el futuro del país, una reflexión que, aunque formulada aquí a vuela pluma, considero crucial.

A modo de conclusión, ¿qué reflexiones finales nos deja la experiencia de este último sismo?

En este punto me toca ser completamente franco y mojarme de forma clara. Considero que la sociedad española en general, incluyendo a aquellos ciudadanos que residen de forma efectiva en zonas de contrastada actividad sísmica, carece por completo de conciencia acerca del riesgo real en el que vive. Quienes nos dedicamos profesionalmente a la ingeniería estructural sí somos plenamente conscientes de ello, pero el ciudadano de a pie ignora por completo que habita en una región donde los terremotos son una posibilidad física real. No existe percepción social alguna del riesgo cuando una persona acude al mercado inmobiliario y adquiere una vivienda que cuenta con 50 o 100 años de antigüedad, ignorando que ese inmueble posee una capacidad sismorresistente nula o extremadamente deficiente según los estándares actuales.

Como afortunadamente estos desastres ocurren lejos de nuestras fronteras, la población civil experimenta una falsa sensación de inmunidad y no asimila que las tragedias que contempla en televisión pueden reproducirse exactamente igual en su propio territorio. Debemos empezar a reflexionar con madurez técnica; cuando vayamos a comprar un inmueble, es nuestra responsabilidad exigir comprobar si dicha vivienda reúne los criterios mínimos sismorresistentes, así como cerciorarnos rigurosamente de que las promociones de obra nueva cumplen estrictamente los códigos de seguridad. Sé perfectamente que afirmar esto con tanta contundencia es fuerte y que probablemente me gane detractores o me hagan la cruz en zonas como Alicante, pero mantengo firmemente que en España vivimos instalados en una absoluta falta de conciencia frente al sismo. A veces parecemos tratar este fenómeno desde una perspectiva puramente folclórica o anecdótica cuando se registra un pequeño temblor, pero la cruda realidad de la geología nos demuestra que estamos metidos exactamente en la misma ruleta de riesgo en la que se encuentran países como Venezuela, Turquía o determinadas regiones de Italia. Es factible que nuestros niveles de intensidad histórica no registren picos tan extremos como los suyos, pero el peligro está latente. La historia escrita nos recuerda que han transcurrido ya casi doscientos años desde el último gran terremoto devastador ocurrido en la península ibérica. El tiempo pasa y, nos guste o no admitirlo, seguimos jugando en esa ruleta.