Análisis de Construnews a partir del Informe País 2024 de GBCE y los principales indicadores públicos.
España se enfrenta a una paradoja crítica: un mercado de vivienda tensionado, una creciente emergencia climática y un sistema residencial que no logra ofrecer respuestas equitativas, sostenibles ni escalables. El Informe País 2024 de Green Building Council España (GBCE) dibuja con claridad esta triple urgencia: acceso, habitabilidad y transición ecológica.
En primer lugar, los indicadores de accesibilidad y asequibilidad reflejan un deterioro estructural. Según el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, el parque de vivienda social en España representa solo un 2,5 % del total, frente al 9 % de media europea. Al mismo tiempo, el 14,4 % de las viviendas están vacías y apenas el 2,8 % del alquiler se ofrece por debajo del precio de mercado. La tasa de emancipación juvenil, con un 17 % en 2023, sigue en mínimos históricos, y el 41 % del salario medio se destina al alquiler, muy por encima del umbral de asequibilidad recomendado.
Este desequilibrio genera una crisis de acceso, especialmente en entornos urbanos donde el precio del suelo, la escasez de vivienda pública y la falta de regulación efectiva acentúan las diferencias territoriales y generacionales. El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, impulsado por el Ministerio de Vivienda, confirma una creciente concentración del riesgo residencial en grandes ciudades y áreas peri urbanas con escasa planificación.
En paralelo, el parque edificado español se muestra energéticamente obsoleto: el 80 % de los edificios tienen una calificación E, F o G, lo que compromete tanto los objetivos climáticos como la calidad de vida en los hogares. Según GBCE, alcanzar los compromisos del Pacto Verde Europeo implicaría multiplicar por diez el ritmo de rehabilitación actual, llegando a 300.000 viviendas al año, frente a las 30.000 actuales.
“La vivienda no solo es un problema económico: es un indicador de desigualdad, de calidad ambiental y de cohesión social.”
El 83 % de los municipios no alcanza el 10 % de vivienda asequible y solo el 9 % del suelo urbanizable se destina a ello, según el informe. Además, más del 60 % de las actuaciones rehabilitadoras se siguen realizando sin evaluar su impacto energético.
La situación se agrava por la baja ejecución de los fondos europeos NextGenerationEU: aunque se han destinado más de 6.800 millones de euros a rehabilitación, la mayor parte sigue sin llegar a obra. Esto se debe a una combinación de burocracia excesiva, falta de coordinación interadministrativa y escasez de profesionales cualificados.
GBCE propone una transformación profunda basada en cinco pilares:
- Impulsar un nuevo marco legislativo que simplifique los procedimientos, agilice licencias y clarifique competencias.
- Fomentar la rehabilitación integral, no solo energética, sino funcional, social y urbana.
- Desarrollar sistemas de seguimiento y evaluación que aseguren el impacto real de las políticas públicas.
- Incentivar la formación técnica, con programas nacionales de capacitación en rehabilitación y construcción industrializada.
- Garantizar la inversión pública sostenida, combinada con fórmulas estables de colaboración público-privada.
El Informe País 2024 advierte que, sin acción urgente, la degradación del parque afectará al ahorro, al valor de la vivienda y ampliará la brecha social.
