Por Pablo Martín · Director de Asefave
Estamos en un año de transición entre las novedades reglamentarias publicadas durante 2024 y los cambios normativos que comportarán y que empezarán a notarse en 2026.
La nueva versión de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios se publicó el 8 de mayo de 2024 en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y conlleva una serie de novedades que es importante señalar.
La Directiva se enmarca dentro de la estrategia de la Unión Europea de descarbonizar para 2050 el parque edificatorio. Se pasa de poner el foco en el edifico de consumo de energía casi nulo al edificio de cero emisiones.
El nuevo indicador con el que hemos de empezar a familiarizarnos es el potencial de calentamiento global (PCG). La Directiva obliga a que los Estados Miembros introduzcan este indicador en los certificados de eficiencia energética de edificios y viviendas, con el compromiso de que, a partir de 2030, cada país marque unos valores máximos que no puedan superar los edificios nuevos. A nivel nacional, estas obligaciones implican cambios legislativos- El esquema de certificación energética se ha de modificar para dar cabida al nuevo indicador y, a través del nuevo documento básico (DB HSA, sostenibilidad ambiental) del Código Técnico de la Edificación, se fijarán los valores máximos.
Otra derivada de la Directiva es el compromiso, de momento sin obligatoriedad, de que los Estados Miembros diseñen un sistema de pasaporte de renovación de los edificios, ya que el objetivo de descarbonización también incluye los edificios existentes. En este pasaporte se han de plantear las etapas (y el orden recomendado) en que ha de llevarse a cabo la renovación energética profunda del edificio.
De ahí que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana haya comenzado a elaborar un Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios. Estando a la espera de ver qué objetivo de número de viviendas a rehabilitar se plantea y en qué plazo, así como el presupuesto que acompañará al Plan.
Ya casi finalizando 2024, el 18 de diciembre, se publicó en el DOUE el nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción, que tiene sus propias exigencias para los productos.
Como novedad, los fabricantes tendrán que incluir en el marcado CE de sus productos cierta información medioambiental, basada en las declaraciones ambientales de los productos, comenzando por el potencial de calentamiento global.
Asimismo, también se introduce la exigencia a los fabricantes de que dispongan de un pasaporte digital de producto que contenga toda la información obligatoria
En este entorno de cambios, el sector del cerramiento está a la expectativa para saber cómo le van a ir afectando y, sobre todo, a partir de cuándo.
La propia actividad del sector también está en un momento de variaciones. Tras unos años en que el peso de la demanda lo llevaba la rehabilitación de edificios residenciales, actualmente se nota que está basculando hacia la obra nueva, con un incremento en viviendas visadas en 2024 en torno al 17% respecto a 2023.
Todo ello enmarcado en los últimos años con la disponibilidad de los fondos Next Generation para la rehabilitación de edificios y viviendas que, en general, han dejado una sensación agridulce.
Nunca se había dispuesto de una dotación presupuestaria tan elevada para la rehabilitación de edificios y viviendas.
Cuando los programas se publicaron en octubre de 2021, se generó una gran expectativa en el sector, aunque se anticipaban algunas de las dificultades que posteriormente se han producido.
El volumen de solicitudes alentadas por los fondos ha superado con creces las dotaciones disponibles en algunas comunidades autónomas, colapsando su capacidad de gestión.
Se ha de tomar nota y diseñar futuros planes de forma que la gestión administrativa sea práctica, fácil de llevar a cabo para las comunidades autónomas, sencillos de entender por los solicitantes y, lo más importante, que las ayudas se reciban en el menor plazo de tiempo posible para no perder su efecto incentivador.
Dentro de los fondos se incluye una medida, prácticamente desconocida, que ha funcionado bien y, recientemente, ha tenido cierto protagonismo con la tramitación del reciente decreto ómnibus: la desgravación fiscal en renta por actuaciones de rehabilitación en edificios y viviendas. Cuesta entender cómo una medida tan efectiva quedó fuera del mencionado decreto y esperemos que se retome en un próximo Real Decreto-Ley.
Finalmente, mencionar la reivindicación que nuestra asociación lleva peleando desde hace años: la creación de un IVA específico (llegando a ser 0 durante un periodo transitorio) ligado a las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas. Esta medida sí que creemos que provocaría un salto cuantitativo en el número de rehabilitaciones, acercando la realidad a los objetivos que el Gobierno de España asume ante Bruselas con relación a la descarbonización del parque edificatorio.
