Los ponentes coincidieron en la necesidad de alinear la normativa con las nuevas capacidades tecnológicas del sector, integrando indicadores ambientales desde la fase de proyecto y reforzando los criterios de sostenibilidad en las licitaciones públicas
La última mesa redonda del foro Construction2Future 2025 puso sobre la mesa una de las cuestiones más complejas del momento: cómo integrar la sostenibilidad en la normativa técnica vigente y en los procesos reales de diseño y ejecución de proyectos. Moderada por Francesc Aldabó, director general de la Asociación de Consultores de Estructuras (ACE), la sesión reunió a cuatro voces clave: Mateu Tersol (Catenara), Guillem Baraut (SOCOTEC), Ricard Font (BIMSA) y Francisco Diéguez (ITeC).
Aldabó abrió el debate destacando la desconexión entre el marco normativo vigente —concebido en muchos casos hace décadas— y las posibilidades actuales de simulación, sensorización y cálculo ambiental. “Tenemos herramientas capaces de medirlo casi todo, pero no tenemos normas que nos obliguen a usar esos datos”, afirmó.
Mateu Tersol, desde su experiencia como proyectista y responsable de masterplans urbanos, puso el foco en la rigidez de algunas normativas que impiden aplicar soluciones innovadoras de bajo impacto. Aportó ejemplos concretos donde la obligación de cumplir con prescripciones geométricas o materiales ha impedido aplicar soluciones más sostenibles desde el punto de vista del ciclo de vida.
Guillem Baraut, CEO de SOCOTEC, reclamó un cambio de paradigma en los códigos técnicos: pasar del cumplimiento a la verificación del desempeño. “Las normativas deben exigir resultados, no solo métodos. Si un edificio consume menos energía, genera menos residuos y se mantiene mejor, debería ser validado, aunque no cumpla con un checklist tradicional”, propuso.
Ricard Font aportó la mirada institucional desde BIMSA. Subrayó que muchas de las herramientas normativas están disponibles, pero que falta voluntad política y técnica para aplicarlas. “Hemos demostrado que es posible licitar con criterios de sostenibilidad medibles. Lo que necesitamos ahora es que esto se convierta en norma, no en excepción”, aseguró.
Desde el ITeC, Francisco Diéguez reforzó esta idea con datos concretos: menos del 20% de los concursos públicos exigen actualmente el uso de herramientas de simulación energética o cálculo de huella de carbono, pese a que su impacto potencial es crítico. Reivindicó una normativa que obligue a actuar con anticipación y basada en evidencia.
Esta mesa redonda dejó claro que la sostenibilidad normativa no es una cuestión de principios, sino de métricas. Se trata de convertir valores éticos en decisiones técnicas verificables, trazables y auditables. Una tarea que exige repensar cómo diseñamos, cómo prescribimos y cómo validamos el cumplimiento técnico.
La sesión concluyó con una coincidencia entre todos los participantes: si queremos que la sostenibilidad sea estructural, debe estar integrada desde la base normativa, desde el proyecto técnico y desde el modelo de contratación pública. Porque solo cuando los datos y la norma se alinean, el cambio se vuelve irreversible.
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