El Gobierno ha dado un paso determinante en su estrategia para garantizar el acceso a la vivienda: el Consejo de Ministros ha aprobado la transmisión de hasta 40.000 viviendas y 2.400 suelos procedentes de Sareb a SEPES, la entidad pública que ya actúa como empresa estatal de vivienda y suelo.
Este proceso representa una inflexión histórica en el uso del parque inmobiliario generado por la anterior crisis financiera. En palabras de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, “se trata de enviar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos, hoy a rescatar a las familias”. El objetivo es claro: poner a disposición de la ciudadanía, en régimen de alquiler asequible, el mayor volumen de vivienda pública disponible desde la creación de Sareb.
Criterios de incorporación: eficiencia, habitabilidad y oportunidad
La selección de activos que pasarán a SEPES responde a un análisis técnico, jurídico y económico realizado en colaboración con Sareb. El resultado es un perímetro preliminar que incluye más de 40.000 viviendas y suelos con potencial para desarrollar hasta 55.000 viviendas adicionales.
Para las viviendas, se han establecido tres bloques de criterios:
- Geográficos: prioridad a municipios de áreas metropolitanas, islas, o de más de 5.000 habitantes (o de más de 1.000 si han crecido un 5 % en la última década). En zonas rurales, se exige una concentración mínima de 10 viviendas para garantizar una gestión eficiente.
- Económicos: viviendas de hasta 85 m² útiles (sin límite de tasación), y de hasta 150 m² si su valor no supera un 40 % del precio medio provincial según la Estadística de Valor Tasado del MIVAU.
- Técnicos: sin patologías estructurales, en condiciones habitables y conforme a la legislación urbanística.
En el caso de viviendas con contratos de alquiler social vigentes, estas se incorporarán automáticamente, al margen de los criterios anteriores.
Para los suelos, los requisitos incluyen:
- Ubicación en municipios de más de 5.000 habitantes.
- Viabilidad económica: se fija un alquiler objetivo asequible para una vivienda tipo de 70 m², en línea con la Ley por el Derecho a la Vivienda.
- Condiciones técnicas: deben permitir promociones plurifamiliares de al menos 30 viviendas, estar inscritos en el Registro de la Propiedad y el Catastro, y estar en pleno dominio de Sareb o en más del 80 % de su titularidad.
Este perímetro podrá ampliarse mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en función de criterios justificados.
SEPES asume la gestión: colaboración interadministrativa y nuevos recursos
Las viviendas y suelos que cumplan estos requisitos pasarán de Sareb a Patrimonio del Estado y, desde ahí, a SEPES. Esta empresa pública será la encargada de gestionar los activos, en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, sus empresas públicas de vivienda y los ayuntamientos. El nuevo modelo apuesta por la cesión de uso y no por la venta, garantizando la titularidad pública y un precio de alquiler limitado al 30 % de los ingresos de las familias.
Además, el Gobierno ha autorizado el uso de 593 millones de euros procedentes del Acuerdo del 9 de mayo de 2023 para reforzar el parque público. Este fondo permitirá:
- Invertir en el desarrollo de suelos ya adquiridos al Ministerio de Defensa.
- Completar la compra de solares actualmente en negociación.
- Destinar recursos a adecuar las viviendas procedentes de Sareb antes de su puesta en alquiler.
- Reforzar las adquisiciones en zonas tensionadas mediante nuevas promociones o compras selectivas.
Una nueva política de vivienda con visión estructural
Con esta operación, el Ejecutivo sienta las bases de una política de vivienda estructural, alejada de las respuestas coyunturales. La nueva empresa estatal no solo absorberá patrimonio inmobiliario, sino que será una herramienta de largo recorrido para equilibrar el mercado residencial español, en el que apenas un 3 % del parque es de titularidad pública, frente a cifras del 20 % en varios países europeos.
Esta intervención permite revertir las secuelas de la crisis de 2008 y, al mismo tiempo, afrontar las tensiones actuales con un instrumento sólido, con capacidad técnica, jurídica y financiera. Tal como ha remarcado la ministra Isabel Rodríguez, «nuestro modelo es lo público: salvar a las familias».
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