El sector de la edificación en España asiste a un cambio de paradigma normativo con la reciente entrada en vigor de la norma UNE 41610:2026 para la construcción industrializada. Hasta la fecha, la ausencia de un marco regulatorio general y de un léxico unificado generaba lagunas importantes tanto en el diseño de las licitaciones públicas como en los planes de inversión del sector privado.
Ferran Bermejo Nualart, director técnico del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC) y miembro del exclusivo grupo editor de cinco personas encargado de redactar la propuesta técnica base, desgrana en esta entrevista el proceso de elaboración de la norma, los frenos económicos que aún restan por resolver, el impacto directo del documento en el desarrollo del PERTE de la construcción y el encaje del nuevo pasaporte digital de productos en la estrategia europea.
Usted ha formado parte del exclusivo grupo editor de cinco personas que han redactado el texto de la nueva norma UNE 41610:2026. ¿En qué ha consistido exactamente este proceso de redacción y su participación directa en él?
La labor de este grupo redactor o editor, como prefiere denominarlo UNE, consistió en reunir perfiles especialistas en construcción industrializada. Como técnicos o investigadores habituados a la materia, éramos las personas idóneas para plantear las discusiones teóricas profundas y formular una primera propuesta técnica. El objetivo era no partir de un documento en blanco, algo que siempre dificulta el desarrollo posterior, sino de un borrador que ya contara con el consenso de expertos en la materia. Mantuvimos reuniones extensas para debatir numerosos conceptos y unificar los criterios fundamentales. Se partía de la base de que un consenso logrado inicialmente entre cinco personas tendría muchas más posibilidades de éxito al ser elevado a un comité general más amplio.
La construcción industrializada no es la varita mágica; es una forma de construir adaptada a ciertos emplazamientos que admiten este tipo de soluciones
¿Qué importancia tiene esta norma para el sector de la construcción en España y qué vacíos regulatorios o técnicos viene a cubrir?
Cubre un espacio de un modo único, ya que hoy en día no existe ninguna norma, legislación o regulación general sobre construcción industrializada, ni en el ámbito nacional ni prácticamente a nivel internacional. Es cierto que en España existen ejercicios de normalización en áreas específicas, como los prefabricados de hormigón, pero faltaba un marco técnico generalista.
Actualmente, el déficit de vivienda y la urgencia por edificar de forma rápida y con menores plazos de disponibilidad han convertido a la industrialización en un elemento determinante para el parque residencial. Ante este escenario, surgen iniciativas públicas para acelerar la producción, pero al lanzar las licitaciones y concursos nos encontrábamos con que no existía un léxico común. Carecíamos de una definición compartida para palabras clave como componente o elemento. La norma nace precisamente para establecer criterios fundamentales, poner orden y garantizar que todos interpretemos lo mismo sobre los mismos términos, evitando el caos técnico. Por ello, se trata de una iniciativa pionera.
¿Por qué considera que este documento es clave para la evolución y el desarrollo del PERTE de la construcción industrializada?
El PERTE responde a la ausencia de una promoción sostenida de vivienda pública asequible durante los últimos diez o quince años. Su planteamiento busca dar un impulso al sector durante una década para acelerar los tiempos de entrega mediante soluciones industrializadas. No obstante, para gestionar el presupuesto asignado y estructurar las licitaciones de apoyo que van a surgir, se necesita poner orden. Sin un vocabulario técnico común, resultaría sumamente difícil que las administraciones y las empresas nos pongamos de acuerdo en qué se está licitando u ofertando.
En consecuencia, ¿cómo va a hacer avanzar el proceso de industrialización en el país? ¿Cuáles son los frenos principales que detecta?
El ritmo de aceleración está por verse, ya que la industrialización requiere fábricas e industrias muy bien preparadas para producir los componentes. Esto exige inversiones muy cuantiosas. El sector privado no realizará inversiones millonarias para consolidar este tejido productivo si no percibe en el horizonte una demanda estable y con un volumen garantizado a lo largo de los años. Asegurar esa estabilidad es el primer obstáculo que se debe superar.
El sistema financiero hipotecario tradicional no ve crecer la estructura en el solar y no libera los fondos, lo que ahoga el capital circulante de las empresas industrializadoras
Por otra parte, existe una barrera económica crítica en el sistema financiero, diseñado históricamente bajo el modelo de créditos hipotecarios. En la obra convencional in situ, el promotor recibe fondos de manera progresiva a medida que la entidad bancaria certifica los hitos constructivos en el propio solar. En la construcción industrializada off-site, el edificio crece a distancia, en la fábrica. Al no verse el avance físico en el terreno, el sistema bancario tradicional no libera el dinero, generando un gravísimo problema de capital circulante a las empresas industrializadoras. La tecnología está preparada, las empresas están predispuestas y los proyectistas se están capacitando; el verdadero reto actual es engrasar estos mecanismos económicos y financieros tradicionales.
¿Esta realidad tiene un traslado directo en el diseño de las licitaciones públicas?
Sin duda. Los pliegos públicos deben promover e impulsar la construcción industrializada allí donde el emplazamiento lo admita, estableciendo criterios de evaluación objetivos y subjetivos que puntúen estas soluciones. Las licitaciones precisan de estas valoraciones técnicas puntuales. Por este motivo, se introdujo una tercera parte específica en la norma UNE dedicada en exclusiva a evaluar de manera objetiva y cuantitativa cuánta industrialización contiene un edificio, ya sea en fase de proyecto o una vez ejecutado.
Si nos comparamos con el entorno europeo, países como Francia o el Reino Unido llevan tiempo trabajando en documentos similares. ¿Qué diferencias destaca respecto a su enfoque?
Es preciso realizar una aclaración terminológica: prefabricación e industrialización no son sinónimos. Francia cuenta con una larga tradición en prefabricación, que constituye un método para la obtención de productos. En cambio, la construcción industrializada es un proceso global a través del cual el sector opera y genera edificios de forma distinta a la convencional, utilizando, eso sí, componentes prefabricados.
En el caso del Reino Unido, sus denominados Métodos Modernos de Construcción (MMC) se interpretaron de forma errónea como sinónimo de construcción industrializada, lo que generó confusión y un cierto caos. Los propios especialistas británicos nos recomendaron no seguir su experiencia y buscar un camino propio. El fallo de los MMC consistió en mezclar en una misma clasificación elementos de la industrialización del proceso junto a tecnologías como la robótica o la impresión aditiva, que son métodos modernos de producción, pero pertenecen a disciplinas distintas. Actualmente, la ISO trabaja en un léxico internacional en este ámbito, pero con la aprobación de este estándar, España se ha anticipado al debate global.
Para aclarar la estructura técnica que propone el documento, ¿qué relación existe entre los niveles de industrialización y los denominados ‘tier’?
Son conceptos independientes. El término tier procede de la automoción y define la jerarquía comercial y la complejidad de los proveedores que suministran elementos al agregador final del vehículo. Trasladado a nuestro sector, implica que todas las empresas, a su nivel de tier, acabarán participando en la industrialización, proveyendo a las fábricas de componentes en lugar de suministrar directamente a la obra tradicional. Por el contrario, el nivel de industrialización no mide la cadena de suministro, sino el grado o porcentaje en el que el edificio final contiene dichos componentes industrializados.
Al ser las normas UNE de aplicación voluntaria por naturaleza, ¿qué garantizará que los arquitectos, promotores y constructores la adopten de forma masiva?
Las normas UNE son voluntarias, salvo que un documento posterior, como el Código Técnico de la Edificación (CTE) o un pliego de condiciones de la administración, las cite expresamente y las convierta en obligatorias. Más allá de este mecanismo legal, el gran valor de este documento radica en que ha sido consensuado por más de ochenta instituciones, empresas y entidades del sector. Representa unos mínimos técnicos acordados por una amplia representación sectorial. Lo lógico es que, al realizar licitaciones, nos refiramos a esta norma estandarizada antes que inventar criterios propios de forma aislada.
¿Cuáles han sido los principales desafíos técnicos para alcanzar ese consenso sectorial?
El mayor reto ha sido pactar las definiciones conceptuales. Términos clásicos acuñados en los años cincuenta del siglo pasado por grandes especialistas respondían al entorno técnico de su época. Setenta años después, esas definiciones requerían un ajuste urgente al contexto actual. Tuvimos que conciliar sensibilidades opuestas, desde expertos que consideraban innecesario replantear los conceptos hasta visiones rupturistas. Encontramos un punto medio para matizar e historiar términos fundamentales como componente, montaje, acoplamiento, ensamblaje o trazabilidad.
El índice de industrialización de la norma UNE es una cuantificación matemática y objetiva; los grados son una aproximación cualitativa y subjetiva
Otro debate de gran interés fue unificar y diferenciar los conceptos de índice y grado, que el sector utilizaba indistintamente. La norma UNE clarifica que el índice de industrialización es un método de cuantificación objetivo, basado en valores numéricos específicos vinculados al presupuesto de la obra. Los grados, en cambio, representan una aproximación cualitativa y subjetiva, cuya definición suele depender de decisiones políticas o de conveniencia institucional en cada momento. Es análogo al certificado energético: la letra asignada (A, B o C) constituye el grado cualitativo, pero existe porque se sustenta en un índice objetivo medible, como los kilovatios hora por metro cuadrado al año. La norma aporta el indicador matemático y objetivo; el grado cualitativo posterior lo determinará la entidad correspondiente.
Para concluir, la Comisión Europea acaba de publicar una guía sobre el pasaporte digital de productos para transformar la trazabilidad y sostenibilidad en el sector. ¿Cómo se alinean estos pasos con el nuevo marco normativo?
Europa está configurando una estrategia para digitalizar profundamente el sector de la construcción. En este escenario técnico emergen herramientas clave como el pasaporte digital de productos y el Digital Building Logbook (libro digital del edificio). Estos instrumentos centralizan la información prestacional de los componentes para ser utilizada en las distintas fases de su ciclo de vida: proyecto, ejecución, mantenimiento y, especialmente, en el fin de vida y desmontaje bajo los criterios de la economía circular.
Durante la vida útil del edificio se sustituyen múltiples elementos por mantenimiento. Cada vez que incorporamos o retiramos un componente, requerimos conocer sus propiedades exactas para facilitar su reintroducción segura en el circuito industrializado de la construcción o en otros sectores. El pasaporte digital es una pieza clave en la definición de este nuevo ecosistema digital europeo.
La norma UNE 41610:2026 dota al sector AECO de un índice cuantitativo y matemático de consenso para medir objetivamente la industrialización de la edificación en base al presupuesto de obra. Su implantación unifica el vocabulario del sector de cara a las licitaciones públicas del PERTE y se alinea con las directrices de digitalización y trazabilidad sostenible impulsadas desde la Unión Europea.
