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InicioViviendaVivienda públicaEl urbanismo, clave para garantizar vivienda social e inclusiva
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El urbanismo, clave para garantizar vivienda social e inclusiva

Expertos y representantes institucionales reclaman herramientas normativas, más suelo público y una planificación urbana alineada con el derecho a la vivienda.

El Dato
Se necesitan 300.000 nuevas viviendas sociales para alcanzar el 15% del parque en 20 años. Cataluña dispone de un potencial estimado de 65.000 VPO, de las cuales 32.654 serían de alquiler. El Plan 50.000 prevé iniciar este número de viviendas hasta 2030. Entre la aprobación de un plan urbanístico y el inicio de obras pueden pasar más de 10 años.

Resumen Mesa 1 – Urbanismo y planificación: bases para hacer posible la vivienda social y asequible

Moderada por Bàrbara Pons, arquitecta, directora de Barcelona Regional (BR) i vicepresidenta de l’O-HB, la mesa reunió a representantes de la administración, la academia y el urbanismo profesional para reflexionar sobre cómo el urbanismo puede facilitar (o dificultar) la generación de vivienda asequible.

Oriol Nel·lo, professor del Departament de Geografia de la UAB i membre del Consell Assessor de l’O-HB, comenzó su intervención destacando el papel clave del urbanismo en la lucha contra la desigualdad social y territorial, y haciendo una mirada crítica a la trayectoria de la planificación urbanística en Cataluña, señalando que, durante años, ha estado subordinada a la lógica del mercado, lo cual ha favorecido la gentrificación y ha concentrado la vivienda asequible en zonas específicas. Nel·lo reclamó devolver a los poderes públicos el liderazgo en la construcción de vivienda asequible y una política urbanística más activa y comprometida con el derecho a la vivienda. Propuso la utilización de la figura de la expropiación para conseguir más suelo y salir del paradigma del “urbanismo de los propietarios”, reforzar la obligación de reservar suelo para vivienda protegida en todos los desarrollos urbanísticos y una mayor intervención pública en la regulación del suelo, como herramientas para frenar la segregación urbana y garantizar la inclusión. También pidió una mayor implicación de la Unión Europea en el diseño de medidas y apoyo financiero a la política de vivienda social.

Elisabet Cirici, directora General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, centró su explicación en tres grandes apartados. En primer lugar, repasó el recientemente aprobado Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya (PTSHC), un instrumento de programación de las políticas de vivienda para un plazo de 20 años, que sitúa el objetivo de alcanzar el 15% de vivienda destinada a políticas sociales y un 9% específicamente de alquiler. Para alcanzar estos objetivos sería necesario incrementar el parque destinado a políticas sociales en 300.000 unidades, objetivo muy ambicioso para el que Cirici destaca la importancia de la participación de todos los agentes, públicos y privados. En segundo lugar, Cirici repasó el potencial de vivienda protegida disponible en los sectores de planeamiento. Aunque son cifras vivas, se estima un potencial de aproximadamente 65.000 VPO, de las cuales 32.654 de alquiler. Finalmente, se refirió al Plan 50.000, que tiene previsto iniciar este número de viviendas hasta 2030, y donde mediante una reserva pública de solares, se prevé captar suelo adicional y acortar los plazos para el logro de los objetivos.

Sebastià Jornet, arquitecte, president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) del COAC, puso el foco en los problemas técnicos y procedimentales que frenan el desarrollo de la vivienda social, advirtiendo que entre la aprobación de un plan urbanístico y el inicio efectivo de las obras pueden pasar más de diez años, generando una desconexión entre planificación y realidad. Jornet denunció también la falta de capacidad de los ayuntamientos para garantizar que el suelo reservado a vivienda social acabe cumpliendo esta función. Para resolver estos problemas, defendió la simplificación administrativa, con trámites preferentes para proyectos de vivienda protegida, y una reforma normativa que evite bloqueos en la implementación de los planes urbanísticos. Apuntó fórmulas de incremento de vivienda social como la utilización de plantas bajas, subdivisiones de viviendas, o la intensificación y la densificación social.

David Martínez, gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, advirtió que construir más viviendas no es suficiente si no se tiene en cuenta dónde y cómo se construyen, y defendió un modelo que combine la promoción de obra nueva con la rehabilitación de edificios existentes, y que asegure la conexión de las viviendas con servicios, transporte público y oportunidades sociales. Martínez reivindicó la coordinación entre urbanismo y políticas sociales para evitar la creación de barrios segregados y garantizar entornos urbanos cohesionados e inclusivos. Describió el Plan Viure de Barcelona y propuso diversas medidas para actuar en suelo urbano consolidado como la obligación de destinar el 30% a vivienda protegida, la vivienda dotacional en suelos de equipamiento, el coliving y la concepción de la vivienda de alquiler asequible como sistema.

Inicio Mesa 1 en el minuto 1:07,00 del vídeo

+Info y enlaces a ponencias destacadas, y resumen global y de cada una de las mesas, incluyendo las presentaciones de los ponentes:

– Amplio Resumen de las Jornadas de Vivienda Social 2025

– Ponencia Josep Oliver

– Ponencia David Lucas

– Resumen Mesa 2 – La construcción, la rehabilitación y otras vías de generación de vivienda social y asequible

– Resumen Mesa 3 – La financiación y la fiscalidad al servicio del objetivo de la vivienda social y asequible

– Resumen Mesa 4 – La atención a la vulnerabilidad y la prevención del riesgo de exclusión social residencial dentro de las nuevas propuestas legislativas

– Mesa 5 – El tratamiento y apoyo a la gestión en el ámbito de la vivienda social

– Resumen Mesa 6 – Los proyectos, planes y propuestas de las Administraciones Públicas

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