La persistente inestabilidad geopolítica en Irán y el bloqueo del tránsito de materias primas por el estrecho de Ormuz continúan tensionando de manera directa el mercado energético internacional. Esta situación ha derivado en incrementos sustanciales en la cotización del petróleo Brent y del gas, impactando de forma inmediata en la cadena de costes del sector de la construcción.
Según el Informe de septiembre, elaborado por el Servicio de Estudios de ANCI, Asociación Nacional de Constructores Independientes, la asociación de las constructoras no cotizadas, el alza de materias primas y combustibles, las obras hidráulicas, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y de edificación registran sobrecostes generalizados, con un impacto especialmente crítico en las infraestructuras viarias.
Fuerte tensión en los costes de la energía y las materias primas
La fluctuación del precio del barril de petróleo Brent, que durante el mes de septiembre cotiza en una horquilla entre los 90 y los 100 dólares sin mostrar signos de corrección a la baja, se ve agravada por la limitada capacidad de refino a nivel global. Este factor añade una presión adicional sobre los productos refinados del petróleo, afectando de lleno a los combustibles y a los materiales bituminosos.
Los materiales bituminosos y la energía registran repuntes del 38% y del 37% entre enero y julio de 2026, niveles cercanos a los acumulados durante la pandemia y la guerra de Ucrania.
Según los datos avanzados por el Instituto Valenciano de la Edificación y la Cámara de Comercio de España, la energía y los derivados del petróleo acumulan subidas del 37% y del 38% respectivamente entre enero y julio de 2026. Esta escalada en solo siete meses se sitúa en cifras comparables al incremento experimentado a lo largo de los dos años de la crisis inflacionista previa. Asimismo, la presión sobre los costes de producción y transporte ha provocado subidas del 19% en el aluminio y en el acero corrugado, mientras que los materiales cerámicos experimentan un incremento del 11%. A este panorama se suma el repunte de la inflación, situada en el 4,3% en agosto, lo que anticipa tensiones en los costes de la mano de obra a corto plazo.
Desglose de incrementos según la tipología de obra pública
El traslado de estos costes a las distintas tipologías constructivas presenta variaciones significativas según la intensidad de uso de energía y materiales intensivos en derivados del petróleo. Las obras de carreteras resultan ser las más damnificadas, con un incremento medio del 13%, alcanzando horquillas de entre el 20% y el 23% en las actuaciones destinadas a la renovación o rehabilitación de firmes.
Las actuaciones de renovación de firmes lideran los sobrecostes del sector con incrementos de entre el 20% y el 23%.
| Tipología de Obra | Subida acumulada (Ene 26 – Jul 26) |
| Rehabilitación de firmes | 20% – 23% |
| Carreteras (media) | 13% |
| Explanadas y rellenos portuarios | 13% – 14% |
| Pistas de vuelo | 13% |
| Montaje de vía / Plataforma ferroviaria | 9% |
| Obras aeroportuarias | 9% |
| Obras portuarias | 8% |
| Obras hidráulicas | 5% |
| Edificación | 4% – 5% |
Petición de medidas extraordinarias ante la acumulación de sobrecostes
Esta coyuntura inflacionista compromete la viabilidad económica de las obras en ejecución, de forma análoga a lo acontecido en el periodo 2021-2022. El riesgo de ruptura del equilibrio contractual es especialmente elevado en aquellos contratos adjudicados con precios anteriores al inicio de la crisis iraní y que carecen de cláusulas de revisión ordinaria.
Los contratos anteriores a 2021 acumulan incrementos de entre el 27% y el 55%, topeados al 20% por la revisión excepcional actual.
Para los contratos adjudicados con anterioridad a 2021, las subidas del presente ejercicio se añaden a los sobrecostes acumulados previamente, que se sitúan entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación. Dado que el mecanismo de revisión excepcional de precios regulado por el Real Decreto-ley 3/2022 limita la compensación máxima al 20%, los contratistas asumen actualmente el resto del sobrecoste. Ante este contexto, el sector plantea la necesidad de reactivar y modificar dicho mecanismo legal para adaptar la normativa a la actual crisis inflacionista y garantizar la continuidad de los contratos públicos de infraestructuras.
