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ViviendaVivienda públicaAdministraciones públicas reclaman gobernanza, financiación estable y planificación a largo plazo

Administraciones públicas reclaman gobernanza, financiación estable y planificación a largo plazo

Representantes del Estado, Generalitat, municipios y ámbito metropolitano coinciden en que la vivienda debe consolidarse como pilar del Estado del bienestar, con políticas estructurales y coordinación multiescala.

El Dato
La Generalitat impulsa el Plan de las 50.000 viviendas, con financiación 100% del coste vía ICF y tipos de interés fijos subvencionados. Se propone un módulo único de referencia para todo el territorio, ajustado con cobertura pública según contexto local. En Barcelona, el objetivo es habilitar suelo para 10.000 nuevas viviendas y alcanzar 67.000 viviendas en gestión pública. La caída del sector construcción del 11% al 5% del PIB desde 2008 supone una pérdida de 78.000 M€ en inversión estructural. Se reclama gobernanza supramunicipal flexible, especialmente para municipios sin estructura técnica propia. IMPSOL defiende la vivienda social como motor de regeneración urbana y equidad territorial. Coincidencia unánime: no basta con construir —hay que garantizar gestión, sostenibilidad y respuesta a necesidades sociales. Llamamiento a reconocer al tercer sector como actor estratégico en las políticas de vivienda

Resumen Mesa 6 – Los proyectos, planes y propuestas de las Administraciones Públicas

Moderada por Carme Trilla, economista, presidenta de COHABITAC i de l’O-HB

Jaume Fornt, subdirector general de Promoció de l’Habitatge Protegit i Fons Residencial Associat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), centró su intervención en la necesidad urgente de repensar el modelo de promoción de vivienda social en Cataluña. Comenzó con autocrítica, señalando que durante mucho tiempo se ha confundido la viabilidad económica de los proyectos con el objetivo de garantizar la asequibilidad de la vivienda. Destacó tres grandes disfunciones: Un modelo de módulos de precios que no resuelve la diversidad de necesidades. La falta de un sistema claro que asegure el retorno de las viviendas al parque público. Un modelo poco adaptado a las realidades sociales y territoriales cambiantes.
Ante esta situación, Fornt defendió un nuevo modelo de promoción que supere la lógica asistencialista y apueste por la consolidación de un parque estable, gestionado de forma pública o socialmente responsable. Recalcó el compromiso de la Generalitat con el Plan de los 50.000 viviendas, con un nuevo sistema de financiación basado en: La fijación de un único módulo de referencia para todo el territorio, combinado con cobertura pública de los diferenciales de precios en zonas donde estos estén por debajo del módulo. Financiación asegurada para todas las promociones de alquiler a través del ICF, con cobertura del 100% del coste de los proyectos y subsidio de tipos de interés fijos.
Subrayó también la importancia de vincular promoción y gestión: no basta con construir viviendas, hay que garantizar su asequibilidad, buen uso y continuidad dentro del sistema público. En definitiva, llamó a dejar atrás los parches y apostar por un cambio estructural y sostenido que asegure la vivienda como un derecho fundamental, parte del Estado del bienestar, con el derecho de permanencia como principio básico, especialmente para los colectivos más vulnerables.

Joan Ramon Riera, comissionat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, defendió que la vivienda debe ser el nuevo gran pilar del Estado del bienestar, al mismo nivel que la sanidad o la educación. Partió de tres hipótesis fundamentales: la escasa presencia pública en el sector de la vivienda, la creciente inaccesibilidad a la propiedad para las clases medias, y la necesidad de un enfoque universalista de la política pública en este ámbito. Riera aportó datos reveladores: el sector de la construcción ha caído del 11% al 5% del PIB desde 2008, lo que ha supuesto una pérdida de inversión estructural de 78.000 millones de euros. En Barcelona, el objetivo es habilitar suelo para 10.000 nuevas viviendas y ampliar la gestión pública hasta alcanzar las 67.000, mediante un crecimiento intensivo del IMHAB (Instituto Municipal de la Vivienda). Estructuró la política de vivienda en cuatro ejes: suelo, techo, promoción y gestión, destacando especialmente este último. “La política de vivienda empieza cuando entregas las llaves”, dijo, subrayando que la gestión y el acompañamiento son esenciales para garantizar el éxito de los proyectos. También insistió en el papel de la juventud, defendiendo que garantizarles una vivienda digna es clave para evitar la desafección democrática. Finalmente, reclamó un cambio de paradigma: dejar atrás el modelo meramente asistencial para pasar a una estrategia de país, estructural y transversal, donde el derecho a la vivienda esté plenamente integrado dentro del sistema de garantías sociales. Para hacerlo posible, apostó claramente por las alianzas público-privadas con una visión de largo plazo.

Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, presidenta de l’Àrea d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, ofreció la perspectiva de los municipios medianos y pequeños, destacando que la emergencia habitacional no es solo un problema de las grandes ciudades. Defendió la labor de la Diputación en el apoyo a municipios sin estructura técnica propia y reivindicó un modelo de gobernanza supramunicipal, flexible y eficiente. Reclamó más recursos por parte de la Generalitat y del Estado, y alertó sobre las dificultades que enfrentan los ayuntamientos para sacar adelante promociones de vivienda social sin apoyo técnico, jurídico y financiero. También destacó la necesidad de promover consorcios locales y fórmulas de colaboración territorial.

Amadeu Iglesias, director de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), destacó la apuesta del IMPSOL por una promoción de vivienda pública de calidad, que combine sostenibilidad ambiental, calidad arquitectónica y cohesión social. Afirmó que el modelo metropolitano es clave para dar respuesta a las necesidades residenciales en un área con fuertes desequilibrios territoriales y elevada demanda. Remarcó que el parque de vivienda pública es una herramienta de transformación urbana y que debe asegurarse su viabilidad a largo plazo. También puso en valor el papel de la vivienda social como motor de regeneración urbana y como garante de la equidad territorial. Finalmente, alertó de las dificultades para encontrar suelo disponible y defendió la necesidad de planificación estratégica para ampliar reservas e impulsar nuevos proyectos.

La mesa institucional puso de manifiesto la necesidad de un financiamiento estable, de un marco normativo claro y de una gobernanza coordinada entre distintos niveles administrativos. Todos los ponentes coincidieron en que no basta con construir vivienda: hay que asegurar su gestión, sostenibilidad y adaptación a las necesidades sociales. También se insistió en el reconocimiento del tercer sector como agente clave, y en la necesidad de articular políticas que trasciendan la lógica del corto plazo, apostando por la planificación estructural, la colaboración y la innovación.

Inicio Mesa 6 en el minuto 01:06,24 del vídeo

+Info y enlaces a ponencias destacadas, y resumen global y de cada una de las mesas, incluyendo las presentaciones de los ponentes:

– Amplio Resumen de las Jornadas de Vivienda Social 2025

– Ponencia Josep Oliver

– Ponencia David Lucas

– Resumen Mesa 1 – Urbanismo y planificación: bases para hacer posible la vivienda social y asequible

– Resumen Mesa 2 – La construcción, la rehabilitación y otras vías de generación de vivienda social y asequible

– Resumen Mesa 3 – La financiación y la fiscalidad al servicio del objetivo de la vivienda social y asequible

– Resumen Mesa 4 – La atención a la vulnerabilidad y la prevención del riesgo de exclusión social residencial dentro de las nuevas propuestas legislativas

– Mesa 5 – El tratamiento y apoyo a la gestión en el ámbito de la vivienda social

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