Mercedes Villamides: “La sostenibilidad ha dejado de ser reputacional para convertirse en un factor financiero estructural”

La sostenibilidad ha dejado de ser un atributo añadido para convertirse en un eje estructural del sector de la construcción. La entrada en escena del pasaporte digital de producto, la aplicación de la taxonomía europea y la creciente exigencia de trazabilidad y datos ambientales están modificando la forma de proyectar, construir y promover. En esta entrevista coral, distintos perfiles del sector analizan cómo está impactando esta transformación en su trabajo diario y qué retos y oportunidades plantea a medio plazo.

Entrevista a Mercedes Villamides Gordo. Consultora en sostenibilidad y estrategia empresarial. Fundadora de Nateco, en relación con el monográfico y entrevista coral, Materiales y sostenibilidad: incluyendo el pasaporte digital, la taxonomía europea y cómo las empresas están respondiendo a estas exigencias.

¿Cómo están cambiando los criterios de selección de materiales en proyectos y obras a raíz de las nuevas exigencias de sostenibilidad y del marco regulatorio europeo?

Los criterios de selección se están desplazando de una selección basadas casi exclusivamente en prestaciones técnicas (resistencia, durabilidad, coste..) hacia una evaluación obligatoria de las prestaciones de sostenibilidad medioambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Ya no basta con criterios técnicos tradicionales; ahora los fabricantes deben declarar impactos específicos como el efecto sobre el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono y el uso de recursos.  Además, se están estableciendo clases de prestaciones y niveles umbral que permitirán a los proyectistas identificar con precisión los productos más respetuosos con el medio ambiente. Esto introduce un criterio medible de la sostenibilidad, no solo declarativo. 

Desde su experiencia, ¿la información ambiental disponible hoy sobre los materiales es realmente útil, comprensible y comparable para quienes proyectan, dirigen obra o promueven?

Antes la comparabilidad era limitada, con múltiples formatos, metodologías distintas e sin interoperabilidad. Hoy en día, con el nuevo marco regulatorio que aplica a la comercialización de los productos de construcción esto se intenta corregir incorporando entre otros, aspectos como; declaraciones de conformidad y prestaciones claras y verificables, creación de un diccionario común de datos y el uso obligatoria de formatos digitales de lectura mecánica. 

El pasaporte digital de producto apunta a ser una herramienta clave en los próximos años. ¿Cree que facilitará la toma de decisiones o añadirá una nueva capa de complejidad técnica y administrativa?

El pasaporte digital tiene un gran potencial para reducir la carga administrativa y los costes a largo plazo, ya que el objetivo de DPP es centralizar y estandarizar toda la información de los productos tanto técnica, como de seguridad y ambiental. Además, el pasaporte será compatible con el modelado de información para la edificación (BIM), por lo que va a facilitar el seguimiento del ciclo de vida de los edificios y la reutilización de los materiales. Si bien, esto va a requerir que los fabricantes mantengan toda la información actualizada durante al menos 10 años. 

¿Qué dificultades reales encuentran los distintos agentes del sector para integrar datos ambientales, trazabilidad y criterios de circularidad en el día a día del proyecto y la obra?

Como especialistas en la elaboración de Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para materiales de construcción conforme a la EN 15804, RPC y al nuevo Reglamento (UE) 2024/3110, identificamos varios retos estructurales en el sector. La principal dificultad es la fragmentación de la información a lo largo de la cadena de suministro. Para elaborar una DAP rigurosa, el fabricante necesita datos ambientales fiables de materias primas, procesos energéticos, transporte y fin de vida. Sin embargo, esos datos no siempre están disponibles, estandarizados o actualizados. Esto genera retrasos, sobrecostes y una elevada carga administrativa, especialmente en pymes.

Además, el nuevo marco normativo exige que antes de llegar a obra los productos incorporen información ambiental estandarizada y verificable. Para muchas empresas, recopilar, validar y mantener esta información durante años supone un cambio cultural y organizativo profundo, no solo técnico. Por otro lado, los criterios de selección en proyectos se están desplazando hacia una evaluación obligatoria del ciclo de vida completo. Ya no basta con cumplir requisitos técnicos tradicionales (resistencia, durabilidad, precio); ahora los fabricantes deben declarar impactos específicos como:

Potencial de calentamiento global (huella de carbono). Agotamiento de la capa de ozono. Uso de recursos naturales. Otros indicadores ambientales armonizados. Además, se están introduciendo clases de prestaciones ambientales y niveles umbral, lo que permitirá a proyectistas y direcciones facultativas comparar productos dentro de una misma categoría con mayor precisión. En este contexto, consideramos esencial la implicación activa de constructores y proyectistas desde las fases iniciales. Si los equipos técnicos integran desde el diseño los criterios de sostenibilidad y solicitan información ambiental estructurada, se facilita enormemente el trabajo de fabricantes y proveedores, reduciendo tensiones en fase de ejecución.

En definitiva, el reto no es solo técnico, sino de coordinación y cultura sectorial. La integración real de datos ambientales y criterios de circularidad exige colaboración entre fabricantes, proyectistas, constructoras y promotores. Quienes logren estructurar bien esta información no solo cumplirán la normativa, sino que ganarán ventaja competitiva en licitaciones, financiación y posicionamiento de mercado.

¿Está influyendo ya la taxonomía europea en la viabilidad económica de los proyectos, el acceso a financiación o la contratación pública?

Sí, y de forma cada vez más evidente y creciente. La Reglamento (UE) 2020/852, conocida como Taxonomía Europea, está teniendo un impacto directo en la viabilidad económica de los proyectos, especialmente en el ámbito inmobiliario y de infraestructuras. Desde NATECO estamos viendo cómo influye en cuatro dimensiones:

• Acceso a financiación verde: Bancos, fondos y entidades financieras están vinculando sus préstamos y líneas de crédito a criterios ESG alineados con la Taxonomía. Un proyecto que no demuestre contribución sustancial a los objetivos ambientales (como mitigación del cambio climático) puede quedar fuera de determinadas condiciones financieras preferentes.
• Requisitos de fondos e inversores: Los vehículos de inversión que declaran alineación con sostenibilidad necesitan activos compatibles con la Taxonomía. 
• Valoración de activos inmobiliarios: Los activos que cumplen criterios ambientales exigentes tienden a mantener o incrementar su valor. Por el contrario, los que no se adaptan pueden sufrir lo que se denomina “riesgo de obsolescencia regulatoria”.
• Contratación pública e incentivos: En paralelo, el nuevo Reglamento (UE) 2024/3110 establece que los Estados miembros solo podrán conceder incentivos económicos, subvenciones o ayudas, a productos situados en las clases ambientales superiores. Además, la contratación pública verde será progresivamente obligatoria en determinados ámbitos.

En la práctica creemos que elegir materiales con peor desempeño ambiental ya no es solo una decisión técnica o de coste inmediato: puede afectar directamente a la elegibilidad del proyecto para financiación sostenible, el acceso a ayudas públicas, la puntuación en licitaciones, entre otros. Desde nuestra experiencia, la sostenibilidad ha dejado de ser un elemento reputacional para convertirse en un factor financiero estructural. Los proyectos que integran desde el inicio criterios alineados con la Taxonomía no solo reducen riesgo regulatorio, sino que mejoran su competitividad económica a medio y largo plazo.

¿Existe una brecha entre los objetivos normativos de sostenibilidad y los tiempos, costes y dinámicas reales de la construcción?

Hoy en día podemos decir que sí, existe una brecha, aunque desde la legislación europea está intentando reducirla progresivamente, introducciones la aplicabilidad de esta de forma progresiva. El sector de la construcción trabaja con márgenes ajustados, planificación a largo plazo y una fuerte presión en costes y plazos. Sin embargo, el nuevo marco regulatorio, especialmente el Reglamento (UE) 2024/3110, introduce obligaciones ambientales crecientes que requieren inversión en datos, digitalización y adaptación de procesos.

A partir de 2026 comenzarán a desplegarse de forma más efectiva varias exigencias en materia de información ambiental de productos, trazabilidad y clases de prestaciones y conformidades. Y aunque algunas obligaciones más exigentes no serán plenamente aplicables hasta 2030 o incluso 2032, el mercado ya está anticipando esos requisitos por presión financiera y contractual. Por eso identificamos cuatro variables más claras de la brecha existente en materia de normativa ambiental y de sostenibilidad: 

• Tiempos: los proyectos se diseñan con años de antelación, pero la normativa evoluciona con rapidez.
• Costes iniciales: elaborar DAP, adaptar procesos y digitalizar información supone inversión previa.
• Capacidad técnica: no todas las empresas, especialmente pymes, cuentan con recursos internos para interpretar correctamente requisitos de ACV o economía circular.
• Coordinación sectorial: la cadena de suministro no siempre está preparada para aportar datos estructurados en plazo.

No obstante, también es cierto que la normativa incorpora periodos transitorios amplios y mecanismos simplificados para pymes, precisamente para evitar un impacto desproporcionado.

La brecha no es tanto de ambición normativa como de ritmo de adaptación industrial. La sostenibilidad ya no es opcional; es una variable estructural del mercado europeo. La clave está en planificar la transición con anticipación, integrar criterios ambientales desde fase de diseño y convertir el cumplimiento en ventaja competitiva, no en carga reactiva.

¿Cómo está afectando esta transición a la relación entre promotores, proyectistas, direcciones facultativas, constructoras y proveedores de materiales?

Estamos viendo un cambio muy claro: la sostenibilidad ha dejado de ser un elemento accesorio para convertirse en un eje central de la relación entre todos los agentes implicados en un proyecto. Tradicionalmente, muchos criterios ambientales se resolvían en fases avanzadas o se abordaban como un complemento. Hoy ya no es así. Con el despliegue del nuevo Reglamento (UE) 2024/3110, la información ambiental, la trazabilidad y la verificación pasan a formar parte de las obligaciones formales de los operadores económicos.

¿Qué implica esto en la práctica?

En primer lugar, una mayor colaboración desde fases tempranas. Los promotores, especialmente aquellos que buscan financiación sostenible, alineación con criterios ESG, o tener una certificación de construcción sostenible como LEDD o BREAM, están exigiendo que los proyectos integren requisitos ambientales desde el diseño. Eso obliga a proyectistas y direcciones facultativas a trabajar con datos ambientales concretos, no solo con especificaciones técnicas tradicionales.

En segundo lugar, vemos un aumento de la exigencia documental en obra. Las constructoras necesitan garantías de que los productos cumplen las prestaciones ambientales declaradas, porque pueden afectar a la elegibilidad del proyecto en licitaciones o ayudas. Esto hace que los proveedores deban aportar información más estructurada y verificable, como DAP o clasificaciones ambientales.

También está cambiando la relación dentro de la propia cadena de suministro. Los fabricantes necesitan datos ambientales de sus proveedores para poder declarar correctamente el desempeño de sus productos. Es decir, la sostenibilidad deja de ser una responsabilidad individual y pasa a ser compartida. En nuestra experiencia, esta transición está profesionalizando el sector. Se reduce la improvisación y aumenta la planificación. Los proyectos que funcionan mejor son aquellos donde promotor, proyectista, constructora y fabricante comparten información desde el inicio y alinean expectativas técnicas, ambientales y económicas. En definitiva, la sostenibilidad está reforzando la transparencia y la cooperación entre agentes. Ya no es solo una cuestión reputacional; es una condición técnica y financiera del proyecto.

¿Considera que arquitectos, arquitectos técnicos y equipos de obra están suficientemente formados para interpretar y aplicar correctamente esta nueva capa de información técnica y ambiental?

Si somos sinceros, todavía hay margen de mejora. El sector ha avanzado mucho en eficiencia energética y certificaciones, pero ahora hablamos de interpretar DAP, análisis de ciclo de vida y criterios vinculados a normativa como el Reglamento (UE) 2024/3110 o la Reglamento (UE) 2020/852, y eso requiere una capacitación más específica o apoyo por expertos en materia de sostenibilidad; vemos que el interés es alto, pero no todos los equipos están aún cómodos comparando indicadores ambientales o integrándolos en proyecto y obra. Es un momento de transición. La buena noticia es que la estandarización de datos y su integración con herramientas digitales como el DPP va a facilitar mucho el trabajo. Quienes se pongan a ello ahora no solo cumplirán mejor, sino que estarán mejor posicionados en el mercado.

¿Qué riesgos identifica en una implantación acelerada de nuevas exigencias sin una coordinación clara entre normativa, industria y práctica profesional?

El mayor riesgo es que el sector perciba la sostenibilidad como una carga burocrática en lugar de una herramienta de mejora. Cuando las exigencias avanzan más rápido que la capacidad de adaptación real de empresas y equipos técnicos, pueden surgir dudas de interpretación, retrasos en proyectos o incluso decisiones conservadoras por miedo al incumplimiento. También existe el riesgo de que especialmente las pymes se vean desbordadas si no cuentan con apoyo técnico para estructurar correctamente su información ambiental conforme al nuevo marco, como el que establece el Reglamento (UE) 2024/3110.

Nuestro trabajo consiste en hacer de puente entre la norma y la realidad del proyecto. Traducimos requisitos complejos a criterios prácticos, ayudamos a ordenar la información ambiental para que sea realmente útil y acompañamos a los equipos en su aplicación real, no solo documental. Cuando la transición se gestiona con planificación y acompañamiento técnico, deja de ser un riesgo y se convierte en una oportunidad de posicionamiento y competitividad

Mirando a medio plazo, ¿qué oportunidades concretas puede generar esta transformación para mejorar la calidad del proyecto, la eficiencia de la obra y la competitividad del sector?

Vemos esta transformación como una gran oportunidad, no solo como una exigencia normativa. A medio plazo, disponer de datos ambientales estructurados y comparables va a mejorar la calidad técnica del proyecto. Permite tomar decisiones más informadas desde fase de diseño, optimizar materiales, anticipar impactos y reducir improvisaciones en obra. Cuando el análisis del ciclo de vida se integra desde el inicio, el proyecto gana coherencia y solidez.

En obra, la trazabilidad y la digitalización facilitarán una mejor planificación, menos desviaciones y mayor control sobre lo realmente instalado. Esto reduce riesgos, conflictos y sobrecostes. Además, la alineación con marcos como la Reglamento (UE) 2020/852 abre puertas claras en financiación, contratación pública y posicionamiento frente a inversores. Las empresas que se anticipen no solo cumplirán, sino que podrán diferenciarse en un mercado cada vez más exigente. También vemos oportunidades en nuevos modelos de negocio vinculados a la circularidad: reutilización certificada de materiales, refabricación, diseño para desmontaje o innovación en productos con menor huella ambiental. En definitiva, esta transformación puede elevar el nivel técnico del sector y reforzar su competitividad.