El Primer Foro Técnico Ibiza, coorganizado por Ibiza Observatorio Edificación y Construnews, reunió el 16 de octubre en el Auditori Caló de s’Oli de Sant Josep de sa Talaia a los representantes de los cinco colectivos técnicos y empresariales de la edificación en la isla.
Bajo el lema «Ibiza, techo de población para nuestra isla«, el debate dejó un diagnóstico compartido: los recursos de agua, saneamiento, residuos y movilidad ya están por debajo de la población real en temporada alta, la vivienda protegida no es viable con los costes actuales y los técnicos reclaman un marco legal estable, ajeno a los ciclos políticos, para poder actuar.
Durante cerca de dos horas, Lluís Oliva (Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears, delegación de Ibiza y Formentera), David Berlanga (COETIB), Consuelo Antúnez (Asociación de Constructores de Baleares), Mar Pacheco (Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ibiza y Formentera) y Juan Tur (COEIB) contrastaron sus posiciones a partir de los datos aportados por Juan Planells y Antonio Calvo, fundadores de Ibiza Observatorio Edificación. El encuentro fue moderado por Xavier Jiménez, director de Construnews, quien abrió la sesión subrayando que en un contexto tan complejo «no podemos debatir sobre ‘yo pienso’ o ‘mi intuición’; si no hablamos sobre datos y cosas concretas, no podemos definir de qué estamos hablando».
Cinco colegios, una misma problemática
En la ronda de presentación, cada ponente situó el papel de su colectivo. Lluís Oliva recordó que el diseño de los edificios y el planeamiento urbanístico «recaen, en principio, en los arquitectos», por lo que la profesión debería ser «más preventiva y más proactiva». David Berlanga describió a los ingenieros técnicos industriales como los responsables de que los edificios «tengan venas y arterias y puedan funcionar». Consuelo Antúnez reivindicó a los constructores como quienes «tienen que ejecutar todo lo que los demás diseñan». Mar Pacheco habló desde «la experiencia directa en la ejecución de las obras» y coincidió en que todos forman «parte de un equipo con la misma problemática». Y Juan Tur advirtió de que los ingenieros industriales son a menudo «los que quitamos los límites, porque sabemos que hay soluciones técnicas», aunque sin perder de vista «cómo queremos vivir y con qué calidad».
Los datos: 180.000 residentes en 2030 y una presión un 32% superior a lo prudente
Juan Planells abrió el bloque de población, turismo y capacidad con una advertencia: no existen fórmulas oficiales para fijar un techo de población, por lo que el Observatorio ha trabajado con «hipótesis técnicas y estadísticas». Ibiza cuenta hoy con 163.755 habitantes según el censo de 2025 y, con un crecimiento anual moderado del 2%, alcanzará unos 180.000 en 2030: «En cinco años seremos 17.000 personas más en esta isla».
A partir de ahí, el Observatorio ha aplicado dos indicadores de referencia europea: la Población Equivalente Insular (PEI), que suma población residente, estacional y turística y la cruza con la carga contaminante, el agua y los residuos; y el Índice de Capacidad de Carga Insular (ICI), que pondera población, turismo, agua, saneamiento, residuos, territorio e infraestructuras. El resultado para 2030 es un índice de 132,1, «un 32% por encima de lo que se considera prudente» tomando como referencia islas como Menorca. El punto de presión máxima, aquel en el que «estallarían los recursos energéticos, el agua y los residuos», se situaría en torno a las 317.000 personas simultáneas.
Lluís Oliva consideró incluso «muy conservador» ese 32% adicional y señaló al modelo turístico como causa principal: «La isla de Ibiza vive de y para el turismo. No hay que ser hipócritas, vivimos de eso. Pero estamos llegando a un punto en el que ese sistema tiene que empezar a cambiar». Recordó que el territorio es limitado —»o empezamos a hablar de ganar terreno al mar, que no tiene mucho sentido, o a ir hacia arriba»— y que este mismo año varias zonas han sufrido problemas de abastecimiento de agua.
La nota discordante la puso David Berlanga, que se definió como «una persona con mucha fe»: «Por Ibiza han pasado fenicios, púnicos, romanos, musulmanes, corsarios… y la cosa siempre ha funcionado. A la pregunta que has hecho, creo que no hay techo». A su juicio, «todo lo técnico es reparable» y habrá que ayudar a la clase política a «permitir subir más plantas».
Consuelo Antúnez respondió que «algún límite tiene que haber, puesto que Ibiza tiene un límite físico», pero matizó que muchos de los fallos vividos el último año se deben a que «no se han hecho los deberes, no se han hecho los mantenimientos ni se han ido adecuando las infraestructuras a cómo crecía la isla».
Mar Pacheco aportó los datos del Observatori de l’Habitatge, según los cuales el desequilibrio entre crecimiento de población y construcción alcanza el 31,56% en Baleares y casi el 48% en Ibiza, algo que calificó de «inasumible». Su eje fue la calidad de vida: «Al final se trata de eso».
El momento más personal lo protagonizó Juan Tur, que habló «desde el punto de vista autóctono». Recordó cómo su padre, que trabajaba la tierra a cambio de vivienda, conoció por primera vez el dinero con la llegada de la industria, y cómo de su clase en el colegio solo siete alumnos eran ibicencos. «Hoy casi no tengo amigos de mi generación aquí. Se han ido fuera porque no ven futuro. La barrera de la sostenibilidad, entendida como el confort de vivir con normalidad, se ha perdido en una sola etapa de la vida».
El Índice de Capacidad de Carga Insular para 2030 se situará un 32% por encima del umbral técnicamente recomendable en Ibiza.
Recursos naturales: el agua da para 239.000 personas y en agosto hay 317.000
Antonio Calvo desgranó la capacidad de cada infraestructura frente a ese pico estival de 317.000 personas:
- Agua: recursos para unos 239.000 habitantes, lo que supone superar el recurso en torno a un 32% en los meses punta.
- Saneamiento: servicio óptimo para 244.000 personas.
- Energía eléctrica: dimensionada para unas 400.000, aunque sin prever todavía la demanda del vehículo eléctrico y con la necesidad de mantener márgenes de tolerancia.
- Residuos: capacidad para 266.000 habitantes, con la planta de Ca na Putxa «colapsada» y un reciclaje deficiente.
- Movilidad: el sistema viario puede absorber en punta 255.000 personas sin colapsar.
A ello sumó la presión sobre la sanidad en verano, sobre el sistema educativo —»toda la gente que llega a trabajar en la construcción necesita escuelas»— y sobre los espacios naturales: «Este verano, según la prensa, en Cala Conta ha habido 1.500 personas cuando admite 500». Calvo reclamó que sean los técnicos quienes pongan «primero el análisis y luego las soluciones, dejando de lado la ideología política», y propuso un gabinete de crisis permanente formado por técnicos y políticos: «Cuando llega una DANA se abre un gabinete de crisis. Hoy la crisis existencial más importante es la vivienda».
Urbanismo y política: «No es una cuestión de derechas o izquierdas»
Lluís Oliva lamentó que «la isla de Ibiza ha crecido muchísimo más rápido de lo que nadie podía plantear» y que los planes urbanísticos se conviertan en terreno de confrontación partidista: «Lo que ha hecho un partido no sirve para nada para el otro». Defendió «un urbanismo que toque la calle, que esté en las relaciones y en las infraestructuras que nos hacen falta, hecho desde el conocimiento de la práctica», con una clase política que marque «un marco legal mínimo para que los técnicos lo desarrollemos con seguridad».
David Berlanga admitió que los datos le estaban «quitando la fe», aunque ve la situación «complicada, pero no imposible». Recordó que no basta con alcanzar una cifra de capacidad: hay que aplicar el criterio de seguridad N-1, la norma básica de fiabilidad de los sistemas eléctricos, que exige soportar la pérdida de un generador, una línea o un transformador sin provocar fallos en cascada. «No es llegar a ese número, es sobrepasarlo y tener seguridad. Y aquí entramos en la resiliencia».
Consuelo Antúnez puso el foco en los plazos políticos: «El urbanismo, como la educación, da resultados a muy largo plazo. Las legislaturas duran cuatro años y cualquier proyecto que no se pueda inaugurar en tres no interesa a nadie». Por eso pidió un acuerdo de mínimos «completamente consensuado entre todos los políticos», y lamentó: «No entiendo por qué no tenemos la primera fila llena de políticos escuchando».
Mar Pacheco señaló que la normativa balear «contempla el crecimiento urbanístico, pero no todos estos aspectos que estamos comentando», y definió el techo de población como «el momento en que dejamos de tener calidad de vida».
Juan Tur apuntó al desfase entre la velocidad de la promoción privada y la de la obra pública: «Las licencias pueden tardar seis o diez años, pero una depuradora tarda veinticinco, y cuando se termina ya se queda corta». Abogó por dimensionar las infraestructuras pensando en el límite desde el principio y puso como ejemplo de circularidad un proyecto estratégico, no ejecutado por falta de subvención, para aprovechar la salmuera de la desaladora vertida en Talamanca y producir la sal que hoy llega en barco para las piscinas.
Construir una VPO de protección especial en Ibiza implica pérdidas de unos 87.000 euros por unidad respecto a los módulos oficiales.
Vivienda: 6.087 nuevas viviendas necesarias hasta 2030
Juan Planells presentó la radiografía del parque residencial: 78.930 viviendas, de las cuales 57.064 son principales y 21.849 secundarias, un 27,7% de no residentes sobre residentes. A diciembre de 2025 había 2.365 viviendas turísticas legales y unas 18.000 plazas vacacionales. Con una ocupación media de 2,8 personas por vivienda y los 17.000 residentes adicionales previstos, la isla necesitará unas 6.087 viviendas más hasta 2030. Las viviendas turísticas legales equivalen al 38,9% de esa necesidad. Planells atribuyó a la Ley 8/2012 de Turismo buena parte de la tensión actual: los trabajadores que antes se alojaban en los establecimientos hoteleros pasaron a competir por la vivienda.
Para Lluís Oliva, la clave es la rentabilidad: «Hablar de esa cantidad de vivienda sin que sea rentable construirla… nadie lo va a hacer». Explicó que hay promociones de hasta 300 viviendas con lista de espera antes de comercializarse, y que «no he visto una promoción de lujo que se haya quedado vacía». Mientras se pueda vender «por tres, cuatro, cinco o seis veces lo que cuesta», la vivienda asequible no aparecerá.
David Berlanga hizo autocrítica sobre la falta de inspección y control —»es un llamamiento que irá en contra nuestra, pero a favor de nuestros hijos»— y defendió la calidad de lo construido: ventilación, aislamiento, impermeabilización y acústica, a menudo sacrificadas por decisiones de clientes, promotores o políticos «con herramientas que no son las adecuadas».
Industrialización: la solución que choca con la insularidad
Preguntada por la construcción industrializada, Consuelo Antúnez fue clara: «Va a tener que tener recorrido, no hay otra opción», ante la escasez de mano de obra agravada por el problema de vivienda y la falta de atractivo del sector para los jóvenes. Sin embargo, advirtió de que en Ibiza «el coste del transporte todavía es demasiado grande si no es una promoción muy grande». También destacó que, a nivel balear, el 25% del alumnado de FP de técnicos de construcción ya son mujeres.
Mar Pacheco recordó que el Consejo General de la Arquitectura Técnica impulsa la industrialización y compartió los datos del Barómetro de la Vivienda: más del 40% de la población considera la vivienda el principal problema del país, el 40% de los menores de 30 años vive con sus padres y cerca del 40% de los jóvenes emancipados ha necesitado ayuda económica para acceder a su primera vivienda. Pidió además retener el talento local —»no necesitamos que vengan de fuera, tenemos que potenciarlo desde dentro»— y celebró que en su colegio las mujeres ya sean mayoría.
David Berlanga relató que, en una charla reciente en Palma con estudiantes de último curso de ingeniería, «nadie» quería dedicarse al ejercicio libre de la profesión: la mayoría aspiraba a opositar.
Juan Tur planteó la industrialización como oportunidad para «abrir una nueva economía» en Baleares, con fábricas de paneles con las instalaciones integradas y empleo cualificado. «Hoy veo tres familias en un piso y casas de mil metros con una pareja; hay que buscar algo intermedio». Recordó que la ley turística de la crisis permitió transformar hoteles con rapidez y propuso una agilidad legislativa similar para habilitar vivienda industrializada o modular en zonas de transición «que hoy están muertas, llenas de cañas y camiones aparcados».
Alquiler: el doble que la media española
Antonio Calvo comparó precios: frente a unos 15 €/m² de alquiler mensual en una buena ciudad española, el municipio de Ibiza está en 30 €/m² y Santa Eulària en 28 €/m². Una vivienda familiar de 100 m² costaría 1.500 euros al mes en España, 2.000 en Baleares y 3.000 en Ibiza. «El negocio de la vivienda está hecho para ganar dinero, pero debe ser proporcional». Defendió poner sobre la mesa «cualquier herramienta, aunque no sea ideológica», incluida la limitación de precios —citó un descenso del 4,7% en Barcelona— acompañada de garantías públicas de cobro para el arrendador, frente a rentabilidades del 15% «fomentadas por el alquiler turístico».
Lluís Oliva discrepó desde su defensa «muy personal» del libre mercado, alegando que topar precios reduce la oferta, y apostó por mercados diferenciados: uno libre y otro de vivienda digna y accesible tipo VPO, con fórmulas como el alquiler seguro y mejores condiciones de financiación. Criticó, eso sí, la escasez de la oferta pública: «En el último sorteo había siete viviendas en Ibiza. Siete viviendas es nada». Asumió además que «el paradigma de vivienda de nuestros abuelos se ha acabado». Calvo replicó que tener una vivienda cerrada también supone depreciación y gastos, por lo que el argumento de la retirada del mercado «tampoco se sustenta en datos».
En tono más imaginativo, David Berlanga reivindicó que «no todo está inventado» y lanzó alternativas como alojar temporalmente a trabajadores en un crucero o en contenedores habilitados: «No me parece la solución, pero hay que imaginar, inventar y soñar».
Para Consuelo Antúnez, bajar precios pasa por aumentar la oferta: que las viviendas residenciales «sean para vivir y no para alquilar turísticamente», sacar al mercado las viviendas vacías dando seguridad a los propietarios y recuperar «muchos años de déficit de vivienda pública». Mar Pacheco insistió en que se trata de «un círculo vicioso»: más trabajadores exigen más servicios y más recursos, «en un territorio limitado y con unos recursos más limitados todavía». Juan Tur fue el más radical: «Limitas dos años la compra a cualquier extranjero y cae el precio seguro. Las demás medidas, como la vivienda pública, son lentas como una depuradora».
Coste de construcción y VPO: «Un engaño institucional»
Las viviendas turísticas legales registradas equivalen al 38,9% de las 6.087 nuevas viviendas residenciales que requerirá la isla hacia 2030.
El último bloque abordó la viabilidad de la vivienda protegida. Antonio Calvo recordó que construir en Ibiza por debajo de 2.000 €/m² es muy difícil por el encarecimiento de materiales, transporte y mano de obra. Con gastos generales, beneficio e indirectos, el precio razonable de salida se sitúa en 2.600 €/m², sin contar suelo, urbanización ni costes financieros. Frente a ello, una VPO de 80 m² en régimen especial tiene un precio máximo de venta de 157.890 euros, lo que según sus cálculos supone perder en torno a 87.000 euros por vivienda. «Nadie se va a meter a hacer vivienda de protección especial. Es una bandera, pero creo que es un engaño institucional, porque en Ibiza no se puede construir por debajo de esos precios. No sé si en Soria funciona, pero aquí no». Como alternativas, propuso movilizar las viviendas vacías y desclasificar las viviendas turísticas para que el uso turístico se concentre en hoteles, agroturismos y campings. También relató haber encontrado, en revisiones de cédulas de habitabilidad, más de una docena de VPO convertidas en «viviendas patera».
Juan Tur contrapuso la planificación a largo plazo de países como China con «años de soluciones de parche de cuatro años», aunque sin defender ese modelo. Mar Pacheco pidió «más orden, rigor y eficacia», inspirándose en la construcción modular de Dinamarca, Japón o Escandinavia: «Hay mucho desorden, mucho caos y mucha improvisación».
Consuelo Antúnez confirmó las cifras de Calvo: la asociación de constructores ya trasladó al Consell y al Govern que la vivienda de precio limitado en áreas de transición «no sale rentable» con los módulos actuales, especialmente en promociones de 20 a 50 viviendas, a diferencia de las grandes promociones de Mallorca.
David Berlanga pidió que «cada promoción residencial se planifique junto con las infraestructuras que la hacen habitable»: «En una isla, el urbanismo, la energía, el agua y el saneamiento tienen que avanzar al mismo ritmo». Y reclamó que ingenieros y técnicos sean llamados desde el inicio del proyecto, «no solo para legalizar».
Lluís Oliva cerró la ronda con contundencia: «Los números no salen». El colegio remitió a la administración hace seis meses los cálculos de varios estudios sin recibir respuesta. «Al final, los que estamos a este lado somos los especuladores malvados. Pero físicamente no puedo pagar yo para construir». Reclamó normativas adaptadas a la realidad de cada isla, ya que «lo que se puede hacer en Formentera no se puede hacer aquí al mismo precio, ni en Mallorca, ni en Menorca».
Conclusiones: identidad, proporción, rehabilitación y marco legal
En la ronda final, Antonio Calvo introdujo una reflexión sobre la identidad: Ibiza es la isla de una arquitectura tradicional, sin arquitectos, que ha dado la vuelta al mundo, y «la arquitectura de urgencia y necesidad puede hacer perder la esencia que nos ha puesto en valor en todo el planeta».
Mar Pacheco evocó el Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci como principio de proporción: «En Ibiza corremos el riesgo de invertir esa relación. En lugar de planificar el crecimiento pensando en las personas, somos las personas las que tenemos que adaptarnos a un crecimiento que puede superar la capacidad del territorio».
Juan Tur reconoció que el ecosistema está «muy desequilibrado» y que, aunque se puedan seguir tendiendo cables desde Mallorca o desalando agua, hay que buscar un equilibrio en la entrada de visitantes «sin tocar al residente».
Consuelo Antúnez recordó que «no todo pasa por construir vivienda nueva»: la rehabilitación y la recuperación de lo existente son cada vez una parte más importante del trabajo de las constructoras.
David Berlanga cerró con optimismo: «El plan B se estudia cuando no hay plan A. Tenemos que mirar a la Tierra y no a Marte».
Lluís Oliva concluyó que la parte técnica está «muy clara y alineada» entre colegios y asociaciones, pero que sin un marco legal y político que entienda que «no es una cuestión de ellos o nosotros, sino de todos», poco se podrá avanzar.
La síntesis final correspondió a Juan Planells, que dejó varias propuestas: aflorar y regularizar la vivienda ilegal con décadas de antigüedad, a menudo con instalaciones de gas y electricidad peligrosas, «con consumo de territorio cero»; agilizar la tramitación administrativa ante la emergencia habitacional; incentivar la salida al mercado de las viviendas vacías, que según el INE rondan el 26%; y explorar fórmulas como el build to rent, con concesiones de suelo público a 75 años para que la iniciativa privada construya y explote vivienda en alquiler. Sobre la VPO, se mostró escéptico «salvo que sea el propio Estado quien asuma la gestión y el coste, como en Austria». En cuanto a la industrialización, la considera parte de la solución, pero advirtió de que sus cálculos para una promoción en Ibiza con módulos fabricados en Francia no salían por la logística, y pidió reflexión: «Los dos corazones de esta isla son el turismo y la construcción. Pensémoslo bien».
El acto concluyó con el agradecimiento al Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia por la cesión del espacio y a las empresas patrocinadoras que hicieron posible este primer foro, con el que Ibiza Observatorio Edificación y Construnews abren una línea de debate técnico basado en datos sobre el futuro de la isla.
