En un contexto de profunda crisis habitacional, marcado por un déficit acumulado de 750.000 viviendas según los últimos datos del Banco de España, el derecho a una vivienda digna y adecuada exigido en el artículo 47 de la Constitución Española demanda herramientas estratégicas. Para dar respuesta a este desafío, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) han rubricado un protocolo general de actuación.
El acuerdo establece de forma explícita la promoción de los concursos de arquitectura como “procedimientos prioritarios y preferentes” para canalizar la construcción del parque residencial público.
La vivienda como bien de interés general y el reto de la sostenibilidad
El convenio marco, firmado en la sede del Colegio de Arquitectos de Cataluña por el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con la posibilidad de ser prorrogado por un periodo idéntico de hasta cuatro años mediante adenda. La alianza parte de una premisa clara e integrada: la vivienda constituye un bien de interés general y no un mero producto de mercado. Por tanto, su desarrollo debe estar íntimamente conectado con la realidad urbana y territorial en la que se implanta.
A través de este documento, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana declara formalmente su voluntad de impulsar la tramitación de concursos de arquitectura en el marco de su actividad y competencias como el instrumento fundamental para la contratación de proyectos de calidad. Asimismo, ambas instituciones se comprometen a colaborar de manera estrecha para lograr la agilización de los procedimientos de licitación de vivienda pública y mejorar su asequibilidad mediante el desarrollo de procesos constructivos más eficientes y sostenibles. De este modo, se busca contribuir a una mejor adecuación entre la oferta del mercado residencial y las posibilidades económicas reales que posee la población actual.
Este protocolo supone un importante paso para utilizar, en todo lo que dependa del Ministerio, la mejor manera de contratar arquitectura, los concursos, porque son una garantía para los ciudadanos, ha valorado Iñaqui Carnicero durante el acto de firma.
Transparencia y criterios objetivos frente a la precariedad
La elección del concurso público como vía preferente responde a sus plenas garantías como procedimiento de concurrencia que potencia la transparencia del proceso y delega la selección definitiva en la decisión colegiada de un jurado especializado. Esto asegura la selección de las mejores soluciones arquitectónicas basadas en criterios de calidad, sostenibilidad e innovación. Para asegurar el cumplimiento de estos estándares, el protocolo contempla un seguimiento de los concursos no solo durante la fase de licitación, sino también a lo largo de toda la prestación posterior de los servicios de arquitectura, asegurando jurados debidamente conformados.
Un aspecto clave del acuerdo aborda la problemática económica del sector. El MIVAU ha anunciado que, a través del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura, se trabajará activamente para publicar unos honorarios de referencia que sirvan para contratar con las Administraciones Públicas. Estos baremos, que se impulsarán de manera no vinculante, servirán como criterios objetivos y transparentes de orientación para que las distintas Administraciones puedan estimar los gastos y honorarios asociados a los servicios de arquitectura. Con ello se pretende salvaguardar la adecuación cultural y territorial de las obras, preservando la identidad de barrios, ciudades y territorios, e incorporando los principios y objetivos de la Agenda Urbana Española.
Cuando un concurso está bien planteado, con bases claras, criterios rigurosos, jurados cualificados y una valoración real de la calidad, permite que las Administraciones obtengan mejores proyectos y, con ello, mejores viviendas, mejores equipamientos y mejores espacios públicos. No se trata solo de construir más, ni de hacerlo más rápido. Se trata de hacerlo mejor, defiende Marta Vall-llossera.
El debate europeo: Calidad frente a mercado
La firma de este convenio marco ha coincidido en el tiempo con la celebración del Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026 Barcelona. Durante la sesión titulada “El desafío de los honorarios de arquitectos en Europa”, la presidenta del CSCAE debatió junto a la moderadora Matxalen Acasuso, el presidente de la Orden de los Arquitectos de Portugal, Avelino Oliveira, la vicepresidenta por la Región I de la UIA, Teresa Táboas, y la secretaria general del CSCAE, María José Peñalver Sánchez. En este foro se analizó el impacto que ha tenido la liberalización de los costes asociados a los servicios derivada de la entrada en la Comunidad Económica Europea en los últimos 30 años, alertando sobre la precariedad en la que trabajan los arquitectos y sus consecuencias directas sobre la calidad de los proyectos.
Los expertos reunidos coincidieron en que la arquitectura no representa una mera prestación profesional, sino que constituye un valor cultural, paisajístico, de memoria, identidad y servicio al interés general. Oliveira apuntó que la situación actual de los costes de mercado está perjudicando al 80 por ciento de los estudios europeos, que están formados por entre 2 y 5 personas. Por su parte, todos los expertos defendieron que con unos costes «mínimos y justos» se competiría por la calidad. Táboas calificó el protocolo de hoy como un «salto adelante», reivindicando la necesidad de ir más allá y unirse a nivel europeo para buscar mecanismos y defender la profesión en Bruselas.
La jornada del congreso se completó con la performance-conversación «Arquitectes en crisi: arquitectura ferida», una iniciativa impulsada por profesionales catalanes. A través de la proyección de testimonios audiovisuales de arquitectos de todo el territorio, el acto visibilizó la precarización laboral, la excesiva burocracia y la pérdida de reconocimiento del trabajo arquitectónico. La sesión concluyó con la lectura de un manifiesto que reivindica la arquitectura como un bien de interés público y reclama un cambio de paradigma para situar la calidad arquitectónica en el centro de las políticas públicas, priorizando el talento y la innovación en los concursos públicos.
La Unión Internacional de Arquitectos, la Orden de Arquitectos de Portugal y el CSCAE advierten que la precariedad profesional impacta en la calidad de los proyectos y perjudica al 80% de los estudios europeos.
