El fallo blinda la seguridad jurídica en la construcción y reconoce el papel insustituible de los arquitectos técnicos, según Alfredo Sanz, presidente del CGATE.
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que obliga a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a exigir al promotor de una obra la designación de un coordinador de seguridad y salud con titulación habilitante —arquitectura técnica o arquitectura—. La resolución responde a una reclamación presentada por el Colegio de la Arquitectura Técnica de Soria y desestima el recurso de casación interpuesto por la Dirección Provincial de la Seguridad Social de Soria.
Seguridad y calidad en la edificación
Para el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), Alfredo Sanz, esta sentencia “reconoce la capacidad y la obligación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de velar por el cumplimiento de que los promotores designen a técnicos con la titulación adecuada, reforzando así la seguridad de los trabajadores y la calidad de las obras”.
El Supremo subraya que las funciones del coordinador de seguridad y salud, reguladas en el Real Decreto 1627/1997, inciden directamente en las condiciones materiales de trabajo y no constituyen un mero requisito administrativo. Por este motivo, la Inspección de Trabajo tiene competencias plenas para verificar y exigir el cumplimiento de esta obligación.
Reconocimiento al papel de los arquitectos técnicos
Sanz destaca, además, que el fallo del Supremo supone “un reconocimiento al papel insustituible de los arquitectos técnicos en la prevención de riesgos laborales en la edificación”. Y añade: “Asimismo, el Supremo blinda la seguridad jurídica en el sector de la construcción, uno de los más afectados por la siniestralidad laboral”.
La sentencia también consolida la jurisprudencia que ya venían apuntando Tribunales Superiores de Justicia en otras comunidades autónomas y cierra la puerta a la designación de técnicos no competentes en obras de construcción.
Un respaldo jurídico a la prevención
Con este fallo, el Alto Tribunal atiende una demanda histórica de la Arquitectura Técnica y ofrece un respaldo jurídico claro a la prevención de riesgos laborales. Se trata de un paso relevante en la mejora de la seguridad en un sector que continúa registrando altos índices de siniestralidad.
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