A partir del 1 de enero de 2026 entran en vigor los nuevos umbrales económicos fijados por la Comisión Europea para el período 2026-2027 en los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA). Esta actualización, aprobada mediante Reglamento de la Comisión Europea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y de aplicación directa en todos los Estados miembros, tiene un impacto relevante en la contratación pública en España y, en particular, en los criterios de implantación del Plan BIM impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La revisión periódica de estos umbrales obliga a adaptar las horquillas de valores estimados que determinan cuándo y cómo deben incorporarse requisitos de información BIM en los procedimientos de licitación pública. Se trata de un ajuste técnico, pero con consecuencias prácticas directas para administraciones, proyectistas, direcciones de obra, empresas constructoras y consultoras especializadas.
La contratación pública de obras deberá ajustar los niveles BIM exigidos en función del valor estimado del contrato
Conforme a los nuevos importes establecidos por la Comisión Europea, a partir del 1 de enero de 2026 los contratos públicos relacionados con la construcción deberán incorporar requisitos BIM en función de su valor estimado:
- Los contratos de obras con un importe igual o superior a 5.404.000 euros deberán incluir requisitos de información BIM correspondientes a un Nivel BIM Medio.
- Los contratos con un valor inferior a 5.404.000 euros e igual o superior a 2.000.000 euros deberán incorporar BIM en un Nivel BIM Inicial.
Esta gradación responde a un principio de proporcionalidad, alineado con las recomendaciones europeas, que busca ajustar las exigencias digitales a la complejidad técnica y económica de cada contrato.
Actualización coherente del Plan BIM
La adaptación de los umbrales no supone un cambio de orientación del Plan BIM, sino una actualización automática y coherente con el marco normativo europeo. El Plan BIM para la contratación pública se estructura precisamente en función de los umbrales SARA, por lo que cada revisión bienal aprobada por la Comisión Europea implica la correspondiente actualización de los criterios económicos que activan la obligatoriedad y el nivel de exigencia BIM.
Desde su puesta en marcha, el Plan BIM se ha consolidado como una herramienta clave para avanzar hacia una gestión más eficiente de la información, mejorar la interoperabilidad entre agentes y reforzar el control del ciclo de vida de los activos públicos.
En este contexto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible actúa como órgano de referencia en la implantación del Plan BIM en la contratación pública, estableciendo criterios técnicos y niveles de exigencia que permiten trasladar los umbrales europeos al marco normativo y operativo nacional. Esta labor resulta clave para garantizar una aplicación homogénea de los requisitos BIM en los contratos de obras, alineando las prácticas nacionales con las directrices europeas en materia de digitalización e innovación en la contratación pública.
BIM y contratación pública estratégica
La exigencia progresiva de BIM se enmarca en la política europea de contratación pública estratégica, que promueve el uso de la compra pública como palanca para fomentar la innovación, la digitalización y la mejora de la eficiencia del gasto público. En este contexto, el Plan BIM se alinea tanto con las directrices de la Comisión Europea como con la Estrategia Nacional de Contratación Pública, incorporando criterios técnicos que contribuyen a reducir riesgos, mejorar la calidad de los proyectos y aumentar la transparencia.
Lejos de ser un mero requisito tecnológico, BIM se consolida como un instrumento para optimizar la planificación, la ejecución y el mantenimiento de infraestructuras y edificios financiados con fondos públicos.
Preparación del sector ante el nuevo escenario
La entrada en vigor de los nuevos umbrales en 2026 obliga a los agentes del sector a anticiparse. Las administraciones deberán revisar pliegos y procedimientos de licitación, mientras que empresas y equipos técnicos deberán reforzar sus capacidades en gestión de información BIM, especialmente en los proyectos de mayor volumen económico.
Este escenario refuerza la necesidad de formación, estandarización de procesos y alineación con los estándares nacionales y europeos, en un momento en el que la metodología BIM deja de ser una opción para convertirse en un requisito estructural de la contratación pública.
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