“Rehabilitar con criterios de seguridad no solo protege al hogar afectado, sino que contribuye a salvaguardar a todo el entorno”, afirma Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
- El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) subraya la urgencia de abordar la rehabilitación post-incendio como una oportunidad para mejorar la seguridad de las viviendas.
Los incendios forestales que han arrasado España durante julio y agosto han dejado tras de sí un balance devastador no solo en superficie quemada —más de 411.000 hectáreas— sino también en el ámbito residencial: a falta de datos oficiales, existen viviendas que resultaron afectadas total o parcialmente en distintos puntos del país, afectando sobre todo a Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Madrid.
Ante este escenario, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) subraya la urgencia de abordar la rehabilitación post-incendio como una oportunidad para mejorar la seguridad de las viviendas en la interfaz urbano-forestal (IUF). “No se trata solo de reconstruir lo perdido, sino de levantar hogares más preparados frente a un riesgo que seguirá aumentando en las próximas décadas por el clima extremo”, señala Alfredo Sanz, presidente del CGATE.
Los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos se ponen desinteresadamente a disposición de las distintas administraciones y de los afectados por los incendios para asesorar y realizar una evaluación preliminar del estado de las viviendas afectadas.
Una vez firmado un acuerdo marco con la administración autonómica correspondiente, que recoja la naturaleza y el valor de la actuación profesional, el arquitecto técnico o aparejador realizará una evaluación preliminar gratuita de los daños, clasificando la vivienda en rehabilitación o ruina.
Este asesoramiento complementa las compensaciones económicas de las distintas Comunidades Autónomas, así como las anunciadas por el Gobierno por daños en la vivienda habitual, que van desde un máximo de 5.160 euros (por daños en el interior, pero no en la estructura) a los 15.210 euros (por destrucción total).
Desde la Arquitectura Técnica recuerdan que la mayoría de las viviendas dañadas presentan carencias en protección pasiva contra el fuego: estructuras de madera sin tratamientos ignífugos, cubiertas vulnerables, almacenes anexos con materiales combustibles o ausencia de instalaciones adecuadas de detección y extinción. “Cada rehabilitación debe contemplar no solo la reparación de daños, sino la incorporación de soluciones constructivas que eleven el nivel de protección y reduzcan la exposición al fuego”, explica Sanz
Entre las intervenciones recomendadas por el CGATE se incluyen el refuerzo de estructuras mediante morteros ignífugos, la aplicación de pinturas intumescentes sobre elementos de madera, la sustitución de cubiertas y fachadas por materiales de mayor resistencia al fuego, y la instalación de sistemas automáticos de detección y rociadores interiores. Además, se aconseja actuar en los espacios exteriores, con diseños paisajísticos basados en jardinería preventiva que reduzcan la propagación de las llamas.
Desde esta entidad insisten en que el proceso de rehabilitación tras un incendio debe verse como una inversión en prevención y protección. “Una casa puede convertirse en un `cortafuegos´ si está bien diseñada, mantenida y equipada. Rehabilitar con criterios de seguridad no solo protege al hogar afectado, sino que contribuye a salvaguardar a todo el entorno”, destacan.
El CGATE también reclama el impulso de una normativa específica para la rehabilitación en la interfaz urbano-forestal, que unifique requisitos de edificación, urbanismo y gestión del entorno natural. “Los incendios ya no son hechos aislados: son un riesgo estructural. La reconstrucción no puede limitarse a devolver las viviendas a su estado previo, sino que debe dar un salto cualitativo en términos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad”, concluye Alfredo Sanz.
Este asesoramiento técnico gratuito complementa las ayudas anunciadas por el Gobierno por daños en la vivienda habitual que van desde un máximo de 5.160 euros (por daños en el interior, pero no en la estructura) a los 15.210 euros (por destrucción total).
