La Comisión Europea ha presentado su propuesta para la Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act, IAA), una iniciativa legislativa que pretende reforzar el liderazgo industrial europeo en sectores estratégicos y acelerar el proceso de descarbonización de la industria. El texto inicia ahora su tramitación dentro del procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea, que implica la participación del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, donde están representados los Estados miembros.
La propuesta prevé introducir criterios de “bajas emisiones de carbono” y “Hecho en la UE” en programas públicos y procesos de contratación, que se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir de 2029, con el objetivo de incentivar la producción industrial sostenible dentro del territorio europeo.
La iniciativa forma parte del Pacto Industrial Limpio (Clean Industrial Deal) impulsado por la Comisión Europea para fortalecer la competitividad de la industria europea en un contexto global marcado por la transición energética y la presión competitiva de otras economías.
Entre sus principales objetivos figura acelerar las inversiones en tecnologías industriales bajas en carbono, así como proporcionar un marco normativo que favorezca la fabricación y el desarrollo de soluciones estratégicas dentro de la Unión Europea.
Desde el sector de la construcción, la Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC) ha valorado positivamente la propuesta. La organización destaca especialmente la referencia explícita a la legislación sectorial existente, como el Reglamento de Productos de Construcción (CPR), así como las aclaraciones destinadas a reforzar las etiquetas de productos con bajas emisiones de carbono.
No obstante, la FIEC subraya que estas etiquetas no deberían vincularse automáticamente al contenido reciclado de los materiales, ya que las emisiones asociadas a los productos dependen de múltiples factores a lo largo de su ciclo de vida.
El expediente legislativo inicia ahora su recorrido institucional en Bruselas, donde será objeto de debate y posibles enmiendas en el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su eventual aprobación definitiva. Si el calendario previsto se mantiene, las nuevas disposiciones podrían comenzar a aplicarse en la contratación pública europea a partir de 2029, marcando un nuevo marco para la política industrial y climática de la Unión.
