El estudio presentado en la jornada “Agua y Futuro: Hoja de ruta para España” estima una inversión de 103.824 millones de euros en los próximos 10 años: 84.644 millones para atender la escasez de agua y 19.180 millones para reducir el riesgo de inundaciones
Es preciso invertir 103.824 millones de euros (M€) en los próximos 10 años, destacando la atención a las demandas de agua para minimizar los efectos de las sequías con 84.644 M€ y reducir los efectos de inundaciones con 19.180 M€, según el informe “Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España” presentado esta mañana por SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras y la ingeniería TYPSA en la jornada “Agua y Futuro: Hoja de ruta para España”, organizada por FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas de España.
Por un lado, la inversión estimada de 84.644 M€ para contrarrestar la variabilidad de las precipitaciones y temperaturas que dan lugar a situaciones de escasez de agua se desagrega en 2.769 M€ destinados al conocimiento y monitorización del ciclo del agua mediante tecnologías avanzadas e inteligencia artificial para controlar en tiempo real consumos y pérdidas, integrando modelos meteorológicos e hidrológicos y modernizando los SAIH, 10.933 M€ para la adaptación al cambio climático mediante la ampliación de inversiones en desalación y reutilización, especialmente en las cuencas mediterráneas, 59.183 M€ a infraestructuras del ciclo urbano del agua para cumplir
con las Directivas europeas de abastecimiento y saneamiento y alcanzar tasas mínimas de renovación del 1% anual y 4.112 M€ al cumplimiento de los objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulico. Por último, se añaden 7.647 M€ para inversiones en el marco de un Acuerdo Nacional del Agua, que incluyen nuevos trasvases y la optimización de los existentes, la evaluación de nuevas necesidades de regulación mediante presas, planes de conservación y mantenimiento —especialmente en seguridad de presas— y propuestas de modificación de la Ley de Aguas para mejorar la coordinación entre planes hidrológicos, de sequía y de inundaciones.
La segunda parte del estudio presentado recoge 19.180 M€ de inversiones necesarias para reducir el riesgo de inundación y mejorar la resiliencia hídrica. Esta cifra incluye 3.550 M€ en medidas estructurales para reducir el riesgo de inundación -con 1.722 M€ en planificación-, 9.443 M€ en sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), tanques de tormenta, infraestructuras de laminación y monitorización de sistemas de saneamiento, 1.542 M€ en infraestructuras verdes destinadas a conservación de cauces y litoral, restauración hidrológica forestal y restauración fluvial y 4.644 M€ en adecuación y modernización de presas conforme a las normas de seguridad vigentes, un ámbito crítico, centrando la inversión en la adaptación de aliviaderos, órganos de desagüe y sistemas de monitorización. Además, se deberán realizar actuaciones con nuevos sistemas de medida y alerta temprana, así como la mejora de la permeabilidad de infraestructuras lineales y su adaptación al cambio climático, cuyo coste deberá determinarse mediante inventarios y análisis hidrológicos.
En España, 2,7 millones de personas residen en zonas inundables, con más de 473.000 en áreas de alto riesgo, teniendo, asimismo, 25.000 km de ríos y litoral clasificados como zonas inundables. En este sentido, el informe agrupa en un apéndice 4.052 M€ de inversión a realizar en las Cuencas Mediterráneas con varias actuaciones no previstas en los planes hidrológicos. Entre ellas, se recomiendan nuevas presas o alternativas a las de Villamarchante (120 M€) en el Bajo Turia, Estubeny (80 M€) y el Marquesado (80 M€) en el Bajo Júcar y afluentes, una nueva presa del Buseo en el río Reatillo y anticipar la presa de Montesa (100 M€) prevista en el próximo ciclo hidrológico. Además, se contemplan actuaciones en estudio por el Ministerio en la cuenca del barranco del Poyo, el Pla de Quart y los barrancos de Saleta, Pozalet y Massanassa, con 424 M€ de inversión estimada.
El informe pone de relieve, además, la necesidad urgente de establecer un marco financiero específico para la ejecución de los planes hidrológicos y de riesgo de inundaciones, actualmente inexistente. Además, la fragmentación competencial y la falta de una gobernanza homogénea han generado ineficiencias en la gestión, con diferencias notables entre territorios y una carencia generalizada de planificación inversora.
Las infraestructuras hidráulicas están sujetas a una planificación hidrológica europea, derivada de la Directiva Marco del Agua del año 2000, que obliga a elaborar planes hidrológicos y de prevención del riesgo de inundación cada seis años. Actualmente, en España, están en vigor los Planes Hidrológicos de tercer ciclo y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de segundo ciclo (2022-2027), con programas de medidas dotados con 37.938 y 3.312 millones de euros, respectivamente. Sin embargo, la coordinación entre ambos instrumentos es limitada y la ejecución de las inversiones es muy baja: en el último ciclo, los Planes Hidrológicos de Cuenca no alcanzaron el 30% de ejecución.
En palabras de Julián Núñez, Presidente de SEOPAN, “La catástrofe causada por la DANA de octubre de 2024 ha subrayado la urgencia de un enfoque integral sobre la planificación, ejecución y financiación de infraestructuras hidráulicas. Además, nuestro país afronta sequías cada vez más frecuentes que afectan a palancas clave de nuestra competitividad como la agricultura, ganadería y turismo y a las nuevas demandas de agua en la economía global como la industria de la transformación digital y la industria verde basada en el hidrógeno”.
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