La profesión ante el espejo: los arquitectos catalanes visibilizan su crisis estructural en el Congreso Mundial de la UIA

El marco de los grandes proyectos icónicos y las ponencias internacionales ha encontrado un contrapunto crítico en Barcelona. En el contexto del Congrés Mundial d’Arquitectes de la UIA, un grupo de profesionales catalanes ha decidido desviar el foco de las obras terminadas para dirigirlo hacia las complejas condiciones laborales y administrativas que comprometen el ejercicio de su disciplina.

A través de la acción y la lectura del manifiesto «Arquitectes en crisi: arquitectura ferida», el sector expone públicamente una crisis estructural caracterizada por la precariedad y la pérdida de reconocimiento de la función social del arquitecto.

Un formato disruptivo para romper el silencio sectorial

La iniciativa se ha desmarcado por completo de las dinámicas convencionales de los congresos tradicionales. Sin recurrir a tarimas, conferenciantes preestablecidos ni guiones cerrados, el acto se ha configurado como una performance-conversa en la que los profesionales se disponen en un círculo abierto en medio de la sala, facilitando que el público asistente observe, escuche e intervenga directamente en el debate.

Cuando se degrada la profesión de arquitecto, no solo pierden los arquitectos. Pierde toda la sociedad.

De forma simultánea al debate presencial, una pantalla reproduce testimonios en vídeo de arquitectos de todo el territorio catalán. Estos relatos en primera persona detallan problemáticas recurrentes de la práctica diaria, tales como la proliferación de concursos públicos que no son remunerados, el impacto de una hiperregulación contradictoria y los procesos que abocan al abandono profesional. La propuesta, impulsada por figuras de la arquitectura como Beth Galí, Jordi Romeu, Eduard Rodríguez y Eduard Fernández, cuenta con el respaldo del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), institución que asumirá la tarea de trasladar las demandas colectivas ante las administraciones correspondientes.

El manifiesto: la arquitectura como inversión y bien público

El núcleo de las reivindicaciones se articula en torno a la necesidad de revertir la tendencia que reduce la arquitectura a un mero coste económico evaluado a la baja. El manifiesto destaca de manera explícita la responsabilidad de las instituciones públicas como garantes del interés general, señalando que los criterios de adjudicación actuales precarizan el tejido laboral de la profesión.

La acumulación de burocracia excesiva, la competencia basada casi de forma exclusiva en el precio y la devaluación de las licitaciones públicas han generado consecuencias tangibles en los despachos profesionales. Entre los principales perjuicios descritos figuran la fuga de talento, el debilitamiento estructural de las firmas de arquitectura y el freno a la innovación aplicada al entorno construido. Los impulsores de la protesta enfatizan que el detrimento de la calidad arquitectónica deriva en ciudades menos resilientes, edificios con escasa flexibilidad espacial y sobrecostes de mantenimiento para el conjunto de la ciudadanía.

La arquitectura no es un gasto: es una inversión en calidad de vida y un derecho de la ciudadanía.

Propuestas específicas para un cambio de paradigma

Frente al diagnóstico actual, el colectivo plantea una serie de demandas orientadas a modificar las bases contractuales y operativas del sector. El documento reclama que la disciplina sea tratada formalmente como una política estratégica de país y un bien cultural al servicio del interés general.

• Priorización del talento: Exigen que las mesas de contratación en concursos públicos valoren la calidad arquitectónica y el valor conceptual de las propuestas por encima de las rebajas en el coste inmediato de los honorarios.
• Reducción administrativa: Demandan una simplificación decidida de los trámites y regulaciones administrativas innecesarias que ralentizan el ejercicio profesional.
• Dignificación de condiciones: Reclaman marcos retributivos estables, coherentes con la formación técnica requerida y la alta responsabilidad jurídica que asumen los autores de los proyectos.

El movimiento se concibe, según especifican sus promotores, no meramente como un espacio de denuncia corporativa, sino como la base conceptual para articular transformaciones normativas futuras en defensa del espacio público.

Defender la profesión de arquitecto es, en definitiva, defender la calidad de los espacios donde vivimos.