La regularización extraordinaria activada por el Gobierno llega cuando la construcción española ya roza una dependencia estructural de la mano de obra extranjera: en marzo de 2026, las personas afiliadas extranjeras representaban el 24,3 % del Régimen General del sector, frente al 20,7 % de abril de 2024. A la vez, la vulnerabilidad residencial y la discriminación en el acceso al alquiler siguen golpeando con más intensidad a hogares extranjeros y a personas racializadas, de modo que la medida puede leerse a la vez como política laboral y como una palanca —limitada, pero relevante— de inclusión residencial.
El proceso abierto por el Gobierno hasta el 30 de junio busca dar seguridad jurídica a personas que ya residen en España. En la práctica, llega en un momento en que la construcción reclama más mano de obra, el empleo extranjero gana peso en el sector y el acceso a la vivienda sigue siendo especialmente difícil para buena parte de la población migrante.
La regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en España ya tiene calendario
Las solicitudes pueden presentarse desde el 16 de abril por vía telemática; la atención presencial comienza el 20 de abril con cita previa y el plazo expira el 30 de junio. El procedimiento exige acreditar una permanencia continuada de, al menos, cinco meses y haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025, además de carecer de antecedentes penales. El propio documento oficial del Gobierno defiende la medida como una respuesta para “garantizar derechos y dar seguridad jurídica” a una realidad ya existente, respaldada además por la iniciativa legislativa popular que reunió más de 700.000 firmas y por una amplia mayoría parlamentaria.
En ese marco, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió que la regularización es importante “para el sector de la construcción” y para garantizar una “vivienda digna”. La lectura sectorial no es menor: el debate sobre regularización se cruza con un problema estructural de mano de obra en la construcción y con un mercado del alquiler en el que la documentación, la estabilidad laboral y el acceso al padrón siguen siendo barreras decisivas.
Un sector que ya roza uno de cada cuatro trabajadores extranjeros
La cifra política del 20% a la que aludió Rodríguez ayuda a entender el mensaje, pero las series oficiales más recientes muestran que el peso real del empleo extranjero en construcción ya está claramente por encima de ese umbral. En abril de 2024, las personas extranjeras suponían el 20,7% de los afiliados en construcción; en octubre de 2025, el 22,5%; al cierre de 2025, el 23,2%; en febrero de 2026, el 24%; y en marzo de 2026, el 24,3%. Dicho de otro modo: en menos de dos años, la construcción ha pasado de uno de cada cinco a prácticamente uno de cada cuatro afiliados extranjeros. Los comunicados oficiales remiten, además, a la base PXWeb de la Seguridad Social como apoyo estadístico de detalle.
El último retrato del Observatorio Industrial de la Construcción refuerza esa idea desde otra estadística distinta. Según el barómetro sectorial basado en la EPA, el cuarto trimestre de 2025 cerró con 1.559.300 personas ocupadas en construcción, el nivel más alto desde 2010, y con una población extranjera que ya representaba el 25,9% del total. En la misma fotografía, las mujeres suponían el 10,3% de las personas ocupadas del sector. La conclusión es clara: la aportación de la población extranjera ya no es periférica, sino estructural, en una actividad clave para levantar nueva vivienda, rehabilitar la existente y ejecutar obra pública y privada.
También hay un problema de relevo generacional. En el segundo trimestre de 2025, las personas menores de 30 años representaban el 10,8% de las ocupadas en construcción, frente al 9,2% de profesionales de 60 o más años, según la Fundación Laboral de la Construcción. Esa brecha, unida al envejecimiento de parte de la plantilla y a la escasa presencia femenina, explica por qué el peso del empleo extranjero se ha convertido en una variable estratégica para la actividad.
La vía del arraigo aporta una pista adicional sobre cómo se está produciendo ya esa integración laboral. A 31 de diciembre de 2025, 214.085 personas de 16 o más años con autorización de residencia por arraigo estaban trabajando y cotizando en España, un 39% más que un año antes, según el Observatorio Permanente de la Inmigración. La regularización extraordinaria, por tanto, no parte de cero: amplía de forma excepcional un proceso de formalización laboral que otras figuras ya venían canalizando.
La regularización como palanca laboral para construir más vivienda
La demanda de mano de obra no es solo un discurso empresarial. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE registró 6.357 vacantes en construcción en el tercer trimestre de 2025. Esa cifra no agota el problema de contratación del sector, pero sí confirma que la escasez existe también en la estadística oficial.
La patronal ha sido explícita al conectar esa falta de personal con los objetivos de vivienda. La Confederación Nacional de la Construcción sostiene que la falta de mano de obra aleja las metas en materia residencial y propone, entre otras medidas, regularizar inmigrantes y atraer trabajadores del exterior. BBVA Research, por su parte, señala que la construcción sigue mostrando escasez de personal, envejecimiento laboral y baja formación, aunque añade que desde 2022 la llegada de trabajadores extranjeros “podría estar comenzando a aliviar la situación”.
A partir de esos datos, la regularización puede leerse como una medida de oferta laboral. No sustituye a la formación, no corrige por sí sola el déficit de productividad y no resolverá el relevo generacional pendiente, pero sí puede ampliar el perímetro de contratación formal en un sector que necesita más personal para incrementar ritmos de construcción y rehabilitación. Esa relación entre regularización y oferta de vivienda no es automática, pero tampoco es retórica: depende de la capacidad de un sector intensivo en empleo para encontrar trabajadores disponibles y con derechos.
El acceso a la vivienda es el otro frente de la historia
La dimensión residencial es igual de relevante. Como el propio diseño de la regularización exige haber residido ya en España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una permanencia continuada mínima de cinco meses, la medida no incorpora una nueva demanda migratoria: regulariza administrativamente a personas que ya estaban aquí. La inferencia es importante para un artículo de datos: en términos de vivienda, el efecto inmediato no es tanto sumar nueva presión demográfica como formalizar situaciones residenciales y laborales que ya existen.
Las diferencias en el acceso al mercado son muy visibles en las estadísticas de tenencia. En 2021, el 56,4% de los hogares formados íntegramente por personas extranjeras vivía de alquiler, frente al 10,5% de los hogares integrados solo por personas de nacionalidad española. En sentido contrario, el 80,5% de los hogares solo españoles residía en una vivienda en propiedad, frente al 37,4% de los hogares exclusivamente extranjeros. Esa sobrerrepresentación del alquiler sitúa a los hogares extranjeros en el segmento del mercado donde hoy se concentran más tensión de precios y mayor margen para los filtros y exigencias documentales.
A esa desigualdad estructural se le superpone la discriminación. La recomendación del CEDRE sobre vivienda resume que las situaciones más frecuentes de discriminación por origen racial o étnico son que no se alquile una vivienda a la persona interesada (27,5%), que se le impongan excusas o requisitos extraordinarios para alquilar (24,1%), que no se le permita empadronarse (22,3%) y el rechazo vecinal (14,2%). El propio resumen ejecutivo del estudio insiste en que la vivienda es el ámbito donde más se percibe discriminación.
Provivienda ha documentado el mismo fenómeno desde otra metodología. En su informe de 2025 sobre racismo y segregación en el alquiler, la organización sostiene que en el 99% de 100 llamadas realizadas a agencias inmobiliarias de Madrid y Barcelona se aceptaron prácticas discriminatorias explícitas hacia personas extranjeras, frente al 72,5% registrado en 2020. Además, el estudio señala que al perfil nacional se le llegó a ofrecer hasta cuatro alternativas de piso en un mismo contacto, mientras que al perfil extranjero se le ofrecía como máximo dos. No es una estadística general de todo el mercado español, pero sí una evidencia muy elocuente sobre sesgos de acceso en zonas urbanas tensionadas.
El trasfondo general tampoco ayuda. Cáritas y FOESSA estiman que los problemas relacionados con la vivienda afectan a uno de cada cuatro hogares en España, más de 4,6 millones, y que entre el 20% de hogares con menor renta el esfuerzo para pagar el alquiler supera ya el 70% de los ingresos. En ese contexto de crisis habitacional amplia, la irregularidad administrativa agrava todavía más la exposición a abusos, subarriendos precarios, exigencias arbitrarias y exclusión documental.
Conclusión
La regularización extraordinaria no construirá viviendas por sí sola ni corregirá de manera automática la discriminación residencial. Pero sí puede hacer dos cosas a la vez: ampliar el espacio de contratación formal en una construcción que ya depende de una fuerza laboral extranjera cercana al 25%, y reducir una parte de la vulnerabilidad documental que hoy pesa sobre el acceso al alquiler y al empadronamiento. Ahí está la clave periodística de la historia: no es solo una noticia migratoria, ni solo una noticia laboral, sino un cruce entre mercado de trabajo, producción de vivienda y derechos.
la aportación de los trabajadores extranjeros a nuestro mercado laboral es clave.
