La vivienda, antes un bien alcanzable para amplias capas sociales, se convierte hoy en un factor de desigualdad creciente y de tensión estructural tanto para las familias como para el mercado inmobiliario
«Los indicadores disponibles muestran que estos problemas se han agravado durante los últimos años y se concentran en determinados tipos de hogares y áreas geográficas. Por colectivos, estas dificultades son de mayor intensidad entre los hogares de menor renta y escasa capacidad de ahorro, situación en la que se encuentran, sobre todo, los jóvenes y la población de origen extranjero. Por zonas geográficas, las mayores dificultades se producen en las áreas con un mayor dinamismo de la actividad económica y turística. En contraste, entre el conjunto de los hogares que han accedido a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria, la proporción de los que realizan un sobresfuerzo en su gasto en vivienda es reducida. (Banco de España. Informe anual 2023, p. 261)».
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los mayores desafíos sociales y económicos en la España de 2025. El nuevo informe publicado por Provivienda, titulado “Prevención y atención de la exclusión residencial”, lanza una advertencia clara: la vulnerabilidad en materia habitacional se ha disparado, alcanzando incluso a sectores de población que hasta hace pocos años podían permitirse pagar un alquiler o afrontar una hipoteca sin riesgo de exclusión.
Este fenómeno no solo tiene consecuencias directas sobre la vida de miles de personas, sino que también introduce una distorsión profunda en el funcionamiento del sector inmobiliario y de la construcción. La caída del poder adquisitivo, sumada a un parque de vivienda en alquiler cada vez más tensionado y a la escasez de alternativas habitacionales asequibles, está minando la capacidad del sector para crecer de forma sostenible y contribuir a reducir la desigualdad.
La creciente dependencia de redes familiares y personales —identificada en el informe como el principal mecanismo de supervivencia económica para afrontar gastos relacionados con la vivienda— pone de manifiesto una ausencia grave de mecanismos institucionales eficaces para prevenir y atender situaciones de exclusión. Más allá de las cifras, esta situación apunta a una degradación del tejido social y al fracaso de un modelo que ha dejado a demasiadas personas fuera del sistema.
Desde la óptica del sector, la exclusión residencial es también un obstáculo estructural. La falta de una demanda solvente y estable, el envejecimiento del parque inmobiliario y la desconexión entre los ritmos del mercado y las necesidades sociales urgen una transformación profunda. Expertos urbanistas, promotores y arquitectos coinciden en que las soluciones deben pasar por políticas públicas ambiciosas, la colaboración público-privada y la adopción de modelos de desarrollo que prioricen la vivienda como derecho y no solo como activo financiero.
En palabras del informe, se necesita “una mirada estructural y de justicia social que priorice la prevención de la exclusión residencial”. Este enfoque es también una oportunidad para el sector: recuperar su función social, impulsar nuevas formas de promoción y rehabilitación accesibles, y reequilibrar un ecosistema desequilibrado por años de especulación y falta de planificación inclusiva.
El informe “Prevención y atención de la exclusión residencial” es elaborado por Provivienda, una organización no lucrativa con más de 30 años de trayectoria en España, especializada en facilitar el acceso a la vivienda para personas en situación de vulnerabilidad.
Provivienda actúa como entidad intermediaria entre el ámbito social y el residencial, promoviendo soluciones habitacionales justas, inclusivas y sostenibles. Su trabajo combina intervención directa, acompañamiento técnico, producción de conocimiento y propuestas de incidencia política, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda desde un enfoque de justicia social y equidad.
La segunda edición de este informe, publicada en 2025, tiene como propósito visibilizar los nuevos rostros de la exclusión residencial en España, alertar sobre el empobrecimiento de las rentas intermedias y proponer un cambio estructural en las políticas de vivienda y protección social.
Imagen inició noticia y final: 54 viviendas de protección pública. Alventosa Morell Arquitectes y Joan Fortuny. Imágenes: José Hevia
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