La DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024 marcó un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad hídrica en España. Sobre esa base, Manuel Menéndez Prieto, consejero de TYPSA, ha expuesto las infraestructuras hidráulicas prioritarias en Catalunya a partir del estudio «Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España», elaborado por SEOPAN y TYPSA en noviembre de 2025, que cifra en unos 916 M€ anuales la inversión necesaria en la comunidad para el periodo 2026-2035.
Desde el 29 de octubre de 2024, fecha de la DANA de Valencia, el énfasis del sector se ha desplazado hacia la falta de seguridad hídrica, entendida como la doble lucha contra la sequía y contra las inundaciones. Según los datos recogidos en la presentación, en España 2,8 millones de personas viven en zonas inundables de mayor riesgo, de las cuales unas 275.000 residen en las Cuencas Internas de Catalunya.
El estudio de SEOPAN y TYPSA, un documento de 186 páginas, organiza las actuaciones en dos grandes bloques. El primero (A) agrupa las medidas para la mejora de la atención a las demandas y el cumplimiento de objetivos ambientales: conocimiento y monitorización del ciclo del agua, adaptación al cambio climático mediante el incremento de recursos y la gestión de la demanda, infraestructuras para el ciclo urbano del agua, objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulico y un Acuerdo Nacional del Agua. El segundo (B) reúne las medidas para la adaptación al cambio climático y la reducción de los efectos de las inundaciones: medidas estructurales, drenaje urbano sostenible, infraestructuras verdes, permeabilidad de infraestructuras lineales, seguridad de presas, sistemas de alerta temprana y resiliencia comunitaria.
916 millones al año hasta 2035
La propuesta de SEOPAN-TYPSA sitúa las necesidades de inversión de Catalunya en unos 916 M€ al año durante el periodo 2026-2035. De ellos, 7.900 M€ en diez años corresponden a medidas para la atención de las demandas y el cumplimiento de objetivos ambientales, y 1.260 M€ en diez años a medidas de adaptación al cambio climático y reducción de los efectos de las inundaciones.
A escala estatal, la misma propuesta eleva la cifra a unos 10.400 M€ al año: 84.600 M€ en diez años para demandas y objetivos ambientales y 19.600 M€ para inundaciones. En la Unión Europea, la Estrategia de Resiliencia Hídrica Europea (2025) estima unas necesidades de 133.000 M€ anuales, resultado de sumar los 55.000 M€ que se invierten hoy (Comisión Europea, BEI y gobiernos nacionales) y 78.000 M€ adicionales para aplicar la nueva legislación comunitaria. Para ello se prevé una línea de financiación en el nuevo Marco Financiero Plurianual y un programa específico de créditos del Banco Europeo de Inversiones de 230.000 M€ en diez años, aunque la propia estrategia advierte de que «será necesario incrementar significativamente la inversión privada».
En España, 2,8 millones de personas viven en zonas inundables de mayor riesgo; unas 275.000 de ellas, en las Cuencas Internas de Catalunya.
Desalación y reutilización para garantizar el abastecimiento
En el capítulo de adaptación al cambio climático, la presentación, ilustrada con la imagen del embalse de Sau en la primavera de 2024, detalla las instalaciones planificadas para aumentar la garantía de abastecimiento mediante desalación, reutilización de aguas regeneradas, mejora del regadío y recuperación de acuíferos.
En desalación figuran tres plantas. La desaladora de Tordera II, con una capacidad de producción de 60 hm³/año (80 hm³/año junto con Tordera I), cuenta con proyecto básico redactado y Declaración de Impacto Ambiental. La desaladora del Foix, de 20 hm³/año, tiene redactados el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental. Ambas están declaradas obras hidráulicas de interés prioritario para el abastecimiento de la Región Metropolitana (Ley 9/2023) y actuaciones para alcanzar la seguridad hídrica (Acuerdo GOV/191/2024). La desaladora de la Muga, de 15 hm³/año, tiene el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental en redacción.
Con estas instalaciones, la capacidad de producción prevista alcanzaría hasta 160 hm³/año en la Región Metropolitana (ámbito ATL), lo que duplica la actual; hasta 20 hm³/año en las comarcas de Tarragona (ámbito CAT) con el Foix, y 15 hm³/año en la Costa Brava. Menéndez también hizo referencia a un estudio de TYPSA para el Banco Europeo de Inversiones (junio de 2025) sobre la desalación en las cuencas mediterráneas españolas, que establece los criterios técnicos, socioeconómicos y ambientales con los que el BEI debe evaluar la financiación de proyectos de desalación, con estudios piloto en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y la demarcación del Segura.
En reutilización, la principal actuación planificada es la ERA del Besòs, con una capacidad de producción de 2,5 a 3,0 m³/s y el proyecto en redacción. Se suman otras obras de regeneración de interés prioritario para la Región Metropolitana, como la ampliación de la ERA de Sant Feliu de Llobregat y la ERA Sabadell-Riu Sec, con una red de distribución para usos municipales y otros usos en Sabadell, Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat del Vallès.
Ciclo urbano del agua: déficit inversor y tarifas
Para el ciclo urbano del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración), la presentación recoge los datos del XXVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS, diciembre de 2025). Según este estudio, las necesidades anuales de inversión en España ascienden a 8.100 M€, de los que los operadores cubren 2.415 M€ y la Administración pública 1.200 M€, lo que deja un déficit de inversión de 4.485 M€ al año.
Cubrir ese déficit supondría una tarifa de 4,69 €/m³, equivalente al 1,51% del presupuesto medio familiar, frente al umbral del 5% que establece la ONU. Actualmente, la media nacional es de 2,23 €/m³, la de Catalunya, de 3,05 €/m³, y la media europea en 2023 se situaba en 4,10 €/m³, por lo que la presentación subraya la necesidad de actualizar las tarifas.
Cubrir el déficit inversor del ciclo urbano del agua, de 4.485 M€ anuales en España, exigiría una tarifa de 4,69 €/m³, el 1,51% del presupuesto familiar.
Llobregat y Maresme, puntos críticos frente a las inundaciones
En el bloque de inundaciones, Menéndez recordó que prácticamente todos los municipios costeros de Catalunya presentan un riesgo medio-alto de inundación. En el Llobregat, el desvío y encauzamiento del tramo final en los años 2000 (Plan Director de Aguas Pluviales del AMB, 2003) se acompañó de obras que compatibilizan la protección y el respeto medioambiental, como la balsa de laminación de Can Alemany. Aun así, persiste un tramo problemático entre el puente de la autovía de Castelldefels (C-246) y el puente de acceso a Mercabarna. La presentación muestra también la riera de Sant Climent (Viladecans) al borde de su capacidad.
En el Maresme, las zonas de riesgo se concentran en las rieras, con encauzamientos aguas arriba y entubamientos bajo calle en zona urbana. Según el Grupo de Análisis de Situaciones Meteorológicas Adversas (GAMA) de la Universidad de Barcelona, entre 1900 y 2020 se registraron 118 inundaciones catastróficas en Mataró, 92 en Arenys de Mar, 56 en Premià de Mar, 54 en Calella y 53 en Arenys de Munt. Menéndez señaló además el problema de coordinación entre las diferentes administraciones.
Entre las medidas de drenaje urbano sostenible, la presentación incluye los sistemas SUDS preventivos para evitar la entrada de escorrentía en los colectores, los tanques de tormenta, como el del Camp de l’Empedrat en Cornellà de Llobregat (31.000 m³), y la monitorización de los sistemas de saneamiento y drenaje.
El cambio climático obliga a revisar los criterios de diseño
Según estudios de TYPSA (José María Hernández, 2026), las cuencas catalanas presentan en los últimos veinte años, en media, un aumento de los valores de las lluvias máximas asociadas a un determinado periodo de retorno. En toda España, este fenómeno se traduce en un aumento de la incertidumbre en los criterios de diseño que aconseja revisar las obras ya realizadas.
Esa revisión alcanza a las infraestructuras lineales. La presentación propone mejorar el drenaje de carreteras y ferrocarriles en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) y nuevas medidas de permeabilidad con criterios de diseño adaptados, e ilustra el problema con el accidente de Rodalies (R4) en Gelida del 20 de enero de 2026 y la estación de Granollers inundada el 5 de octubre de 2026.
Presas de los años sesenta y alerta temprana
En cuanto a la seguridad de presas, las de mayor capacidad en Catalunya se pusieron en servicio entre 1960 y 1979: Canelles (1960), Sau (1962), Susqueda (1968) y La Baells (1976). Las últimas fueron La Llosa del Cavall (1997) y Rialb (2000). Las medidas planteadas abarcan la gobernanza de la seguridad, la actualización de hidrologías y normas de explotación, los planes de emergencia, la ampliación de la capacidad de desagüe, la auscultación, la coordinación entre administraciones y la formación.
Completan el bloque los nuevos sistemas de medida y alerta temprana meteorológica e hidrológica, con herramientas como el crowdsourcing en la gestión de inundaciones, y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria mediante la ordenación territorial, la adaptación del planeamiento urbanístico y de las infraestructuras críticas, los planes de Protección Civil y los planes de recuperación tras la avenida.
Ante la falta de mitigación de emisiones, la política de adaptación es clave. Conclusiones técnicas de la presentación de Manuel Menéndez (TYPSA).
Una Ley de Aguas «de otro siglo»
Entre las conclusiones técnicas, Menéndez destacó la multidisciplinariedad, con atención a la hidrogeomorfología, la ordenación territorial y la participación pública activa; la mayor probabilidad de lluvias extremas, que exige estudios integrales de las cuencas y coordinación entre administraciones; y el uso de la tecnología, con análisis coste-beneficio apoyados en modelos hidrológicos, hidráulicos e hidroeconómicos y gemelos digitales del medio natural. Existe además consenso técnico en que determinadas actuaciones estructurales deben acometerse de forma inmediata.
En el plano estratégico, la presentación defiende la corresponsabilidad de todos los gestores del agua, ya que no es una cuestión exclusiva de la Administración General, y advierte de que aumentar la seguridad hídrica exige un esfuerzo ingente institucional, financiero y legal. Determinadas infraestructuras del agua son, según el documento, activos estratégicos de carácter crítico para la defensa nacional, la continuidad de los servicios esenciales y la resiliencia del Estado.
En materia legislativa, Menéndez señaló que España opera con «una Ley de Aguas de otro siglo» (1985) y reclamó modificar la contratación pública para cumplir los criterios de inversión, con contratos más flexibles, mejores criterios de selección, procesos más ágiles y eficaces y respeto al conocimiento técnico y a los niveles de decisión.
