El arquitecto Santiago Cirugeda Parejo, fundador del estudio Recetas Urbanas, repasa en esta tribuna sus tres décadas de trayectoria en los márgenes de la normativa urbanística.
A través de iniciativas de autoconstrucción, ocupación temporal de solares, autorehabilitación residencial y colaboraciones internacionales como la desarrollada junto a EMBT en Praga, Cirugeda reivindica la arquitectura como un dispositivo de acción política, inclusión social y transformación colectiva.
Este texto forma parte de «Horizontes Abiertos», una serie de publicaciones comisariada por Luis Sans Llopis para Construnews que aprovecha el periodo estival para invitar a destacados arquitectos e intelectuales a compartir su visión teórica sobre el presente y futuro de la disciplina. Pensada para disfrutarse con calma durante el verano, la iniciativa trasciende la mera descripción de proyectos para ofrecer una mirada holística, panóptica y profunda que pone en el centro la reflexión personal sobre la tecnología, la filosofía del oficio, las dinámicas socioambientales y la escala humana.
Inmaduro urbanístico
Estoy escribiendo desde un atasco, camino de la playa porque un amigo me ha pedido que participe en una tribuna sobre el presente y el futuro de la arquitectura. Es verano, estoy de vacaciones y probablemente debería estar pensando en otras cosas. Pero los amigos están para estas cosas. También para molestarte durante las vacaciones y después que te invite a unas cervezas. Me expulsaron de la Escuela de Arquitectura de Sevilla después de nueve años estudiando. En realidad, llevaba bastante tiempo haciendo cosas que no encajaban demasiado bien con lo que se esperaba de un estudiante de arquitectura. Recuerdo especialmente que uno de mis profesores llegó a llamarme «inmaduro urbanístico». Probablemente tenía razón.
Desde el segundo año de carrera ya estaba planteando situaciones en la ciudad que, vistas desde la enseñanza convencional de entonces, no parecían demasiado razonables: colocar contenedores con columpios, habitar andamios en fachadas, ocupar azoteas, plantear viviendas que no estaban previstas por ningún planeamiento. No lo hacía porque tuviera una teoría muy sofisticada sobre la ciudad. Simplemente me interesaba saber qué podía ocurrir si los ciudadanos dejaban de ser espectadores y empezaban a intervenir directamente en ella. Me suspendieron urbanismo varias veces; hasta que me expulsaron, pero tuve la suerte de poder finalizar en la Universidad Internacional de Cataluña, donde conocí a Lluis, que es precisamente quien ahora me ha metido en este lío. Curiosamente, me querían fichar para ser profesor de urbanismo.
Aquel diagnóstico de «inmadurez», quizás lo decía por no aceptar las reglas convencionales del juego.
Durante las tres últimas décadas hemos seguido intentando hacer arquitectura desde una posición incómoda. Hemos trabajado en viviendas sociales donde las personas pudieran participar en construcción o autorehabilitación, ocupado solares para demostrar que podían tener otros usos y, en algunos casos, esas ocupaciones terminaron provocando cambios normativos. Hemos construido aulas abiertas, lugares de encuentro, equipamientos sociales, incluso cortado alguna carretera.
Algunas de esas primeras experiencias eran directamente ilegales o alegales, simplemente porque la normativa se ponía en contra o no contemplaba esa posibilidad. Muchas veces hablamos de la Administración como si fuera un enemigo al que hay que convencer o engañar. No siempre es así. Las administraciones son también las que pueden convertir una experiencia pequeña y marginal en una política pública.
Nos hemos constituido como estudio de arquitectura, constructora, equipo de formación, asociación cultural, mediadores, etc. Todo por tener distintas formas legales dentro de nuestra práctica, política y profesional, al borde de la ley. Una constructora convencional construye para producir un bien y obtener un beneficio económico. Nosotros lo hacemos para poder incluir a diferentes grupos e individuos en los procesos de diseño y construcción de su entorno. Normalmente, suplantando a administraciones que no han resuelto sus necesidades o el cumplimiento de alguno de sus derechos. Es entonces cuando los límites profesionales empiezan a ampliarse y deformarse. Donde el ciudadano empieza a tener protagonismos sobre el entorno donde vive.
No me interesa demasiado la arquitectura como producción de objetos, sino como excusa para involucrar al ciudadano en el proceso de construcción y gestión de sus derechos. Por supuesto, todo disfrutando de miles de personas, que tienen diversidad de razones o motivaciones para participar en un proyecto en el que, muchas veces, no serán los usuarios finales. Risas, conversaciones, música, besos, aprendizajes y apoyo mutuo, han inundado todas nuestras obras. La escala de los proyectos ha permitido que, desde el diseño, la participación, la construcción y el “inaugurado en construcción” que hemos hecho siempre del recinto de obra, que desde su apertura ya permitía y fomentaba actividades culturales, formativas y sobre todo afectivas.
Pensando en la supervivencia como profesional, cada vez veo más compañeros y compañeras que tienen que marcharse a otros países para encontrar trabajo: Arabia Saudí, Catar, Alemania, Suecia, etc., incorporándose a grandes empresas donde el arquitecto se convierte en una pieza muy especializada dentro de una maquinaria enorme. Los pequeños estudios tenemos cada vez más dificultades. La burocracia es siempre más exigente y hay menos margen para experimentar. Y mientras rellenamos documentos, la ciudad cambia a una velocidad enorme.
Por cierto, me parece que mi amiga Benedetta Tagliabue también escribe en estas tribunas de verano. Bene, si me estás leyendo, ¡hola! y ve pillando vermut. En este caso hablo de Benedetta, porque nos invitó a colaborar en algunos proyectos. Especialmente interesante fue el de incorporar cláusulas sociales en su propuesta para el concurso, por invitación, para la estación de trenes de Praga.
Siendo un estudio internacionalmente reconocido y acostumbrado a proyectos de gran escala, se presentó como una ocasión de incorporar nuestra experiencia directa con los usuarios en un proyecto de esa escala. Por supuesto que habría gente viviendo alrededor de esa estación, algunos en la calle o en el parque de al lado. Gente migrante, personas con problemas de salud mental o adicciones. Habrá entornos escolares, viandantes y entidades sociales que llevaban años trabajando en esos barrios. Así que hablamos con esas entidades sociales de Praga e intentamos incorporar esa realidad al proyecto. Lo más doloroso es que cuando se presentó la propuesta el propio jurado tuvo que reconocer que no tenía técnicos sociales para evaluar la propuesta.
De las diez propuestas que se presentaron, diez equipos de un nivel muy alto y con muchísimo volumen de trabajo, la única que incorporaba una mirada más social a través de nuestro acompañamiento era la propuesta del estudio de Benedetta. Había técnicos para evaluar la movilidad, la estructura, el paisaje, los aspectos económicos… Pero no había nadie que pudiera hacer una valoración social.
Sigo pensando que una normativa inexistente o mal redactada o un sistema burocrático limitante y torpe, no puede impedirnos usar la arquitectura como vía de resolución de conflictos. Pero hay situaciones en las que simplemente no existen las herramientas legales para hacer algo que consideramos correcto. Nos está ocurriendo ahora, por ejemplo, con la idea de autorehabilitar vivienda para que personas con pocos recursos puedan participar directamente en la transformación de sus casas y de sus barrios. No tenemos todavía un marco normativo que facilite estas experiencias.
Entonces aparecen los pequeños trucos, los resquicios, las medias verdades, las negociaciones interminables. Lo hacemos porque queremos encontrar una manera de hacerlas bien cuando el sistema todavía no sabe cómo incorporarlas. No solamente como la disciplina que cumple las normas existentes, sino como una práctica capaz de detectar cuándo las normas ya no responden a la realidad. Después de treinta años estamos un poco cansados de pelear, de justificar, de negociar, de buscar resquicios. Quizá el futuro consista precisamente en seguir haciendo pequeñas cosas que, sumadas, puedan producir algo más grande. Porque una pequeña intervención puede ser enorme si modifica la capacidad de una comunidad para seguir transformando su entorno. Y quizás ese sea el verdadero reto de la arquitectura que viene.
No construir edificios cada vez más grandes, más inteligentes o más sofisticados, sino conseguir que cada vez más personas puedan participar en la construcción de aquello que les afecta. Sigo pensando que la arquitectura puede servir para eso. Y si para algunos eso continúa siendo inmadurez urbanística, tampoco me preocupa demasiado. A estas alturas ya le he cogido cariño.
 analiza en Construnews la autoconstrucción, las cláusulas sociales y los límites de la burocracia urbana.){kind=link}