El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha dado un paso definitivo en el despliegue del marco normativo del sector con la constitución oficial del Pleno del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura.
Presidido por el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, este organismo nace con la vocación de convertirse en el principal espacio de debate, participación y consulta de nuestro país. La iniciativa da cumplimiento a lo previsto en la Ley de Calidad de la Arquitectura, consolidando una gobernanza transversal y sumándose al trabajo ya iniciado por la Casa de la Arquitectura.
Un nuevo hito en el marco de la Ley de Calidad de la Arquitectura
La sesión constitutiva, celebrada en las dependencias de la Casa de la Arquitectura, formaliza la puesta en marcha de un instrumento estratégico clave. Tras la creación de la propia institución que albergó el encuentro, el Ministerio avanza de forma progresiva en el desarrollo de las herramientas que establece el texto legal.
La calidad de la arquitectura solo puede construirse desde la colaboración entre administraciones, profesionales y sociedad. Ese es el espíritu con el que nació la Ley, ha destacado Iñaqui Carnicero.
El despliegue de esta hoja de ruta ministerial se completará próximamente con la presentación de la futura Estrategia Nacional de Arquitectura, un documento estratégico concebido para integrar de manera sistémica y profunda la calidad arquitectónica en el conjunto de las políticas del Estado. Con este horizonte, el Ejecutivo busca dotar al sector de un marco normativo e institucional predecible, robusto y adaptado a las demandas normativas y climáticas actuales.
Un órgano transversal, interdisciplinar y abierto al diálogo sectorial
La fortaleza del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura radica, según sus promotores, en una composición plural que busca generar consensos amplios y duraderos dentro del entorno edificado. La mesa de trabajo ha logrado reunir en un mismo espacio de diálogo a representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y la administración local, junto a colegios profesionales, universidades, centros de investigación, organizaciones del sector empresarial y diversas entidades de la sociedad civil directamente vinculadas al sector.
Esta diversidad estructural persigue el claro objetivo de abordar los complejos retos de la edificación actual a través de una perspectiva compartida, colaborativa e interdisciplinar. En palabras del secretario general de Agenda Urbana, el propósito prioritario es que este foro técnico y político consiga consolidarse de forma inmediata como un instrumento verdaderamente útil, transparente y dotado de la flexibilidad necesaria para enriquecer y mejorar de manera continua el diseño de las políticas públicas y normativas estatales.
El Consejo funcionará como un espacio permanente para promover el diálogo sectorial, compartir conocimiento científico y formular propuestas normativas concretas.
Funciones prioritarias: contratación pública, innovación y sostenibilidad
El Consejo asume desde su constitución un listado de competencias enfocadas a modernizar la práctica profesional y la contratación en España. Entre sus funciones prioritarias destaca de forma explícita el impulso decidido a la calidad arquitectónica en los procesos de licitación y contratación pública, un factor considerado clave para traccionar e industrializar las buenas prácticas en el mercado general. Asimismo, el organismo actuará como asesor principal de las diferentes administraciones públicas en la materia y estará plenamente facultado para emitir recomendaciones y formular propuestas normativas en el ámbito de aplicación de la ley.
Por otra parte, las directrices del Consejo pondrán especial foco en la promoción de la innovación técnica, la sostenibilidad ambiental y la investigación aplicada en todos los procesos vinculados al entorno construido. El fin último es situar la arquitectura como un eje transversal capaz de dar una respuesta eficaz a los desafíos sociales, optimizando las condiciones de habitabilidad, impulsando la protección y difusión del patrimonio contemporáneo e incrementando de forma decidida la concienciación e implicación de la sociedad civil respecto a los valores tangibles de la arquitectura.
