¿Estamos haciendo bien las cuentas de la edificación sostenible?

El Informe País 2025 de GBCE replantea cómo medimos el valor real de la edificación sostenible

El Dato
Para cumplir los objetivos climáticos, la construcción de vivienda en España deberá reducir las emisiones embebidas de los materiales un 52 % en 2030 y un 92 % en 2050, según el Informe País 2025 de GBCE.

El Informe País 2025 de Green Building Council España (GBCE) sitúa al sector de la edificación ante una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿estamos haciendo bien las cuentas cuando hablamos de sostenibilidad? Bajo el título “Rentabiliblabla… ¿estamos haciendo bien las cuentas?”, el documento propone una revisión profunda de los modelos económicos, financieros y de valoración que hoy guían las decisiones en arquitectura, construcción y mercado inmobiliario.

El informe parte de una constatación clara: el sistema vigente sigue priorizando decisiones a corto plazo, centradas en el coste inicial y en mecanismos financieros tradicionales, sin integrar de forma sistemática los impactos ambientales, sociales y climáticos. Esta visión parcial genera una distorsión entre el precio de mercado de los edificios y su valor real para la sociedad y el planeta.

Un instrumento obligatorio que no ha generado el impacto esperado

La certificación energética de los edificios es obligatoria en España desde 2013 para las operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles, como parte de la transposición de la normativa europea sobre eficiencia energética en los edificios. Desde entonces, este documento debía convertirse en una herramienta clave para informar al usuario final, orientar las decisiones de compra y estimular la mejora energética del parque residencial, tanto en obra nueva como en edificios existentes.

Sin embargo, más de una década después de su implantación generalizada, el impacto real del certificado energético en la transformación del mercado ha sido limitado. Tal y como pone de manifiesto el Informe País 2025 de GBCE, la sostenibilidad todavía no se percibe socialmente como un valor determinante en la compra, el alquiler o la adaptación de la vivienda habitual. Los instrumentos disponibles, entre ellos el certificado energético, no han logrado generar una demanda clara que premie de forma sistemática los edificios más eficientes.

Desde Construnews consideramos que la obligatoriedad del certificado no ha sido suficiente para convertir la eficiencia energética en un criterio central de decisión. En muchos casos, el documento se percibe como un requisito administrativo vinculado a la transacción, más que como una herramienta capaz de anticipar costes futuros, mejorar el confort, reducir riesgos climáticos o proteger el valor del inmueble a largo plazo. Esta percepción se ve reforzada por determinadas prácticas de mercado que dificultan garantizar un nivel de rigor técnico acorde con la complejidad del análisis energético requerido.

Esta desconexión entre el objetivo original del certificado y su impacto real enlaza con uno de los diagnósticos centrales del Informe País 2025: la falta de integración efectiva de la sostenibilidad en los modelos de valoración económica y financiera. Mientras la eficiencia energética no se traduzca de forma clara en valor económico, acceso a financiación, condiciones de aseguramiento o decisiones de inversión, su capacidad para impulsar el cambio seguirá siendo limitada.

Redefinir el valor más allá del coste inicial

Uno de los ejes centrales del Informe País 2025 es la redefinición del concepto de valor. GBCE plantea que la edificación debe evaluarse en función de su capacidad para satisfacer las necesidades de la población presente y futura dentro de los límites planetarios, superando una lectura estrictamente financiera.

Esto implica incorporar variables como la huella de carbono a lo largo del ciclo de vida, la resiliencia frente al cambio climático, el bienestar y la salud de las personas, así como los costes derivados de la inacción. Mientras estos factores no formen parte estructural de los modelos de valoración, la sostenibilidad seguirá percibiéndose como un atributo secundario y no como un elemento central del valor inmobiliario.

El coste de no actuar y la dificultad de trasladarlo al mercado

El informe subraya que la inacción climática conlleva costes económicos y sociales crecientes, desde el aumento de daños por fenómenos extremos hasta la pérdida de valor de los activos. Aunque el sector financiero ha comenzado a integrar el riesgo climático en sus análisis, esta visión aún no se refleja de forma consistente en los modelos de rentabilidad ni en las decisiones de inversión del sector inmobiliario.

En paralelo, el documento analiza la monetización de los impactos ambientales como una herramienta necesaria para visibilizar costes y beneficios que tradicionalmente han quedado fuera de la ecuación económica, advirtiendo de la necesidad de metodologías rigurosas y datos de referencia sólidos.

Descarbonización de la vivienda: un reto viable si se actúa desde el diseño

El Informe País 2025 aborda el desafío de la descarbonización del parque residencial en España, señalando que la construcción de los cerca de 4,9 millones de viviendas previstas hasta 2050 exige una reducción muy significativa de las emisiones embebidas de los materiales: –52 % en 2030 y –92 % en 2050.

Estas cifras se apoyan en experiencias reales, como los proyectos de vivienda colectiva desarrollados en las Islas Baleares, que demuestran que estos objetivos son técnicamente viables cuando se adoptan decisiones de diseño coherentes y se utilizan materiales de bajo carbono adaptados al contexto climático y territorial.

Mercado y percepción social del valor sostenible

El análisis de las “Miradas desde el mercado” recoge un diagnóstico compartido: pese a los avances normativos y técnicos, la sostenibilidad aún no se refleja de forma clara en el valor de mercado de los edificios. Instrumentos como certificaciones o etiquetas energéticas no han logrado generar una demanda consistente que premie los inmuebles con mejor comportamiento ambiental.

El informe advierte del riesgo de que la edificación sostenible se perciba como un sobrecoste y no como una inversión de valor, especialmente si no se acompaña de políticas públicas y mecanismos que garanticen su accesibilidad social.

Conclusiones: de la rentabilidad aparente a la rentabilidad real

En sus conclusiones, GBCE plantea la necesidad de avanzar hacia una nueva forma de calcular la rentabilidad, incorporando tanto el coste de la inacción como los beneficios asociados al bienestar, la salud y la resiliencia. Solo desde esta visión será posible que la sostenibilidad deje de percibirse como un sobrecoste y se consolide como una inversión estratégica de largo plazo.

El Informe País 2025 no ofrece respuestas cerradas, pero sí ordena el debate y marca un camino claro: pasar de una rentabilidad aparente a una rentabilidad real, capaz de reflejar el verdadero valor de la edificación en un contexto de emergencia climática y transformación económica.

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