Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, Seopan ha dado a conocer múltiples datos sobre la situación de nuestro país, los cuales reflejan con claridad los desafíos actuales y permiten vislumbrar el futuro próximo en materia de infraestructuras hídricas.
La crisis financiera de 2008 marcó un punto de inflexión en la inversión pública en infraestructuras hidráulicas en España. Según datos de Seopan, la inversión pública en este ámbito ha caído un 57% en los últimos 15 años, pasando de 3.011 millones de euros anuales entre 2007 y 2010 a solo 1.296 millones de euros anuales en el periodo 2011-2022. En términos de inversión en protección del medio ambiente, España ha destinado 28 euros por habitante al año en el periodo 2013-2021, muy por debajo del promedio europeo de 47 euros.
Este déficit acumulado ha generado una necesidad urgente de inversión en infraestructuras hidráulicas. Según el informe elaborado por Sener-Seopan, las necesidades de inversión para el ciclo 2022-2027 superan los 41.000 millones de euros, distribuidos en 38.000 millones para los Planes Hidrológicos del Tercer Ciclo y 3.300 millones para los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación.
Infraestructuras planificadas: 41.250 millones hasta 2027
Dentro de las infraestructuras planificadas de los Planes Hidrológicos del Tercer Ciclo 2022-2027, destacan:
- Saneamiento y depuración: 11.016 millones de euros para proteger la salud pública y el medioambiente.
- Abastecimiento y regadío: 8.748 millones de euros para garantizar un acceso equitativo al agua.
- Gestión y restauración del dominio público hidráulico: 4.876 millones de euros.
- Gestión de recursos hídricos para mitigar la sequía: 3.724 millones de euros.
- Prevención de inundaciones: 3.054 millones de euros para reducir el impacto de fenómenos climáticos extremos.
- Conservación y mantenimiento de obras hidráulicas: 1.649 millones de euros.
Modernización y adaptación normativa: 44.500 millones hasta 2035
Adicionalmente, España debe destinar más de 44.500 millones de euros hasta 2035 para la modernización de infraestructuras hidráulicas, lo que incluye:
- Conversión de redes de alcantarillado unitarias a separativas: 15.643 millones de euros.
- Adaptación de depuradoras a la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas: 15.000 millones de euros.
- Reposición de redes de suministro de agua urbanas con más de 40 años de antigüedad: 10.849 millones de euros.
- Alcanzar la neutralidad energética en desaladoras y depuradoras: 1.539 millones de euros.
- Proveer servicios básicos de alcantarillado y saneamiento a más de 972.000 viviendas sin acceso: 1.487 millones de euros.
Un desafío financiero y de ejecución
Para ejecutar en plazo la planificación hidrológica inicial vigente, que requiere 41.250 millones de euros hasta 2027, sería necesario multiplicar por ocho la inversión pública hidráulica ejecutada en 2022, que fue de apenas 1.480 millones de euros. La baja ejecución presupuestaria en el ciclo precedente (2016-2021), que solo alcanzó un 29%, refleja un desafío adicional.
Cambio climático y fenómenos extremos: Un problema urgente
España es el cuarto país europeo con mayores pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos extremos y eventos climáticos, con un impacto de 27,13 euros por habitante en 2020. La reciente DANA del 29 de octubre ha evidenciado la necesidad de invertir hasta 5.000 millones de euros en un programa extraordinario de adaptación al cambio climático en las Cuencas Mediterráneas.
Proyectos innovadores contra la desertificación
El 74% del territorio español está en riesgo de desertificación. Para combatirlo, se han identificado proyectos innovadores con una inversión de 7.007 millones de euros. Entre ellos, destacan la construcción de la desalinizadora de la Campana en Murcia, con una capacidad de 600 hm³/año y una inversión de 6.800 millones de euros, y el proyecto “Agua + S” en Málaga, que reutilizará agua desalada para abastecer embalses existentes.
Un paso firme hacia la sostenibilidad hídrica
Estas inversiones buscan no solo cumplir con las normativas europeas, sino también garantizar la seguridad hídrica del país en un contexto de cambio climático. Con la aplicación de estas medidas, España podría posicionarse como un referente en la gestión sostenible del agua en Europa.
