 | Nota: Este artículo ha sido creado gracias a la Ingenieros Sin Fronteras en el marco del Programa de Afiliados de la Construpedia. El contenido está disponible en el sitio web de Ingeniería Sin Fronteras
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Durante los primeros años de exploración y de explotación, apenas se pudo apreciar resistencia o incluso
debate alguno por parte de las comunidades afectadas sobre los problemas potenciales que podían
conllevar las actividades petroleras en sus territorios (Jeznik, 2001).
Sin embargo, a comienzos de los 90, cuando Texaco se retiraba del país dejando tras de sí un rastro de destrucción social y medioambiental, las comunidades afectadas empezaron a agruparse en torno a una campaña para denunciar la responsabilidad de la compañía.
Mientras los esfuerzos iniciales se centraron en documentar los daños provocados por Texaco y solicitar una compensación, la concesión de nuevas explotaciones a otras empresas petroleras, provocó que más comunidades fueran directamente afectas, surgiendo así un movimiento más amplio de la sociedad civil ante la problemática del petróleo.
Desde que comenzaran en los 90, las acciones de incidencia política hacia la industria petrolera en
Ecuador se han ido extendiendo para dar cabida a nuevos actores estrategias y objetivos.
En los lugares donde ya se había extraído petróleo, el primer objetivo era exigir responsabilidades por la contaminación medioambiental causada, lo que incluía la limpieza de la zona más una indemnización a la comunidad afectada. Donde aún no se había llevado a cabo la extracción, o ésta apenas había comenzado, el objetivo de las acciones de incidencia fue doble.
Algunas comunidades decidieron negociar con las multinacionales en un intento de evitar futuros impactos en el entorno y conseguir mejores compensaciones para las comunidades, mientras otras constituyeron un movimiento de resistencia con perspectivas de frenar cualquier extracción en su territorio. (Octubre 2004).
Pese a la disparidad de los objetivos, todas las acciones llevadas a cabo han revelado notables resultados.
De los casos en los que se ha luchado por exigir que una compañía asumiese responsabilidades, el más
destacado ha sido el caso Texaco, que actualmente está en manos de la justicia ecuatoriana. Sin embargo, las acciones legales contra Texaco se iniciaron en EE.UU en 1993, bajo la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros («Alien Tort Claims Act»), y hoy día este juicio forma parte de una serie de casos similares que siguen trayendo cola y en los que se solicitan que se dé cuenta de todos los daños causados por una empresa multinacional.
El caso se basó en la violación de tres derechos humanos reconocidos internacionalmente:
- Derecho a un entorno saludable,
- Derecho a la protección contra el genocidio cultural y
- Por la discriminación manifiesta por raza o etnia.
El caso sirvió como catalizador para la movilización popular y para los movimientos activistas contra la explotación de petróleo, y de haber sido reconocido por la justicia norteamericana, hubiera sido el primero en el que se declarara responsable a una compañía estadounidense de unos daños causados fuera de sus fronteras.
Debe destacarse que en los casos en los que se llevaron a cabo negociaciones, ha sido porque las
comunidades han asumido que la explotación de petróleo en sus tierras era inevitable.
Las comunidades consideraron que la negociación directa con las compañías era la única vía para asegurar una buena compensación y protección contra los efectos negativos potenciales de la explotación petrolera. Aunque las negociaciones tradicionales entre la población y las empresas consistían en un intercambio de
«baratijas» para poder acceder a unos recursos por valor de millones de dólares, el balance de poderes
se ha roto en algunas de las últimas negociaciones.
El ejemplo más claro lo constituyen las negociaciones que se entablaron entre la comunidad indígena Secoya, y Occidental Petroleum. Después de intentar llegar a un acuerdo por el método «tradicional» en tres ocasiones, los Secoya consiguieron negociar un código de conducta que marcara el futuro diálogo entre las dos partes.
Este código resulta admirable no sólo porque aseguraba que la comunidad dispondría de todos sus derechos y recursos a la hora de dialogar, sino también porque incluía una declaración de la compañía que garantizaba el respeto de los derechos humanos internacionales, así como de los derechos básicos de la comunidad.
Sin embargo, también se han dado casos de resistencia firme contra la explotación de petróleo. Entre ellos
destaca el de las comunidades indígenas de la región oriental, que han decidido que las repercusiones
negativas de la explotación petrolífera tenían mucho más peso que los beneficios potenciales, de manera
que decidieron oponerse a cualquier intento de usurpación de sus tierras.
Los Shuar, por ejemplo, han logrado evitar mediante mandamientos judiciales que las compañías petroleras entren en sus territorios, y que éstas negocien con miembros de la comunidad que no tengan autorización para hacerlo.
Los Sarayaku, una comunidad indígena que cuenta con unos 1.200 miembros, también ha conseguido
un mandamiento judicial, junto con una sentencia de la Comisión Interamericana por los Derechos
Humanos, para que el Gobierno ecuatoriano ejecute medidas cautelares que les protejan. Aunque estos
avances en el plano legal han supuesto un éxito momentáneo, se ha logrado cambiar de un modo
significativo las relaciones entre las comunidades y las compañías petroleras, lo que ha demostrado que
las comunidades pueden llegar a lograr sus objetivos.
El hecho de que se consiguieran resultados satisfactorios con independencia de los objetivos que
buscaran las comunidades, pone de manifiesto la importancia de combinar múltiples estrategias y de
dirigirlas simultáneamente a varios frentes.
En muchos casos, la interrelación de objetivos y estrategias ha servido para reforzar todas las acciones surgidas desde la sociedad civil en respuesta a la explotación petrolera.
En el artículo siguiente se presentan algunas de las principales estrategias de las que se ha valido la
sociedad civil ecuatoriana en sus campañas.
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