Por Carme Trilla, presidenta de la Fundación Hàbitat3.
Hoy deben de ser muy pocas las personas que no saben el que ha ido pasando alrededor de la llamada “Casa Orsola” de Barcelona. Pero recordemos que se trata de una finca de propiedad vertical, situada en un punto estratégico de la ciudad, beneficiado por la remodelación de la calle Consejo de Ciento, en el que viven vecinos que pagan alquileres muy bajos o muy moderados. El año 2021 la finca cambia de manos, con un nuevo propietario que quiere rentabilizarla mediante el vaciado de los antiguos inquilinos y entrada de unos de nuevos, con mucha mayor capacidad adquisitiva y que, por lo tanto, pueden asumir la modalidad que se ha puesto de moda del alquiler de temporada, no sometido por ahora ni a control de precio ni a control de plazo. Los movimientos sociales de la ciudad, singularmente el s“sindicat de llogateres”, toma cartas en el asunto y apoya la postura de resistencia de los vecinos que no quieren marchar.
El Ayuntamiento, ante una situación fuertemente radicalizada, pide la mediación del Síndic de Greuges de la ciudad y consigue que el propietario acepte venderle la finca a un precio manifiestamente por debajo del valor catastral y del precio medio de la zona.
La operación de compra se ha hecho bajo una fórmula de compra social y colaborativa entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Hàbitat3. El Ayuntamiento de Barcelona había comprado ya directamente 21 edificios mediante el sistema de tanteo y retracto, pero es la primera vez que se ha utilizado un sistema colaborativo. Sea como fuere, del que se trata es de hacer frente a dos graves y grandes objetivos: por un lado, hacer crecer el parque de vivienda social y asequible de la ciudad desde el 1,5% actual hasta el 15% que establece el Plan Territorial sectorial de Vivienda de manera distribuida en el conjunto de la ciudad; y de otra, evitar al máximo la gentrificación de inquilinos que, perdiendo la vivienda, acontecen vulnerables residenciales y que desertiza la ciudad poniéndola en manos de residentes “passavolants».
De hecho, la compra colaborativa -un tipo de copropiedad social- ahora comenzada, abre aquí un camino muy interesante que viene a añadirse a otras figuras de colaboración para la provisión de vivienda social que ya se han implementado en Barcelona: la cesión en derecho de superficie de suelos públicos a entidades sin ánimo de lucro –fundaciones y cooperativas- para que construyan viviendas de alquiler o de cesión de uso y después los gestionen por un periodo largo de tiempo; los concursos de solo público para promover viviendas protegidas por parte de privados; la cesión en derecho de superficie de edificios públicos a entidades sociales para que los rehabiliten y los destinen a alquiler social; los programas de concertación de viviendas de alquiler privados gestionados por entidades sociales con cobertura pública de las rentas que no pueden asumir las familias alquiladoras; o la cesión de viviendas públicas a entidades sociales para atender necesidades de personas vulnerables.
En todas partes hace falta financiación para abordar proyectos costosos y hacen falta manos para gestionar programas complejos. Toda la atención a las necesidades de vivienda social no la puede hacer el sector público él sol. Y, por lo tanto, desempeñan un papel clave las organizaciones sociales como socios desinteresados de la administración. Las housing associations en el Reino Unido o en los Países Bajos, las HLM en Francia, ocupan un papel extraordinario en esta función. Su tradición es muy larga, de más de sesenta años. En nuestra casa, las proveedoras sociales de vivienda –que así pensamos que nos tendríamos que decir- somos relativamente recientes, quizás poco conocidas y poco numerosas. Pero cada día que pasa constatamos que somos más necesarias. Por este motivo estamos pidiendo el establecimiento de un marco jurídico de fomento y apoyo que nos permita lograr cotas más elevadas de participación en la responsabilidad pública en la defensa del derecho a la vivienda.
Por otro lado, la nueva fórmula de compra colaborativa público-social podría ser el embrión de una organización estable público-privada-social de la ciudad de Barcelona, como tantas otras hay en el mundo, como la Foncière Social de París, o las CLT (Fideicomiso de suelo comunitario) de Londres o Nueva York. Estas figuras son las que permiten la multiplicación, la máxima participación y el control democrático de operaciones del tipo de la compra de la Casa Orsola, y también podría utilizarse para la gestión de las viviendas protegidas que se vayan generando en la ciudad por vías directas o indirectas. Puesto que el camino se ha dibujado, ahora es cuestión de seguirlo.
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