La crisis del acceso a la vivienda en Catalunya ha dado pie este lunes a un encuentro estratégico que ha reunido a las principales voces del sector público, privado y académico. Bajo el lema “La vivienda, un reto de país”, la jornada organizada por la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), la consultora ATREVIA y el Col·legi d’Economistes de Catalunya, ha puesto sobre la mesa un diagnóstico compartido y varias propuestas para reactivar la producción de vivienda asequible.
Garcia Bragado “tenemos que planificar ya para evitar que dentro de diez años sigamos igual que ahora
El evento se ha celebrado en la sede del Col·legi d’Economistes y ha contado con la apertura institucional de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y la clausura del president de la Generalitat, Salvador Illa. En medio, dos mesas redondas han dado voz a representantes municipales, operadores públicos y privados, entidades financieras, patronales del sector y expertos en estrategia urbana y comunicación.
Uno de los principales anuncios ha sido la intención del Govern de aumentar la edificabilidad en nuevas áreas urbanas aún no planificadas, como medida para obtener más vivienda asequible sin comprometer la rentabilidad de las promociones. Esta medida permitiría aplicar densificación en sectores residenciales donde aún no se ha aprobado el planeamiento definitivo. El presidente de APCE, Xavier Vilajoana, subrayó que “es la vía más realista para conseguir vivienda pública sin colapsar financieramente al sector”, mientras que fuentes del Govern confirmaron que la propuesta “está sobre la mesa”.
Durante el acto, la consellera Paneque compartió un dato clave: 226 municipios han cedido ya 665 solares que podrían dar lugar a unas 21.000 viviendas de alquiler protegido, de las cuales 14.000 ya tienen promotor adjudicado y están en fase de activación. En paralelo, se licitarán 130 solares más y otros 200 —más pequeños— buscan operador. Para facilitar su desarrollo, la Generalitat ha diseñado un nuevo sistema de garantía: cubrirá la diferencia entre las rentas obtenibles y el coste real de construcción durante 28 años, asegurando así viabilidad para los proyectos.
El urbanista y presidente del grupo de trabajo de la Comissió Interdepartamental d’Habitatge de la Generalitat, Ramon Garcia Bragado, fue tajante: “Tenemos que planificar ya, con urgencia, para evitar que dentro de diez años sigamos igual que ahora”. Subrayó la necesidad de recuperar una visión metropolitana, habilitar más suelo y reducir la complejidad normativa: “No podemos quedarnos atrapados entre regulaciones contradictorias que paralizan la acción pública”.
En la misma línea, el presidente de la CCOC, Lluís Moreno, recordó que “los contratistas estamos listos para construir, pero todavía no han salido los concursos”, y expresó cierto escepticismo sobre los anuncios institucionales, pidiendo que “se publiquen los pliegos en el Diario Oficial” para que las promesas se conviertan en realidades tangibles.
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Por parte del Ayuntamiento de Barcelona, el teniente de alcalde Jordi Valls defendió la vivienda como “la nueva infraestructura básica de este siglo”, equiparable a los hospitales o el transporte, y pidió una mayor coordinación entre instituciones. La representante de ATREVIA, Sònia Recasens, apeló a la necesidad de construir consensos con base en datos sólidos y mensajes claros: “Sin confianza entre sector privado, administración y ciudadanía, no habrá colaboración efectiva ni políticas duraderas”.
También hubo espacio para el análisis económico. Joan Ràfols, presidente de la Comisión de Economía Territorial del Col·legi d’Economistes, alertó sobre los riesgos de la “hiperregulación legislativa” y reclamó estabilidad normativa para no desincentivar la inversión y facilitar que los proyectos salgan adelante.
La jornada concluyó con la intervención del president Salvador Illa, quien reconoció que “la vivienda es uno de los principales problemas que tenemos, porque impide repartir la prosperidad”. Se comprometió a impulsar una estrategia integral que combine vivienda pública y regulación del mercado libre, defendiendo el papel de los ayuntamientos —“sean del color político que sean”— y pidiendo que cada municipio identifique de forma precisa el suelo disponible para proyectos habitacionales. Cerró con un mensaje claro: “Este es un reto de país, y debemos abordarlo como tal”.
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