Las grandes patronales del sector de la edificación y las infraestructuras en Europa han unido sus voces ante la futura Ley de Contratación Pública de la Unión Europea (Public Procurement Act).
La construcción y las infraestructuras en el ámbito europeo afrontan un punto de inflexión normativo decisivo. Con motivo del desarrollo de la futura Ley de Contratación Pública (Public Procurement Act), las principales asociaciones europeas que representan a las contratistas internacionales (EIC), el sector del dragado (EuDA), la edificación y obra civil (FIEC) y la industria ferroviaria (UNIFE) han publicado un posicionamiento común. En el documento, las cuatro entidades subrayan su papel estratégico en el despliegue de las Redes Transeuropeas de Transporte, la resiliencia del patrimonio industrial y el parque de vivienda asequible, al tiempo que advierten del impacto devastador de la competencia desleal en el Mercado Único.
Según señalan las patronales, la última década ha estado marcada por una penetración masiva de operadores procedentes de terceros países que se benefician de subvenciones estatales y que operan en Europa sin ofrecer un acceso equivalente a sus mercados de origen. Aunque la adopción de herramientas recientes, como el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR), el Instrumento de Contratación Pública Internacional (IPI) y sentencias clave del Tribunal de Justicia de la UE (casos Kolin en 2024 y Qingdao en 2025), ha sentado bases jurisprudenciales, el sector considera indispensable unificar y blindar estas garantías en el nuevo texto legal.
Hacia un marco simplificado y con criterios de calidad obligatorios
El posicionamiento remitido al legislador europeo sostiene que la revisión de la contratación pública debe servir para simplificar procedimientos y homogeneizar los criterios de licitación entre los Estados miembros. El objetivo es reducir la incertidumbre jurídica y cerrar las grietas normativas que actualmente aprovechan ciertos actores para incursionar en licitaciones públicas en condiciones desequilibradas.
Entre las medidas prioritarias planteadas por EIC, EuDA, FIEC y UNIFE destaca la erradicación de las adjudicaciones basadas únicamente en el precio. La alianza sectorial exige establecer la Relación Calidad-Precio Óptima (Best Price-Quality Ratio) como la metodología por defecto en las compras públicas, imponiendo ponderaciones mínimas obligatorias para los criterios cualitativos. Asimismo, abogan por la aplicación generalizada del análisis del Coste Total de Propiedad (TCO) a lo largo de todo el ciclo de vida del activo.
Las patronales exigen erradicar las adjudicaciones por precio puro y fijar la Relación Calidad-Precio Óptima como método obligatorio en la UE.
Preferencia europea y protección de infraestructuras estratégicas
El documento conjunto incide en la necesidad de incorporar el principio de preferencia europea para productos, servicios y obras en sectores de carácter estratégico. El sector defiende que los bienes y servicios que posibilitan la ejecución de infraestructuras críticas y objetivos de descarbonización no deberían ser prestados por operadores de terceros países que carezcan de Tratados de Libre Comercio (TLC) en materia de contratación pública o que no sean signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC.
En esta línea, las patronales solicitan a la Comisión Europea la capacidad de hacer obligatoria la exclusión de estos operadores no cubiertos, incluso alegando motivos de seguridad nacional y resiliencia energética, mediante actos delegados. De este modo, los órganos de contratación dispondrían de respaldo legal suficiente para evaluar ofertas bajo consideraciones geopolíticas y de soberanía industrial.
La alianza pide capacitar a la Comisión para vetar a empresas de terceros países sin acuerdos de reciprocidad en contratos clave.
Efecto espejo y lecciones aprendidas del Reglamento de Subvenciones Extranjeras
La reciprocidad o «efecto espejo» constituye otro de los pilares del manifiesto. La industria reclama que la UE aplique a las compañías extranjeras exactamente el mismo trato que sus países de origen otorgan a las empresas europeas cuando estas intentan licitar fuera de las fronteras comunitarias.
Por último, el comunicado insta a integrar de forma efectiva las lecciones aprendidas de la aplicación del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR). El propósito es garantizar un escrutinio riguroso, rápido y con total certeza jurídica sobre aquellas entidades que hayan recibido apoyos estatales distorsionadores, evitando que distorsionen el mercado de la obra pública en Europa.
La nueva norma debe aplicar el principio de reciprocidad y endurecer el control sobre las empresas apoyadas por subsidios estatales.
