La transición hacia una construcción más sostenible exige datos verificables, metodologías comunes y una implantación coordinada que no genere inseguridad jurídica ni distorsiones competitivas en el sector
La sostenibilidad ha dejado de ser un atributo añadido para convertirse en un eje estructural del sector de la construcción. La entrada en escena del pasaporte digital de producto, la aplicación de la taxonomía europea y la creciente exigencia de trazabilidad y datos ambientales están modificando la forma de proyectar, construir y promover. En esta entrevista coral, distintos perfiles del sector analizan cómo está impactando esta transformación en su trabajo diario y qué retos y oportunidades plantea a medio plazo.
Entrevista a Lluís Moreno presidente de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya CCOC en relación con el monográfico y entrevista coral, Materiales y sostenibilidad: incluyendo el pasaporte digital, la taxonomía europea y cómo las empresas están respondiendo a estas exigencias.
¿Cómo están cambiando los criterios de selección de materiales en proyectos y obras a raíz de las nuevas exigencias de sostenibilidad y del marco regulatorio europeo?
La selección de materiales ha dejado de basarse exclusivamente en criterios técnicos y económicos para incorporar de forma creciente parámetros ambientales como la huella de carbono, el contenido reciclado o las declaraciones ambientales de producto. Esta evolución es coherente con el marco regulatorio europeo y con la necesidad de avanzar hacia una construcción más sostenible.
Sin embargo, también implica una mayor complejidad en la toma de decisiones, especialmente para las empresas constructoras, que asumen la responsabilidad final de la ejecución y necesitan información fiable y comparable.
Desde su experiencia, ¿la información ambiental disponible hoy sobre los materiales es realmente útil, comprensible y comparable para quienes proyectan, dirigen obra o promueven?
Se ha avanzado de manera significativa en la disponibilidad de información ambiental, pero todavía existen carencias en estandarización y comparabilidad entre productos.
No obstante, la información a veces resulta engañosa: por ejemplo, de nada sirve promover un edificio con estructura de madera, si finalmente esa madera se importa de Finlandia o de Canadá. Hay que observar la huella real de carbono desde el origen hasta su puesta en obra.
También hay que tener en cuenta que el hormigón es el material con mayor huella de carbono que existe debido a la reacción química que debe hacerse para fabricar el cemento una tonelada de CaO libera 0,75 toneladas de CO2. Hasta que las cementeras no consigan captar el dióxido de carbono que libera la reacción, no podremos hablar de llegar al Net Zero 2050 en la Construcción.
Desde el punto de vista de la obra, es imprescindible que los datos sean verificables, armonizados y basados en metodologías comunes. Además, deben poder integrarse en herramientas digitales de gestión de proyecto para facilitar la toma de decisiones. Sin esa coherencia, el riesgo es generar inseguridad jurídica y dificultades operativas.
La selección de materiales ya no responde solo a criterios técnicos y económicos, sino también a huella de carbono, trazabilidad y declaraciones ambientales verificables
El pasaporte digital de producto apunta a ser una herramienta clave en los próximos años. ¿Cree que facilitará la toma de decisiones o añadirá una nueva capa de complejidad técnica y administrativa?
El pasaporte digital de producto puede convertirse en una herramienta transformadora si realmente contribuye a simplificar procesos y evitar duplicidades documentales. Su eficacia dependerá de su interoperabilidad con entornos BIM y de su integración en los sistemas habituales de gestión. También será clave que no suponga una carga administrativa adicional, especialmente para las pymes, que tienen un peso muy relevante en el sector. Si se implanta con criterios progresivos y claros, puede mejorar la trazabilidad y la transparencia.
¿Qué dificultades reales encuentran los distintos agentes del sector para integrar datos ambientales, trazabilidad y criterios de circularidad en el día a día del proyecto y la obra?
La integración de nuevas exigencias ambientales se produce en un contexto de plazos ajustados, márgenes reducidos y una cadena de valor altamente fragmentada. A ello se suma la volatilidad en el precio de las materias primas y de los materiales de construcción, que introduce una incertidumbre económica significativa en los proyectos. En el actual marco normativo, condicionado por la Ley de Desindexación de 2015, la revisión de precios no es automática y solo es posible si se prevé expresamente en los contratos, lo que limita la capacidad de adaptación ante incrementos sobrevenidos.
En este escenario, la incorporación de materiales con mayores requisitos técnicos o ambientales puede verse condicionada por la ausencia de mecanismos ágiles de revisión. Estos nuevos estándares deben estar correctamente previstos desde la fase de proyecto y reflejarse de forma realista en presupuestos, plazos y contratos, incluyendo instrumentos que permitan gestionar adecuadamente las variaciones de costes.
El pasaporte digital de producto será útil si es interoperable con BIM y no se convierte en una carga administrativa para las pymes
¿Está influyendo ya la taxonomía europea en la viabilidad económica de los proyectos, el acceso a financiación o la contratación pública?
La taxonomía europea ya empieza a influir en el acceso a la financiación y en la viabilidad económica de determinados proyectos, especialmente aquellos vinculados a financiación sostenible o fondos europeos. También está teniendo un peso creciente en la contratación pública, donde los criterios ambientales son cada vez más relevantes. Es fundamental que esta evolución vaya acompañada de mecanismos que valoren adecuadamente estos esfuerzos y eviten que el factor precio siga siendo prácticamente el único elemento determinante.
¿Existe una brecha entre los objetivos normativos de sostenibilidad y los tiempos, costes y dinámicas reales de la construcción?
Existe cierta tensión entre la ambición de los objetivos normativos y las dinámicas reales del sector de la construcción, que opera con márgenes ajustados y una elevada presión de plazos. La transición hacia modelos más sostenibles debe ser gradual, coordinada y basada en criterios técnicos claros. Sin esa coherencia, se corre el riesgo de incrementar costes y complejidad sin garantizar un impacto ambiental proporcional y medible.
¿Cómo está afectando esta transición a la relación entre promotores, proyectistas, direcciones facultativas, constructoras y proveedores de materiales?
La nueva capa de exigencias ambientales está reforzando la necesidad de colaboración y transparencia entre promotores, proyectistas, direcciones facultativas, constructoras y proveedores. La trazabilidad de datos y la definición de objetivos ambientales requieren mayor coordinación desde las fases iniciales del proyecto. Esta evolución puede mejorar la calidad global de las obras, pero exige también una definición clara de responsabilidades y una mejor articulación contractual entre las partes. De ello se desprende el modelo de contratación colaborativa, que existe en la ley de Contratos, pero está poco extendida.
¿Considera que arquitectos, arquitectos técnicos y equipos de obra están suficientemente formados para interpretar y aplicar correctamente esta nueva capa de información técnica y ambiental?
Los profesionales del sector están realizando un esfuerzo importante de adaptación a este nuevo marco normativo, pero la velocidad de los cambios es elevada y constante. Es necesario reforzar la formación específica en criterios ambientales aplicados a obra, así como disponer de guías prácticas que faciliten la aplicación real de la normativa. También es importante que la Administración establezca criterios homogéneos que aporten seguridad y eviten interpretaciones divergentes.
¿Qué riesgos identifica en una implantación acelerada de nuevas exigencias sin una coordinación clara entre normativa, industria y práctica profesional?
Una implantación excesivamente acelerada puede generar inseguridad jurídica, sobrecarga administrativa y un incremento de costes que no siempre queda reconocido contractualmente. También existe el riesgo de distorsiones competitivas si las exigencias no se aplican de forma homogénea. Por ello, resulta imprescindible una coordinación efectiva entre la normativa europea, estatal y autonómica, así como una planificación que tenga en cuenta la realidad operativa del sector.
Mirando a medio plazo, ¿qué oportunidades concretas puede generar esta transformación para mejorar la calidad del proyecto, la eficiencia de la obra y la competitividad del sector?
Si se gestiona con rigor y realismo, esta transformación puede convertirse en un auténtico vector de modernización del sector. Puede impulsar la digitalización y la industrialización, mejorar la calidad y durabilidad de las obras y reforzar la competitividad internacional de las empresas. Esta transformación debe entenderse como una oportunidad para profesionalizar aún más la construcción, siempre que se integre con equilibrio entre ambición ambiental, viabilidad económica, solvencia técnica y seguridad jurídica.
La implantación acelerada de nuevas exigencias puede generar inseguridad jurídica y sobrecostes si no existe una coordinación normativa clara
