Por Joana Amat Vicepresidenta de Amat Immobiliaris y Presidenta de FIDEM.
Llevamos años intentando resolver uno de los problemas más graves de nuestra sociedad: la falta de vivienda. Hoy en día, ni siquiera el propio gobierno duda de que, tras décadas sin invertir en la construcción de nuevas viviendas y con un crecimiento poblacional de más de un millón y medio de habitantes en muy poco tiempo, hemos llegado al colapso.
Sin embargo, en lugar de abordar la verdadera causa del problema, se opta por una visión errática y cortoplacista que desvía la atención demonizando la propiedad privada y señalando como responsables a quienes más han contribuido a amortiguar la crisis, los propietarios.
El absurdo concepto de gran tenedor
Uno de los mayores despropósitos en la gestión del problema es la definición arbitraria y perversa de gran tenedor. ¿Poseer cinco o diez viviendas convierte realmente a alguien en un gran tenedor? A partir de esta premisa errónea, se han tomado decisiones que desvirtúan completamente la realidad del mercado.
Tal como explicó Carme Trilla en su comparecencia en el Parlamento, es fundamental diferenciar entre dos tipos de actores:
- Los operadores inmobiliarios, que han contribuido de manera constante y creciente a la oferta de viviendas en alquiler con rentabilidades razonables.
- Los agentes financieros, cuyo interés es meramente especulativo.
Si realmente se busca intervenir sobre los grandes tenedores, la regulación debería centrarse en los agentes financieros y no en aquellos que han sostenido el mercado durante décadas.
Desahucios: un gasto absurdo y evitable
El enfoque actual sobre los desahucios ha llevado a una situación irracional: se han gastado casi cincuenta millones de euros en alojar a familias en pensiones en lugar de destinar esos fondos a complementar el alquiler y evitar su expulsión. No solo es una política ineficiente económicamente, sino que además agrava la inestabilidad de las familias afectadas.
Es imperativo que el Ministerio de Vivienda actúe con mayor sensatez y establezca garantías claras en un plazo máximo de seis meses para corregir este despropósito.
Sanciones desproporcionadas: un freno al mercado
Lejos de incentivar la inversión en vivienda, se han impuesto sanciones desorbitadas a los propietarios, en algunos casos con cifras superiores incluso a las que se aplican por una muerte en accidente laboral. No estamos en contra de las sanciones, al contrario, quienes cumplen con la normativa queremos que se penalice a quienes no lo hacen. Pero estas medidas deben ser proporcionales y racionales. En su forma actual, solo logran ahuyentar a los inversores y debilitar aún más un sector ya colapsado.
El derecho de tanteo universal: un error que paraliza el mercado
El derecho de tanteo se ha convertido en un nuevo obstáculo que sigue girando en torno al erróneo concepto de gran tenedor, esta vez centrado en las personas jurídicas. Si mantenemos la referencia arbitraria de cinco viviendas, el resultado será el colapso administrativo de las oficinas municipales de vivienda, que tendrán que gestionar cientos de propuestas diarias, especialmente en ciudades como Barcelona.
La consecuencia inmediata será un freno total en la compraventa de viviendas, sumándose así a la ya paralizada oferta de alquiler. ¿A quién beneficia esto? Desde luego, no al ciudadano.
Además, hemos destruido un ciclo natural de acceso a la vivienda:
- Un primer alquiler al independizarse
- Un segundo alquiler en una vivienda más grande
- La posibilidad de compra
La falta de construcción y la intervención excesiva en el mercado han roto este proceso, y ahora, con la regulación sobre el tanteo en pisos de segunda mano, estamos bloqueando también la compraventa.
La única solución: un gran pacto público privado
Todos sabemos cuál es la solución, y el propio gobierno de la Generalitat lo ha manifestado en repetidas ocasiones: la colaboración público privada es imprescindible, tanto para la construcción de obra nueva en venta como en alquiler.
Pero para que este pacto funcione, es necesario establecer reglas claras:
- Los operadores inmobiliarios deben recibir un trato diferenciado de los agentes financieros, con normativas y responsabilidades ajustadas a sus roles en el mercado.
El respeto mutuo: condición indispensable
El primer paso para alcanzar un gran pacto es el respeto mutuo, y esto, lamentablemente, no está ocurriendo. Los propietarios han sido injustamente estigmatizados como especuladores y rentistas cuando, en realidad, las rentabilidades del alquiler apenas alcanzan un cuatro y medio por ciento antes de impuestos.
Es más, cualquiera de nosotros puede tener participaciones en fondos de inversión con rentabilidades más altas sin cuestionarnos su origen ni considerarnos especuladores. Entonces, ¿por qué se genera una confrontación artificial entre inquilinos y propietarios? La realidad es que los conflictos son excepcionales y la convivencia, en la mayoría de los casos, es armoniosa.
Todos los administradores de fincas tenemos claro que el inquilino es un cliente esencial, sin el cual no existiría actividad. Nadie maltrata a sus clientes.
Es esto, señores, es esto.
