El encarecimiento de los costes, la caída de las concesiones y el lento avance de los fondos europeos frenan la capacidad transformadora de la obra pública. El sector urge a una revisión integral del modelo para no perder el tren de Europa.
Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras SEOPAN, presentó el informe anual de balance del sector y previsiones para 2025, elaborado con el soporte técnico de Sener. En él, se analizan los principales desafíos estructurales que enfrenta la obra pública en España y se plantean propuestas para reactivar un sector clave en la transformación económica y territorial del país.
Durante su intervención, Núñez insistió en que España necesita una estrategia clara de inversión en infraestructuras, una regulación moderna y una gestión eficiente de los recursos. “Sin una reforma profunda del marco normativo y del modelo de contratación, no podremos competir con nuestros vecinos europeos ni responder a los objetivos de sostenibilidad y digitalización”, señaló.
Aunque la licitación pública creció un 10,3 por ciento en 2024 hasta los 29.533 millones de euros, el análisis revela importantes desequilibrios: este aumento se debe principalmente al empuje de las administraciones autonómicas y locales (+38,3%), mientras que el Estado redujo su actividad en un 15,5% tras la finalización del primer ciclo de inversión del plan Next Generation EU.
Una de las señales más preocupantes es la caída de las concesiones, que se desplomaron hasta los 312 millones de euros, marcando un mínimo histórico y evidenciando la falta de un modelo funcional de colaboración público-privada. Paralelamente, la contratación directa creció un 21 por ciento, con los riesgos que esto supone en términos de competencia y transparencia.
El contexto inflacionario añade tensión al sector. Desde enero de 2021, el coste medio de las obras ha subido un 26,7 por ciento, debido al encarecimiento de materiales clave como el acero, el aluminio, la electricidad o el gas. Este incremento compromete la viabilidad de muchos contratos públicos y pone de relieve la necesidad de mecanismos eficaces de revisión de precios.
Respecto a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los datos también son alarmantes: solo se ha movilizado un 31 por ciento del total de fondos asignados, y apenas el 8,6 por ciento ha llegado a la obra pública. El retraso en la ejecución contrasta con el ritmo de países del entorno y refleja carencias estructurales en la planificación y tramitación de inversiones.
Para revertir esta situación, el sector propone una serie de reformas clave: una revisión integral de la Ley de Contratos del Sector Público, la introducción de modelos de contratación colaborativa, la agilización administrativa, incentivos para la inversión privada y un nuevo plan de infraestructuras con horizonte 2030.
Con una estimación de 349.000 millones de euros de inversión necesaria en infraestructuras en los próximos seis años, el reto es mayúsculo. El sector advierte: el momento de actuar es ahora.
